Las informaciones de los últimos días hacen alusión a la ocupación ilegal de terrenos por parte de familias necesitadas. Se dio en el Gran Mendoza, donde unas 70 familias se han instalado en lo que en su momento fue el club de fútbol Jorge Newbery y se repitió días más tarde, cuando aproximadamente 140 grupos familiares procedieron a instalarse en lo que era parte de la finca que la firma Arizu tiene en Perdriel, Luján.
Estos hechos son la continuidad de otras situaciones similares, como lo que sucediera con un terreno de un particular ubicado en Las Heras o con un predio en Palmira, donde la gente pretendió instalarse en un lugar destinado para la construcción de un barrio. En los dos casos, la intervención oficial permitió una solución.
El tema de la necesidad de viviendas no es nuevo. Comenzó a profundizarse a principios de la década de los ’60, cuando familias, en su gran mayoría procedentes del interior de la provincia, comenzaron a instalarse en casas precarias detrás del barrio Cano, en lo que es hoy el barrio San Martín.
El crecimiento de ese tipo de construcciones determinó que las autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda comenzaran a establecer diversos planes para enfrentar esa nueva situación. Así entonces, de la construcción de barrios como el Uruguay (en aquel entonces Eva Perón), en la Sexta Sección, se pasaron a priorizar los planes de erradicación de villas inestables, que consistían en viviendas de menor calidad de construcción -siempre cumpliendo las exigencias de zona sísmica- a los efectos de abaratar costos y ampliar la cantidad de unidades habitacionales construidas.
Sin embargo, como el crecimiento de las “villas"”era superior a la entrega de viviendas, el organismo estatal implementó otro sistema, el de ayuda mutua, que consistía en que el Gobierno entregaba terreno, planos y materiales y los propios interesados construían. Gran parte del barrio La Gloria se edificó bajo ese sistema. Aunque también algunos -no la gran mayoría-, una vez recibida la vivienda procedían a venderla para volver a instalarse en una villa e iniciar nuevos reclamos.
Lo cierto es que por más planes que se implementan, el crecimiento de las viviendas precarias supera holgadamente a los planes oficiales para enfrentar el problema. Es así que hoy vemos cómo algunas zonas cercanas al Gran Mendoza han sido ocupadas por familias de escasos recursos, como sucede con la estación ferroviaria ubicada en Rodeo de la Cruz, que todavía se encuentra en un permanente proceso de expansión.
En su discurso del 1° de Mayo, el gobernador de la Provincia anunció que su compromiso de gestión se centrará en mitigar el déficit habitacional y generar la infraestructura necesaria para lograr la integración social y territorial. Dijo que ya lleva 2.750 casas entregadas, 3.546 en ejecución, a las que se deben sumar 2.706 del plan Procrear, anticipando también la construcción de otras 2.800 que harán los trabajadores afectados por Vale.
No se puede dudar del interés, de la buena voluntad y predisposición del mandatario provincial en la materia, pero es indudable que esa cantidad de viviendas no alcanzará a cubrir las reales necesidades existentes. Tampoco se puede poner en duda que las ocupaciones ilegales responden, casi siempre, a reales necesidades por parte de esas familias. Pero lo que no se puede permitir es que esa necesidad se traslade a instalarse en terrenos privados o estatales porque se está lesionando el derecho de propiedad, porque se avanza sobre los derechos de los demás y porque ese tipo de villas inestables, una vez instaladas, resulta prácticamente imposible erradicarlas.
