El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la ley (8812) y el decreto (559) que permiten que los aumentos a los 15 mil integrantes del personal policial y penitenciario de la provincia (35% en 2015) se trasladen en su totalidad a los 9 mil policías y guardiacárceles jubilados.
La exigencia de la ley y su publicación es uno de los requisitos excluyentes que solicita la Anses para hacerse cargo del pago a los jubilados del ciento por ciento de los aumentos que se otorgan al personal en actividad.
El trámite repite al de la suba del año pasado, cuando una reestructuración y blanqueo de ítems en los sueldos de policías y penitenciarios activos -más el aumento- prácticamente duplicó sus ingresos y generó compromisos de retroactividad con los retirados que actualmente superan los 500 millones de pesos a cargo de Anses y aún permanecen impagos.
El tema -a una semana de las últimas PASO y en pleno escenario preelectoral- derivó en incidentes y disturbios con Amupol junto al despacho del propio gobernador Pérez, con hechos que -hasta el momento- no han sido esclarecidos.
Aunque Anses aún no ha pagado aún el retroactivo de 2014, la Provincia ya cumplimentó el trámite del nuevo aumento 2015 que -con seguridad- originará a la Anses un nuevo compromiso retroactivo.
La norma publicada ayer establece “la asignación de la clase del cargo de jefe de la Policía en un porcentaje del treinta y cinco por ciento, fijándose como remuneración mensual la suma de pesos nueve mil trescientos veinte con diez centavos ($ 9.320,10)” y porcentajes sobre este monto que van del 66% para subcomisarios al 86,95% para los comisarios generales.