Mientras el gobierno de Francisco Pérez mira con atención la tensa situación desatada en Santa Cruz con el autoacuartelamiento de la policía provincial santacruceña en demanda de mejoras salariales (ver aparte), en Mendoza se conoció una medida polémica que afecta -en principio- a los agentes penitenciarios locales.
Es que con la resolución 407, fechada el 14 de octubre pasado, y firmada por el ministro de Trabajo, Rodolfo Lafalla, el Gobierno obligó a todo el personal penitenciario a cumplir de modo “efectivo” con la “recarga horaria” que ahora esos agentes cobran en blanco en sus bonos, a través del “adicional por recargo de servicio”.
La medida está basada en el artículo 9 del decreto 782 del 9 de mayo de este año, que fue ratificado por la ley 8.704, la cual da cuenta efectiva del incremento salarial que recibieron estos trabajadores (al igual que los policías) en el quinto mes del año, del 30,5% pero que además incorporó nuevos ítems contemplando aquellos viejos “cupos de servicio” u horas extra que hasta esa fecha hacían los agentes y eran cobrados en negro, transformándolos en remunerativos.
La resolución ha comenzado a generar polémica, ya que ha sido cuestionada por algunos empleados que figuran en la categoría de “penitenciarios” por considerar que trabajar todas esas horas adicionales de forma obligatoria, implica en la realidad “una reducción salarial”.
Desde el Ejecutivo dicen que la resolución se emitió “a fin de evitar todo tipo de discrecionalidad”, tanto en las unidades y complejos penales como en “cualquier otro ámbito laboral en que cumpla funciones el personal penitenciario”, dando a entender así que existe cierto uso abusivo de esas horas extra que, según se supo, “se cobran pero no se trabajan”.
Adiós a los "cupos"
Hay que recordar que en diciembre de 2013 (bajo protestas y marchas), y previo a cualquier paritaria, tanto policías como penitenciarios recibieron un incremento que elevó el sueldo inicial a $ 8.500.Pero buena parte de la mejora salarial también estaba dada por los cupos de recargo que agentes y oficiales cobraban por los servicios extra horarios.
Esos cupos habían sido implementados -en negro- con la reforma de 1999 y su uso se fue perfeccionando y creciendo con el tiempo, al punto tal que este año permitían añadir al sueldo del policía o el penitenciario, unos $ 2.080, ya que cada uno constaba de 4 horas, tenía un valor de unos $ 104 y se podían cumplir 20 cupos mensuales.
Pero si bien esos cupos eran opcionales para policías y penitenciarios, y no pocas veces se hacía un uso “discrecional”, con el incremento salarial confirmado en mayo el Gobierno también decidió blanquear el uso y el cobro de esos cupos, pero también hacer que esas horas se cumplieran de forma obligatoria.
Así, con el decreto 782, en el caso de los penitenciarios, se estableció que el escalafón “cuerpo de seguridad”, está obligado a cumplir 60 horas adicionales por mes, mientras que el “cuerpo profesional y administrativo”, ése que no trabaja en las cárceles, debe completar 48 horas más mensualmente, y siempre “debidamente registrado mediante el sistema biométrico y/o informático de personal”.
Enojo de "los de afuera"
Tanto desde el Gobierno como de las distintas dependencias aseguran que quienes trabajan en los complejos penales "cumplen siempre" con la recarga, pero existen dudas sobre el cumplimiento en aquellas dependencias externas a las cárceles.
De hecho, no son pocos los “penitenciarios” que trabajan en anexos del servicio penal o en el propio Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, muchas veces con tareas muy alejadas de lo estrictamente penitenciario. “Llama la atención que justo en esta época se emita una resolución así. Debe estar dirigida a los de afuera que no cumplen”, indicó una fuente.
“No se puede creer que alguien se queje porque le pagan en blanco por su trabajo. Da para pensar que hay gente que no está cumpliendo las horas”, destacó una alta fuente ministerial.
“Teniendo que trabajar esas horas de más, nos bajaron el sueldo”, dijo alguien que no se desempeña en un penal. Aunque su cuestionamiento fue más allá. “Si tuviéramos un gremio fuerte o la posibilidad de reclamar, esto no pasaría”, dijo, y añadió: “A este Gobierno le encantaría que todos fueran penitenciarios".
Reconocimiento de incorporaciones
Más allá de la controversia en torno a la recarga horaria, una situación que hasta ahora había sido negada, comienza a vislumbrarse y es la de que existe personal que trabaja en el Gobierno bajo la figura de “penitenciario” pero con tareas diferentes. “El cuerpo central del ministerio funciona básicamente con penitenciarios” denunció una fuente.
De hecho, la UCR ha cuestionado que en los sucesivos gobiernos de Celso Jaque y Francisco Pérez hubo “cerca de 26 mil incorporaciones”. Así, el diputado Martín Kerchner dice que algunas figuras utilizadas para incorporar personal son “las de los celadores y las de los penitenciarios”.
Los rumores hablan de que bajo esta figura “se ha incorporado a distintos profesionales” entre los que se incluyen “hasta periodistas” que realizan parte de la tarea comunicacional del Gobierno.
Incluso un funcionario reconoció en estricto “off the record” que hay “un periodista” con esa figura.
En esa línea, una fuente “penitenciaria” resaltó que “hay gente en el ministerio que está muy enojada, porque con esta resolución se afecta incluso a algunos auxiliares directos de los funcionarios”.
