Luego de una auditoría que está llevando a cabo la Nación, el gobierno de Alberto Fernández hizo saber que un gran número de rutas nacionales “están notablemente deterioradas” y que la mayoría que están en proceso de construcción se encuentran “paralizadas”.
Para Mendoza esta situación es particularmente inquietante si locamente se frenaran trabajos, porque hay diversos caminos de origen federal en ejecución. Cualquier postergación o demora en los mismos podría causar postergaciones en el desarrollo vial local, imprescindible en el contexto de crecimiento que pretende la administración provincial y sus instituciones productivas, de gestión y de la sociedad civil.
Aunque en fuentes de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) expresaron que las ejecuciones en marcha, que comenzaron antes del recambio de mando en el país, “siguen su curso normal de construcción”, habrá que estar atentos a cualquier alteración en los cronogramas de realización.
Sabido es que en Mendoza la construcción de vías de comunicación tiene, en ocasiones, demoras injustificables, como ocurrió con la doble vía a la ciudad de Tunuyán cuya materialización demoró casi una década, y nadie sabe cuándo continuará el largo tramo que media hasta San Rafael.
Si bien Mendoza no ha caído en el problema del mantenimiento de las rutas (al menos por ahora) ya que la auditoría sigue su curso, en el tema de construcción de nuevas trazas, o los procesos de repavimentaciones u otros trabajos en caminos nacionales, la suerte ha sido distinta según cada caso. La última ruta nacional inaugurada en la provincia son 140 kilómetros de la Ruta 40, entre las localidades de Pareditas y El Sosneado, en julio de 2019.
Poco para tantas necesidades en materia de comunicaciones terrestres en un territorio tan amplio como variado en su geografía.
Por ejemplo, la doble vía a San Juan sigue paralizada por falta de recursos, y destrabar esta obra es uno de los objetivos de la gestión de Rodolfo Suárez.
Los sanjuaninos tienen muy avanzada la parte que les corresponde en este camino, pero recientemente se presentaron dificultades al presentarse en concurso de acreedores la constructora mendocina Green SA y, por esa situación, hay temor por la continuidad de los trabajos.
Pero en la jurisdicción de Mendoza y respecto de esta vía de comunicación está todo por hacerse, aunque las obras fueron adjudicadas en marzo de 2018.
Asimismo hay que recordar que este emprendimiento fue anunciado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, apenas inició su gestión.
El tránsito intenso de todo tipo de vehículos (de carga, transporte de pasajeros, particular) entre las dos provincias amerita y hace más que justificable la realización de esta autopista. Se la requiere desde hace muchos años, por lo menos veinte. De haberse contado con una carretera adecuada a los tiempos que corren, se hubieran salvado muchas vidas, entre tantas las que se perdieron el 21 de setiembre pasado cuando fallecieron, en una colisión en Jocolí, cinco personas jóvenes, que viajaban de San Juan a nuestra capital.
Pero, además, esta postergada autopista fortalecería la actividad productiva y comercial de la región de Cuyo, siendo fundamental para el crecimiento de la principal zona productora de vinos de Sudamérica. Todo eso sin contar que el esperado corredor, cuando sea ampliado y mejorado, dinamizará la actividad vitivinícola, beneficiará a la agricultura, la ganadería y al turismo de la región.
Para colmo, en suelo sanjuanino todavía falta licitar un tramo de 62 kilómetros, desde Tres Esquinas hasta Jocolí.
Por ahora poco puede indagarse para saber en qué estado está el proyecto porque los niveles pertinentes de decisión están en plena etapa de renovación de las autoridades viales.
Lo que sí ha hecho Mendoza es concretar el proceso de relocalización de más de 100 familias que residían en forma precaria a la vera de la traza, sobre todo en el segmento que media entre el aeropuerto Francisco J. Gabrielli hasta la ruta provincial 34, de ingreso a Lavalle.
Por otro lado, en nuestra provincia hay muchas expectativas en la ejecución lineal y sin retrasos de mejoras en el Corredor Bioceánico (ruta nacional 7). Es un proyecto muy necesario y estratégico, que contempla una inversión de U$S 750 millones, sobre todo en la parte de alta montaña donde hay varios procesos licitatorios abiertos pero sin avances significativos, en atención tal vez a las recientes fiestas de fin de año y al período de licencia que generalmente se concede en esta época a los empleados y operarios viales.
Lo último que se encaró fue la apertura de ofertas, en noviembre, para la primera etapa de obras de refuncionalización del Paso Cristo Redentor, que comprende la ampliación del túnel Caracoles, que se pagará en mitades entre Argentina y Chile. En la obra, que costará unos U$S 300 millones (lado argentino), se presentaron 14 empresas.
En el resto de la alta montaña se incluyen nueve obras, que se dividen entre tramos de traza ruta segura y trabajos de protección contra caída de rocas y obras aluvionales. De más está decir que en este proyecto hay una cuota muy elevada de seguridad vial, cuya ausencia actual fue gravitante para la ocurrencia de fatales siniestros con ómnibus de transporte internacional de pasajeros.
Por último, no hay que perder de vista la variante Desaguadero, en el Este mendocino, que fue adjudicada pero que todavía no empieza.
