Los obispos chilenos hicieron acto de contrición ayer por haber "fallado" a las víctimas de abusos sexuales y anunciaron varias medidas para "solucionar el grave problema" de la Iglesia Católica en el país trasandino. Una de esas medidas es hacer pública toda la investigación por abusos sexuales a menores, con los nombres de los involucrados, caso por caso.
Reunidos durante cinco días en asamblea extraordinaria en una casa de ejercicios espirituales frente al Pacífico, los obispos pidieron "perdón en primer lugar a las víctimas y sobrevivientes".
"Hemos fallado a nuestro deber de pastores, al no escuchar, creer, atender o acompañar a las víctimas de graves pecados e injusticias cometidas por sacerdotes y religiosos", dijeron en una declaración.
Asimismo anunciaron una serie de medidas para "dar una respuesta y empezar al menos a solucionar el grave problema que tenemos en la Iglesia", dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, Santiago Silva, antes de precisar que habrá otras de "mediano y largo plazo".
Entre las medidas figura la "absoluta disposición para colaborar con la fiscalía", encargada de las investigaciones en vistas a un proceso penal de los culpables, según monseñor Silva.
Desprestigiada por el goteo de denuncias de abusos sexuales perpetrados por el clero, los obispos decidieron que a partir de ahora darán a conocer públicamente las investigaciones previas sobre presuntos abusos sexuales de menores de edad.
Los obispos se comprometieron a encontrarse "personalmente" con las víctimas, así como a hacer "autocrítica" con el sistema que "permitió la perpetuación del abuso en la iglesia para que estos hechos no se vuelvan a repetir".
Y es que, algunos, como el cardenal y arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, están imputados por presuntamente encubrir a religiosos acusados de pederastia. El próximo 21 de agosto Ezzati está citado a declarar en la fiscalía de Rancagua.
El viaje del Papa a Chile el pasado enero supuso también un antes y un después en la actitud de la Iglesia chilena y de la propia justicia civil con estos delitos.
Ante la negativa de los responsables eclesiásticos a entregar información sobre las denuncias a la justicia civil -acogiéndose al derecho canónico-, la fiscalía chilena pidió esta semana al Vaticano los expedientes de 9 religiosos investigados por abusos sexuales.
Hasta el momento, 73 personas son investigadas en las 38 indagaciones en curso que afectan a 104 víctimas, la mayoría de ellas menores de edad en el momento de cometerse los hechos.
Catorce sacerdotes han sido suspendidos por la Iglesia.
Uno de los últimos en entrar en la cárcel mientras se llevan a cabo las investigaciones es el sacerdote Oscar Muñoz, mano derecha de Ezzati en el arzobispado de Santiago, el máximo representante de la Iglesia chilena.
Asimismo, la justicia investiga también a los encubridores y obstaculizadores de las indagaciones judiciales.
Destrucción de pruebas
A principio de semana, uno de los fiscales que investiga las denuncias, Emiliano Arias, confirmó que había habido destrucción de pruebas por parte de religiosos.
Los obispos chilenos presentaron en mayo su dimisión en bloque al Papa Francisco cuando fueron convocados al Vaticano. El Pontífice sólo ha aceptado por el momento la renuncia de cinco, cuatro de ellos por encubrimiento.
Y cada vez son más fuertes las voces para que acepte la renuncia el cardenal Ezzati, que junto a Francisco Javier Errázuriz, cardenal y arzobispo emérito de Santiago, son señalados por las víctimas de abusos como los principales culpables de la política de silencio que ha reinado en la Iglesia chilena.
