El crecimiento del parque automotor en la provincia ha sido exponencial en los últimos años, mientras la infraestructura vial no ha estado acorde con las necesidades que plantea ese nuevo escenario. Si nos atenemos a los hechos, la situación es preocupante y de difícil solución.
Por cuestiones presupuestarias, la Dirección Provincial de Vialidad no cuenta con los recursos suficientes para encarar obras de envergadura, y en lo que respecta a las que debe realizar Vialidad nacional -entre las que figuran los accesos Este y Sur (rutas 7 y 40 respectivamente)- los fondos deben surgir de decisiones que se toman en la Capital Federal y es sabido que allí suelen priorizarse aquellas que benefician a ese distrito y al conurbano bonaerense.
Día tras día los mendocinos vivimos los serios inconvenientes que se plantean con el tránsito en dos de los tres principales accesos con que cuenta la provincia (el restante es el Norte).
La zona urbana del Gran Mendoza ha crecido hacia el Este y el Sur, y en los dos casos los ingresos y egresos de los grandes conglomerados están concatenados con las rutas nacionales.
Así entonces, esos accesos resultan insuficientes para receptar a la cantidad de vehículos que circulan. De acuerdo con lo señalado por las propias autoridades, son 65 mil los vehículos que recorren diariamente sólo el acceso Sur con un hecho no menos inquietante: las dos rutas principales confluyen en un embudo constituido por el nudo vial Costanera.
Otro aspecto a considerar radica en el hecho de que, por no contar con vías de alternativa, todo el tránsito pesado que se mueve en torno del corredor bioceánico lo hace a través de esos dos accesos.
Días pasados, el Gobernador de la Provincia, Francisco Pérez y el titular del Fondo Fiduciario Federal, José Stabilo, firmaron un convenio en el que se fijan las condiciones para iniciar los trámites administrativos para el financiamiento de la obra de construcción de una tercera trocha en el Acceso Sur, la que cuenta con un presupuesto de 250 millones de pesos para una primera etapa.
Según se indicó, los trabajos incluirán la ampliación de las calzadas, el ensanche de los puentes existentes y la adecuación de los cruces, de acuerdo con los crecientes caudales de tránsito. Se extenderá desde el empalme de la rotonda de la Virgen, en Guaymallén, hasta la calle Azcuénaga, en Luján de Cuyo, incorporando tecnología de última generación en materia de seguridad vial y demandará la adecuación de las distintas intersecciones.
De acuerdo con el informe oficial ya se realizó la publicación de la primera etapa y el plazo de ejecución de las obras será de 24 meses. Es de esperar que esos plazos se cumplan y que las autoridades provinciales insistan para la rápida concreción con la celeridad y seriedad que el caso exige.
Los antecedentes no son para nada optimistas si nos atenemos a lo que sucedió con la terminación de las obras de doble vía entre Mendoza y Desaguadero o lo que está aún sucediendo, luego de más de una década, con la ampliación de la ruta 40 entre Luján y Tunuyán en situaciones que han involucrado a distintas gestiones gubernamentales, tanto en el orden nacional como provincial.
Paralelamente la provincia deberá seguir trabajando en el estudio y concreción de obras que permitan aliviar el tránsito en esas dos rutas principales, como los anillos de circunvalación que tantas veces se han anunciado pero que nunca se implementaron.
