Unas 140 familias que usurparon el viernes pasado terrenos de la antigua bodega Arizu -ubicados en el kilómetro 20 de la Ruta 15 de Perdriel- están más cerca de solucionar su conflicto ya que acordaron propuestas con el dueño del terreno ocupado.
El principio de solución arrancó ayer por la mañana cuando funcionarios de la Municipalidad de Luján se acercaron para conversar sobre las distintas soluciones a la ocupación ilegal. Alrededor de las 10 dos camionetas de la policía se instalaron en el lugar para custodiar y más tarde trasladar a representantes de las familias a la conciliación convocada en la fiscalía N°15 del Palacio de Justicia. En total fueron designados seis delegados del asentamiento para negociar una solución al conflicto.
Más allá del inicio de la negociación, desde el municipio dejaron en claro en todo momento que se trata de un conflicto privado entre partes, las cuales estarían dispuestas a negociar la compra-venta.
Las familias llevan seis días en el lugar y no quieren ser desalojadas. Aseguran que la usurpación es consecuencia de la necesidad y de la imposibilidad de acceder a una vivienda.
Daniel Tagarelli, director de Derechos Humanos de Luján de Cuyo estuvo en el terreno y explicó: "He venido a constatar cómo está la situación de las familias y verificar que se respetan los derechos humanos de estas personas". Además acompañó a los delegados a la reunión para velar por sus derechos.
En la conciliación cada una de las partes expuso su problemática y realidad. Estuvieron presentes los delegados, junto a su abogado, el representante legal de la Municipalidad de Luján de Cuyo, Fernando Peñaloza y el denunciante, que por secreto de sumario no puede revelarse su identidad.
Mercedes Moya, fiscal de la causa que pertenece a la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, explicó que "se trata de una negociación entre partes privadas. Si bien se pide la participación del municipio debido a que estos terrenos pertenecen a su jurisdicción, la negociación es entre ellos".
De acuerdo a lo manifestado por la letrada, hay intenciones de negociar. El denunciante estaría dispuesto a vender los lotes a las personas que ocuparon su terreno.
El próximo lunes deberán reunirse nuevamente y comunicar a la Fiscal la decisión tomada tanto por el denunciante como por las familias del asentamiento.
Los delegados de las personas que se encuentran asentadas en los terrenos de la antigua bodega Arizu manifestaron que estarían dispuestos a pagar por un lote. No obstante, ellos no quieren formar parte de los planes del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) porque alegan que el trámite de la casa propia es muy lento. Por esa razón fue que decidieron tomar estos terrenos.
En la conciliación se acordaron reuniones para determinar la factibilidad de la compra-venta de esas tierras para la futura construcción de un barrio. Decisiones que deberán comunicar el próximo lunes a la Fiscal de la causa.
Quejas vecinal
La policía continúa en el lugar. Alejandro Sandoval, titular de la Comisaría 48 de Agrelo aseguró: "Estamos acá para traerle tranquilidad a los vecinos. La realidad es que el asentamiento es pacífico no se han provocado disturbios ni incidentes". Vale aclarar que la mayoría de los que ocupan el terreno vive en casas de la zona, muchos de ellos en el barrio San Cayetano, en casas de sus padres o hermanos.
Sandoval contó que la gente de la zona no está de acuerdo con el asentamiento y han realizado numerosas denuncias. Sin embargo, la policía no puede actuar a menos que reciban órdenes judiciales. "Por ahora no hemos recibido nada. Pero la verdad es que estas familias están asentadas de forma tranquila y respetuosa".
