Restan menos de sesenta días para que el Gobierno entregue el poder y las autoridades electas se encontrarán cuando asuman sin saber realmente cuántos pobres hay en la Argentina.
Es sólo una muestra más de las absolutas contradicciones en que suele caer el Gobierno nacional, que exige a la oposición que exprese a la ciudadanía qué hará en las diferentes áreas, pero no les otorga los números necesarios para elaborar programas ya que no cuentan con datos sobre pobreza, seguridad, salud o educación, porque no existen -o existen pero no los quieren dar a conocer- o están absolutamente distorsionados y no se puede partir sobre bases falsas.
En el caso específico de la pobreza, el ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo a los periodistas que los datos no se conocían y que no eran estudiados para no "estigmatizar" a los pobres, mientras ante un pedido de la Justicia respondió con evasivas, afirmando que no elabora más el indicador por ingresos y que, en cambio, publica diversos insumos que servirán para que cada investigador, economista o legislador, entre otros interesados, construyan sus propios números.
Sin embargo, lo que no dijo Kicillof a unos ni a otros fue que el Indec realizó las mediciones correspondientes, pero que decidió ocultarlos al tener datos negativos. No existieron entonces "problemas de empalme", ni multiplicidad de metodologías, ni tampoco estigmatizaciones sociales sino que lo que realmente pasó fue que hubo una orden de esconder el estudio.
Cabe consignar también que la Justicia solicitó los datos en base a un pedido formulado por la diputada nacional Victoria Donda y que la respuesta pública de Kicillof provocó un escándalo, al afirmar que "si Donda quiere salir en los diarios, que se ponga plumas". Una provocación.
El último índice elaborado por el Indec se realizó el primer trimestre de 2013 y estimaba que en la Argentina había 3,7% de hogares y 4,7% de personas pobres, mientras la Universidad Católica Argentina estimó que en 2014 el 40,2% de los hogares urbanos (4,5 millones de personas) era pobre o vulnerable en ingresos o derechos sociales, cifras que fueron severamente cuestionadas desde el oficialismo pero sin datos valederos.
Una reciente publicación del matutino La Nación permitió establecer que en realidad el Indec destinó a un grupo de especialistas para que realizaran un estudio sobre la pobreza, pero los números marcaban una tendencia tan negativa que el Ministerio decidió ocultar esos resultados.
El índice podía describir las condiciones de vida de los argentinos de acuerdo con la cantidad de privaciones y estratificar la pobreza según los tipos de hogares. Pese a la gravedad del caso, Mendoza no quedaba tan mal parada en el estudio general. Con el 18,9% de pobreza, se encontraba por debajo del índice promedio nacional, que alcanza al 25,8%. Muy lejos del 3,3% de la Capital Federal, del 4,7% de Tierra del Fuego y del 6,4% de Santa Cruz.
Pero está mejor que las demás provincias de la región, ya que La Rioja alcanza a un 36,8%; San Juan un 36,1%, San Luis con el 28,6% y Río Negro con el 25,3%. Los datos son alarmantes para provincias como Formosa, con un 50,5% de pobres; Misiones, con el 43,5%; Chaco, con el 48,9%; Corrientes, con el 44,5% y Santiago del Estero, con el 42,9%, por señalar sólo algunas de las cifras.
Los datos son concluyentes y se acercan mucho más a la investigación que realizó la Universidad Católica Argentina que a las cifras que se dieron oficialmente en 2013.
Tal como lo señalamos arriba, el Gobierno no va a cambiar y se mantendrá en su postura de ocultamiento, por lo que es de esperar que las autoridades que asuman el 10 de diciembre se aboquen a un estudio inmediato sobre todos los temas que el Gobierno evade para saber realmente dónde los argentinos estamos parados.
