“Se advierten 209 nombramientos y jerarquizaciones de personal que se han tramitado sin expediente y se han producido en el lapso de vigencia de la prohibición establecida por ley”, indica el último informe de la Fiscalía de Estado sobre lo sucedido en la comuna de Guaymallén durante el interinato de Luis Lobos.
Se refiere a los seis meses previos a la elección y los cinco posteriores de la transición entre Lobos y el jefe comunal electo, Marcelino Iglesias.
No obstante también destaca que “no se detalla si los ingresos responden a actas paritarias o no, como lo requiere el oficio de Fiscalía de Estado. Corresponde remitir un nuevo oficio”.
Es que el fiscal Fernando Simón considera 'regular' todo nombramiento si ha sido debidamente acordado en paritarias, aún en periodo de veda de incorporaciones.
“Se declaran gastos sin imputar con expediente por un total de 182 millones de pesos y no se acredita si se tratan necesariamente de gastos urgentes”, agrega el texto.
“En virtud de las posibles irregularidades detectadas en relación a ingreso de personal o gastos sin imputar, se debe dar vista al Tribunal de Cuentas de la Provincia”, indica el documento
El informe de la Fiscalía de Estado sobre la denuncia de la Auditoría General de la Nación no ha alcanzado aún su redacción final en el análisis de los casos particulares, es decir en la investigación área por área del sector público.
Su propio texto destaca que “se han remitido veinte oficios, de los cuales dieciocho contenían pedidos de informes sobre personal y gastos”. Y “al menos quince organismos solicitaron prórroga para contestar los oficios remitidos”. Además, “cuatro pidieron una segunda prórroga”. Y “sólo se reiteró el oficio a la Municipalidad de Las Heras ya que no había contestado la solicitud original”.
Tal como destacó Los Andes en la edición de ayer Simón ya envió a la Justicia la retención provincial de 480 millones de pesos provenientes de la Nación con destino a las comunas y la falta de registración formal de decisiones de gasto provincial.
Ambas se produjeron durante la última parte del gobierno de Francisco Pérez.
Pero aún mantiene conclusiones finales abiertas y en marcha sobre áreas del Estado, de las que espera mayores informes (ver aparte).
Sin embargo, la Fiscalía ya detectó gastos sin imputar y sin expediente por 35 millones de pesos en la Penitenciaría Provincial y ordenó la instrucción de sumarios.
En la OSEP confirmó gastos sin imputación previa (con o sin expediente) por más de 600 millones de pesos.
Y en el IPV, gastos sin imputar con expediente administrativo iniciado por 5,7 millones. También certificados de obra sin registrar por 92 millones correspondientes a la deuda del Estado Nacional y por 277 millones por la deuda del Estado Provincial.
“No se acredita si se trata -necesariamente- de gastos urgentes por lo que se resuelve dar vista Tribunal de Cuentas de la Provincia”, destaca el informe.
Por otro lado, la Fiscalía de Estado no ha encontrado hasta el momento irregularidades ni en el Ministerio de Salud ni en la Dirección General de Escuelas sobre incorporaciones de empleados (todas por paritarias) o gastos no formalizados. Se trata de las dos áreas de mayor personal público.
Iscamen, Casino, OSEP e IPV, entre los investigados
La Fiscalía de Estado investiga en el Instituto de Juegos y Casino la realización de obras en el Hipódromo “sin expediente ni procedimiento previo” y 31 nombramientos respecto de los cuales deberá aclararse su situación de ingreso y si tiene relación o no con negociaciones paritarias.
También destaca que en el instituto se encuentra en investigación una denuncia por irregularidades en la licitación de sistema on line de control de tragamonedas, a cargo de una comisión creada en el propio ámbito del Casino.
En tanto en el Iscamen la Fiscalía ha puesto la lupa en gastos sin imputación por 74 millones de pesos destinados al pago de personal de la Fundación Coprosamen.
Si bien aclara que las conclusiones finales de su informe dependen de la próxima recepción de las respuestas a los oficios enviados a diferentes áreas del Estado, el documento detalla varias verificaciones y confirmaciones.
Detalla la existencia de: 31 nombramientos en la Municipalidad de Malargüe. tres en el actual Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, 56 en el Instituto Provincial de la Vivienda, 27 en la OSEP sin acuerdos paritarios y 39 más en los que no está claro el régimen de ingreso al que quedaron sometidos bajo la denominación “Altas Residencias”.
