El presidente Barack Obama implementó sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano, denunciando la situación en Venezuela como una "amenaza a la seguridad nacional" de Estados Unidos, en un nuevo choque entre ambos países.
El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro tildó el decreto como el "paso más agresivo, injusto y nefasto que se haya dado contra Venezuela" y llamó "a consulta" a su principal representante en Washington, el encargado de negocios Maximilien Arveláiz.
Obama prohibió la entrada a Estados Unidos y decretó el congelamiento de bienes y cuentas bancarias de siete funcionarios y exfuncionarios de instancias policiales, militares y judiciales, incluyendo el jefe de inteligencia Gustavo González.
Pero las acciones no tendrán ningún "efecto directo" sobre el sector petrolero de Venezuela, país con las mayores reservas petrolíferas del mundo, dijo un alto funcionario estadounidense, bajo anonimato.
La lista, que también incluye a Katherine Haringhton, una fiscal que ha acusado a dirigentes opositores, y el director de la Policía Nacional, Manuel Pérez, son solo una "primera porción" de los funcionarios que se verán afectados por el decreto, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki.
"Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno de Venezuela de intensificar la intimidación contra sus opositores", señaló la Casa Blanca.
Con estas acciones, Obama está implementando las sanciones aprobadas por el Congreso estadounidense el año pasado y que el propio mandatario, aunque reticente a una confrontación diplomática con Caracas, sancionó en diciembre.
Pero esas dudas parecen haber quedado atrás con el tono agresivo de Obama en el decreto de este lunes, en el que el presidente calificó la situación venezolana como "una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política externa de Estados Unidos" y declaró "una emergencia nacional" para enfrentarla.
Desde el punto de vista legal "a Obama no le quedaba más remedio que hacer uso de este lenguaje", señaló Javier Corrales, profesor de Amherst College, en referencia a las disposiciones de la legislación firmada por el mandatario.
Pero es una declaración "riesgosa" que ayuda al gobierno venezolano a repetir sus acusaciones de que la crisis económica que enfrenta -escasez crónica y la mayor inflación de América Latina- es "producto del imperialismo" estadounidense, dijo Corrales
Cuba y Unasur
"Lo nuevo es el lenguaje, no en realidad las sanciones", dijo Erick Langer, del Center for Latin American Studies de Georgetown.
Para Corrales "lo que ha pasado es que la presión del Congreso aumentó, la crisis en Venezuela empeoró, y Unasur demostró ser inefectiva".
Un año después de impulsar unas infructuosas conversaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición, el organismo regional declaró reabierto el diálogo el sábado tras una visita a Caracas, frente a las dudas de la alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Los funcionarios sancionados son señalados de haber participado en la represión contra manifestaciones antigubernamentales que dejaron 43 muertos en 2014 en Venezuela, así como en actos de corrupción, ataques a la libertad de expresión y "la persecución de oponentes políticos", dijo la Casa Blanca.
Las organizaciones de venezolanos en Miami (sureste) saludaron el anuncio, pero pidieron a Washington ampliar la lista para incluir a otros miembros del gobierno de Maduro.
Por su parte, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, calificó de "bastante dura" la declaración de Obama, mientras que el presidente de Bolivia, Evo Morales, estimó que detrás de la declaración de Obama se esconde la amenaza de una invasión a ese país sudamericano.
Su par ecuatoriano, Rafael Correa, tildó de "broma de mal gusto" el decreto de Estados Unidos contra Venezuela.
La Unión Europea no se une a las sanciones
La Unión Europea "no está considerando" imponer "medidas restrictivas" contra el gobierno de Venezuela, indicó este martes una portavoz de la Comisión.
"Seguimos la situación en Venezuela muy de cerca (...) no estamos considerando medidas restrictivas", dijo Maja Kocijancic, portavoz del servicio diplomático comunitario.
"Venezuela enfrenta desafíos políticos y una seria situación económica, social y de seguridad, esto debe atenderse en particular", agregó.
En relación a la situación de las últimas semanas "ya reaccionamos con preocupación y transmitimos nuestra inquietud por el abuso y la multiplicación de los incidentes violentos en el país".
A fines de febrero la UE consideró la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, como una "señal de alarma", así como los informes de "supuestas intimidaciones y maltrato de otros líderes de la oposición encarcelados".