Las situaciones se repiten periódicamente y generan preocupación tanto en unos -los ocupantes de terrenos en forma ilegal- como en otros -los propietarios de los predios que sufren las consecuencias- sin que pueda plantearse, al menos en el corto y mediano plazo, una solución al problema.
Lo sucedido días pasados en una finca de El Bermejo, no hace más que repetir lo que había ocurrido con anterioridad en un terreno ubicado en Palmira o lo que se planteó en las cercanías del hotel donde se desarrolló la Cumbre del Mercosur: familias necesitadas que proceden a avanzar sobre terrenos privados y la decisión de las autoridades de desalojarlos para evitar una posible sucesión de situaciones que las haría incontrolables.
El problema es de vieja data. Cabe recordar que las villas inestables comenzaron a surgir a principios de la década de 1960 en el sector nor-oeste de la ciudad.
Desde las distintas gestiones gubernamentales se intentó avanzar en la solución a través de los programas de erradicación de villas inestables implementados por el Instituto Provincial de la Vivienda, pero el inconveniente se presentaba porque las viviendas precarias crecían en una proporción mucho más importante que las que se construían para evitar la propagación. Además, en muchos casos las viviendas precarias que dejaban las familias para residir en las nuevas casas, eran ocupadas por otras personas, quienes procedían entonces a reclamar una casa al IPV.
Los terrenos fiscales son los que sufren con mayor severidad el avance de las familias sin recursos que, al verse impedidos de acceder a una vivienda propia, proceden a construir precarias construcciones.
Si bien ha sido erradicada en gran parte la villa que creció en los terrenos del ferrocarril San Martín, en ciudad, no puede decirse lo mismo con la estación Rodeo de la Cruz o también lo que ocurre en las cercanías del Centro Cultural Julio Le Parc, en la ex estación del ferrocarril Belgrano.
El problema se multiplica cuando esos avances se producen sobre terrenos privados, como sucedió días pasados en El Bermejo, de Guaymallén, donde una finca, propiedad de un particular y que se encontraba cerrada con alambre perimetral, fue ocupada por un grupo de familias. Situaciones similares se plantearon antes en Chacras de Coria o en un terreno de Las Heras.
Hay un hecho real y concreto. Quienes ocupan los terrenos para levantar viviendas precarias, en su gran mayoría lo hacen por necesidad, aunque puede haber algunos aprovechadores que quedan al descubierto al repetirse en las tomas. Pero lo cierto es que existe una importante necesidad de viviendas no cubierta por los planes correspondientes.
El Gobernador anunció que para el año próximo priorizará obras, especialmente de viviendas y caminos pero resulta difícil que, por más inversión que se produzca, pueda llegar a cubrir una mínima parte de lo que se necesita.
Por otra parte, suena interesante el planteo de las autoridades de incentivar a los necesitados a que conformen cooperativas para trabajar en conjunto o la decisión de actuar de inmediato cuando las ocupaciones afectan a terrenos de particulares, porque no se puede aceptar que, por más necesidad que exista, se avance sobre las propiedades o los derechos de los demás.
