Ni las alarmantes señales de la economía, ni las complicidades kirchneristas con el criminal colapso del ferrocarril, ni los estragos de la inseguridad, ni el papelón de la fragata insignia del país amarrada por la fuerza en un puerto africano. Nada. Todo eso ha desaparecido del radar del kirchnerismo.
En un intento desesperado por borrar las últimas voces críticas que quedan, el gobierno ejecutó en los últimos días la presión pública y privada más importante que se haya hecho contra la Justicia en tiempos democráticos. La balacera comprendió a todos los estamentos judiciales: la Corte Suprema, las cámaras, los jueces y hasta los fiscales.
En ese sentido, el kirchnerismo fue una orquesta que no desafinó. Ministros nacionales, legisladores oficialistas y hasta funcionarios judiciales propios tocaron la misma melodía. La Presidenta ha marcado una frontera crucial en su vida política: el 10 de diciembre, día en el que, según ella, comenzará la liquidación del Grupo Clarín.
Sólo la Justicia podría arruinarle esa fiesta. Van por la Justicia. Un festival de apelaciones y recusaciones judiciales sucederá en los escasos 40 días que quedan hasta esa fecha de vida o muerte. Jueces y camaristas podrían ser apartados por unos u otros protagonistas.
El menemismo influía en la Justicia -qué duda cabe-, pero lo hacía detrás del teatro de la política, no en un escenario casi obsceno. El cristinismo ha llegado en los últimos días hasta el extremo de romper el contrato constitucional.
El artículo 109 de la Constitución es demasiado claro cuando señala que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales o arrogarse el conocimiento de causas judiciales”. El Gobierno no sólo demostró saber qué sucede dentro de una causa judicial en trámite, sino también qué podría suceder según los jueces a cargo del expediente.
Cristina Kirchner sabe que esta Corte Suprema detesta el per saltum, que es la vía que le permitiría al máximo tribunal tomar causas que se litigan en tribunales inferiores. Sin embargo, ha decidido imponerlo por ley, aunque, en rigor, siempre será la propia Corte la que podrá decidir si acepta o no un caso. El objetivo es la presión sobre los máximos jueces. Ellos deben ser conscientes de que la Presidenta no soportaría una decepción.
Ahora lo saben. La teoría del per saltum es violatoria del Pacto de San José de Costa Rica, incorporado en 1994 a la Constitución. Ese acuerdo americano garantiza la doble instancia de los juicios; el per saltum dejaría algunas causas, en cambio, en manos de un solo tribunal, la Corte Suprema. Si hay algo que los actuales jueces de la Corte no quieren es parecerse a la Corte de Menem. La Corte menemista recurrió dos veces al per saltum. Las dos veces se inmoló.
La escalada sucedió justo en los mismos días en que el tribunal reeligió a Ricardo Lorenzetti como su presidente. El único que no lo votó fue el juez Enrique Petracchi, porque se manifestó contrario a todas las reelecciones. No obstante, el propio Petracchi aceptó que ni él ni ningún otro juez de la Corte aspiraban a la presidencia del cuerpo.
La reelección del presidente de la Corte no está impedida por ninguna ley o reglamento. No puede compararse esa reelección con la reelección presidencial, como han deslizado voceros oficialistas.
El presidente de la Corte tiene el poder de un solo voto, como el resto de los jueces, y carece de facultad para desempatar. Su papel es, sobre todo, de representación política de la Corte y de algunas, limitadas, responsabilidades administrativas. ¿Qué tienen que ver esas acotadas funciones con el enorme poder del titular del Poder Ejecutivo? Nada.
Ocho camaristas del fuero Federal Civil y Comercial fueron convocados por la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura por decisión de la mayoría kirchnerista. Deben declarar, como partícipes o como testigos, sobre el modo de elegir a jueces interinos. El kirchnerismo estaba en desacuerdo con el método de esa cámara que elegía a jueces de manera rotativa en juzgados vacantes, que duraban sólo una semana.
Así había llegado Raúl Tettamanti al decisivo juzgado del caso Clarín. Dicen fuentes judiciales confiables que Tettamanti se proponía resolver sobre el fondo de la cuestión (la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de medios) cuando una fuerte presión del kirchnerismo lo echó del cargo.
Intentó hacer lo mismo con el siguiente juez, Roberto Torti, pero la Cámara cambió el método. Sucedió luego de que sus miembros fueran citados por el Consejo de la Magistratura y de que la Corte manifestara su preocupación por la vacancia del juzgado. No importó: el hiperkirchnerista Marcelo Fuentes, que ejercita la presión con frases pornográficas, continuó con el empellón a la Corte.
El juzgado recayó interinamente en un juez en actividad, Horacio Alfonso, que ya sentenció a favor de la constitucionalidad de la Ley de Medios. Hay otro problema, a pesar de todo: el kirchnerismo no confía en la Cámara de segunda instancia, que podría revisar las decisiones de Alfonso.
Por eso también impulsó el proyecto de ley para aplicar la figura del per saltum. Quiere saltar, en verdad, por encima de la Cámara para terminar directamente en la Corte Suprema.
Ni la designación de un juez cercano moderó la insoportable presión sobre el Consejo de la Magistratura. La coacción incluyó una denuncia penal contra los cinco miembros de la minoría que traban la designación definitiva de una magistrada kirchnerista en el caso Clarín.
La denuncia fue presentada por la flamante jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, luego de un pedido formal del gobierno. Nunca un jefe de los fiscales hizo directamente ninguna denuncia. Por lo general, sus antecesores derivaron esos pedidos a un fiscal. Gils Carbó llegó a su nuevo cargo con una fe inquebrantable en el misterio del kirchnerismo.
Sea como fuere, la suerte de los miembros de la minoría del Consejo de la Magistratura está ahora en manos de un también flamante juez federal, Luis Rodríguez, de sólidos lazos con el kirchnerismo. Gils Carbó acusó a esos consejeros minoritarios (políticos, abogados y un camarista) de entorpecer los deseos de la mayoría kirchnerista.
Sacrilegio en la catedral del kirchnerismo. Gils Carbó cometió con su denuncia un oxímoron: culpó de “abuso de poder” a una minoría cuando sólo las mayorías están en condiciones de abusar del poder.
La creyente Gils Carbó fue más allá aún y le abrió un sumario interno al fiscal Carlos Rívolo, el único funcionario judicial que avanzó seriamente, hasta ahora, en la investigación de las supuestas indecencias de Amado Boudou en el caso de la ex Ciccone. Rívolo fue fiscal subrogante en el largo juicio oral sobre el avión de LAPA que se estrelló en Aeroparque.
Cobró un adicional por la mitad del tiempo extra que trabajó, según decisión del antecesor de Gils Carbó. La nueva jefa estuvo en desacuerdo con ese pago, de 66.000 pesos, y puso a Rívolo en la antesala de un juicio penal.
Rívolo y Gils Carbó son compañeros en la comisión directiva de la Asociación de Fiscales; él es vicepresidente y ella es tesorera. No eran amigos, pero tenían una buena relación laboral. El enredo no es personal, entonces. Es sencillamente un brutal mensaje al resto de los fiscales: ninguno de ellos podrá hurgar en las vergüenzas del kirchnerismo sin correr el riesgo de la persecución penal. No deja de ser dramático que Boudou siga desplegando su inexplicable sonrisa, mientras el fiscal que lo investigó ha sido llamado ya a dar explicaciones.
La arbitrariedad tiene su costo político. Recientes y coincidentes mediciones de opinión pública señalan que la Presidenta perdió entre cuatro y cinco puntos de aceptación social en el último mes. Las mediciones la sitúan entre los módicos 34 y 37 puntos de aceptación. Daniel Scioli creció dos puntos en ese tiempo y Mauricio Macri se mantuvo en los mismos niveles que tenía.
Fue una caída personal de la Presidenta. Su declinación popular parece ya una tendencia profunda e irreversible. Cristina Kirchner está perdiendo la batalla en el único lugar de la política donde las victorias y las derrotas son definitivamente verdaderas.
