Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
El gobierno de Macri trata todos los días de dilucidar los motivos por los cuales no llegan inversiones en la medida que fueron prometidas y esta demora complica el camino de la recuperación del ritmo de actividad económica.
Es verdad que el mundo está complicado, pero los flujos de capitales siguen dirigiéndose a los países confiables y se entiende por tales a los que puedan exhibir estabilidad institucional, estabilidad económica y seguridad jurídica. Argentina solo puede exhibir la primera pero las otras dos son muy dudosas.
La persistencia de la inflación es un verdadero obstáculo, ya que nadie quiere poner dinero en un país que le va a cobra el impuesto inflacionario y terminará licuando su capital. Pero la inflación es consecuencia del déficit fiscal y eso miran los inversores antes de tomar una decisión que implica decisiones de largo plazo.
En cuanto a la seguridad jurídica, es el punto más flojo de la Argentina y eso no depende del Ejecutivo sino del Poder Judicial. Es la Justicia la única instancia que puede asegurarles a los ciudadanos y a los inversores que existe la instancia que los ampare en el cumplimiento de la Constitución y las leyes.
Tan sensible es el tema que en estos días los operadores financieros están muy atentos a la decisión que vaya a tomar Cristina Fernández de Kirchner respecto de su postulación para las elecciones de octubre próximo. Muchos han tomado posiciones en el mercado de futuros porque suponen que, si decide postularse y participar de la PASO, es probable que se produzca una suba del dólar por compras preventivas de los inversores.
Las decisiones de los políticos también tiene que ver con la seguridad jurídica, más en el caso de la ex presidenta que, según comentarios, tiene un equipo de jueces y fiscales dispuestos a defenderla y, de ser necesario, a vengarla.
Icono de la corrupción
El tema de la empresa constructora brasileña Odebrecht, cuyo presidente está preso en Brasil pero acogido a la ley del arrepentido, es un caso claro de la inoperancia o complicidad de la justicia argentina en casos graves de corrupción.
Después que el presidente de la empresa y varios directivos apresados hayan confesado sus delitos y la lista de funcionarios que recibieron coimas, tanto en Brasil como en EEUU, en Argentina aún no hubo ningún impulso judicial para investigar. En sus declaraciones, los empresarios reconocieron haber pagado coimas por 35 millones de dólares.
A raíz de un impulso político dado por la diputada Elisa Carrió, de pronto el tema tomó vuelo. La empresa se contactó con el gobierno intentando un acuerdo y poniendo condiciones que el gobierno no aceptó porque el Ejecutivo no podía tomar atribuciones del Judicial ya que según nuestras leyes los arrepentido tienen beneficios referidos a la cuantía de la pena por su contribución, pero esto no suspende ni extingue la acción penal correspondiente.
En contrapartida, el ministro de Justicia viajó a EEUU donde le darán las confesiones realizadas por los directivos de la empresa ante la SEC, el organismo que regula a las empresas que cotizan en Bolsa. Este movimiento del ejecutivo pretende neutralizar el posible envío que haría el Procurador General de Brasil a su par argentina, Alejandra Gils Carbó. Se especulaba que la Procuradora “cajoneara” dichas confesiones que, en principio, comprometen a muchos funcionarios de la administración kirchnerista.
De esta manera, el Ejecutivo podría disponer de la información para elevarla a la justicia o al Congreso o a ambas instancias dada la gravedad del tema, y evitar cualquier acción dilatoria de la Procuradora.
Con ese panorama, los directivos de Odebrecht volvieron a sentarse con el gobierno con una actitud más colaborativa. Esta vez, quieren preservar las obras. Prometieron pagar 35 millones de dólares de multa y dar toda la información. Representantes del gobierno aclararon que la acción penal seguiría y que la multa la tomaban a cuenta de otras que pudieran surgir si, de las investigaciones, aparecieran sobreprecios sospechosos en otras obras distintas a las declaradas.
El acuerdo no está terminado pero la empresa sabe que ya no tiene ningún secreto que revelar porque sus confesiones en otros países llegarán en los próximos días a la Argentina y lo único que le queda es asegurar las obras, entregando los ejecutivos involucrados, como ya hicieron antes en Brasil y EEUU.
Impacto positivo
Que se haya puesto en marcha la maquinaria jurídica y política para avanzar en este tema representa para muchos la esperanza que se avance en muchos casos más. Lázaro Báez no es el único que participó en esta maquinaria inventada por el ex presidente Néstor Kirchner.
Más allá del significado político que pueda tener avanzar en estas y otras causas (todavía está pendiente lo de Skanska) esto representa una señal positiva para el mercado. La mayoría de las empresas que podrían invertir en Argentina podrían recibir una señal clara acerca de que el clima de negocios transcurre en la legalidad, una condición que ellos necesitan porque es la forma en que se mueven en sus países de origen.
Hay quienes afirman que el avance del caso Odebrecht puede transformarse en el arma de triunfo del gobierno en las próximas elecciones, toda vez que la reacción de la economía será lenta y no llegará a todos los sectores por igual, pero una batalla frontal contra la corrupción, con un caso tan emblemático, puede servirle al gobierno de Macri para sobrellevar las elecciones de medio tiempo que se avecinan.
Más allá de las especulaciones políticas, los argentinos necesitan saber que viven en un país donde rige el imperio de la ley. Lo necesitan por una reivindicación moral, pero también para sentirse en la seguridad de que su vida cotidiana tiene la previsibilidad que otorga la plena vigencia de las leyes y la Constitución, que es el contrato social por naturaleza para convivir en una República.
