Política
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hace 1 hora
El Gobierno oficializó hoy la separación de sus cargos de dos funcionarios involucrados en una supuesta estafa con asociaciones de consumidores y bancos, que había denunciado el lunes la presidenta Cristina Fernández durante un acto en la Casa Rosada.
Se trata del militante de La Cámpora Juan de Dios Cincunegui, vicepresidente de Aerolíneas Argentinas e interventor desde noviembre en la empresa Intercargo; y Luis Romiti, director nacional de Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente.
El Gobierno aceptó las "renuncias" de ambos mediante su publicación en el Boletín Oficial.
En tanto, según informó hoy el diario La Nación, también fue dado de baja Eduardo Baeza, asesor a sueldo de la senadora nacional Nanci Parrilli, hermana del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.
La jefa de Estado acusó a la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua) de montar una "estafa" en connivencia con un juez y seis bancos, al sostener que perjudicaron por un total cercano a los 367 millones de pesos a más de 1.700.000 clientes que reclamaban indemnizaciones por el cobro indebido de comisiones bancarias. Ayer, La Nación reveló que tres de los abogados que participaron de esa situación están íntimamente ligados al kirchnerismo, que ahora fueron desplazados.
Mediante el decreto 171/2013, se aceptó la dimisión de Juan de Dios Cincunegui como interventor de la empresa Intercargo, director titular de Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas, Jet Paq, Optar y Aerohandling.
La resolución lleva las firmas de la Presidenta y del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
Además, a través del decreto 170/2013, se aceptó la renuncia de Luis Antonio Romiti al cargo de director nacional de Control Ambiental de la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
"Cuando se trata de funcionarios, hay una cola larga de jueces para hacer justicia; cuando se trata de privados o de bancos, no. Hay que repensar la administración de justicia", había reclamado la mandataria el lunes, para luego reiterar sus críticas contra el Poder Judicial, al que pidió "democratizar".
"Además de la figura de enriquecimiento ilícito, está en el Código Civil una figura que se llama enriquecimiento sin causa, un equivalente en el sector privado. Es cuando alguien se enriquece indebidamente porque embromó a otro. Este es el caso, son un 367 millones de pesos que les correspondían a sus clientes", expresó.
