La Justicia argentina intenta salir del letargo que le impusieron años de poder político hegemónico. Durante la década pasada, el kirchnerismo no sólo buscó silenciar a los jueces; también generó divisiones basadas en la inserción de la militancia partidaria e ideológica en el propio seno de su estructura.
El kirchnerismo inició su accionar público en 2003 bajo las mejores perspectivas jurídicas al cambiar la cuestionada Corte menemista por una mucho más creíble. Sin embargo, al poco tiempo, comenzó a contradecirse ocupándose de que muchos magistrados judiciales fueran directamente operadores de la política partidaria en la Justicia, lo que generó mayor escepticismo de la sociedad en este poder de la República.
Sin embargo, también existieron jueces y fiscales independientes que debieron soportar la más despiadada persecución política de los últimos tiempos y recién ahora, con el recambio institucional que arrojó el voto ciudadano el año pasado, el Poder Judicial parece poder reiniciar la función que le encomienda la Constitución: impartir justicia a partir de la lejanía institucional indispensable de los dos restantes poderes del Estado.
Este renacer del accionar judicial lleva a la actual agilización de causas vinculadas con hechos de corrupción que se gestaron y practicaron durante muchos años y que tuvieron su mayor fuerza durante los doce de predominio político del kirchnerismo.
En ese marco, recientemente el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, hizo público su pensamiento y su sugerencia hacia el resto de los magistrados del país: hay que luchar sin temor contra los hechos de corrupción.
El alto magistrado sostuvo ante los periodistas que "debe imponerse una política de Estado para terminar con la impunidad". Parafraseó al recordado fiscal Julio Strassera en el cierre de su histórico alegato contra los integrantes de las juntas militares, al decir que la corrupción en la Argentina también requiere un Nunca Más.
"Si el dinero público va a otro lado, indigna. Terminar con la impunidad tiene que ser una política de Estado. Debemos dar la tranquilidad todos de que esto no es un proceso político ni que (ese hecho político) dependa de lo que diga fulano o mengano. Es un proceso judicial", sentenció el juez que preside el Máximo Tribunal del país.
Remarcó en tono crítico: "Estamos demasiado acostumbrados a los personalismos del momento. Hay que trabajar dentro de las instituciones".
El magistrado no dudó en señalar que son varios los países en los cuales la corrupción es un tema de política de Estado."Cuando la gente observa esto se le piden sacrificios y entonces reclama que todos hagamos lo mismo", sostuvo Lorenzetti.
Esta última precisión del presidente de la Corte también debe servir de fuerte advertencia a las actuales autoridades nacionales, a los dirigentes que acompañan al presidente Macri. La ciudadanía muy probablemente acompañe con su esfuerzo y predisposición toda decisión que signifique un sinceramiento de políticas con repercusión en la economía cotidiana si hay total transparencia y honradez en la gestión. La mayoría de los argentinos quiere un antes y un después en materia de corrupción.
