La polémica con el FMI fue generada por el Gobierno nacional, desde que en el año 2007 el entonces presidente Néstor Kirchner decidiera intervenir el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, argumentando que el método de medición que se venía utilizando se encontraba caduco. Esa decisión generó fuerte polémica, porque a partir de ese momento comenzaron a aparecer notables diferencias entre los índices emanados por el Indec sobre inflación y los que aportaban los estudios de la consultoras privadas. Además, se criticó al Gobierno por lo que fue considerado como uso político de las estadísticas con meros fines electorales.
En el año 2011, el primer gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó al Fondo Monetario Internacional colaboración para poder trabajar en un nuevo índice de inflación, a lo cual el organismo accedió. Sin embargo, nada cambió sustancialmente y hace dos meses el FMI consideró que no se observaban progresos suficientes para poder implementar los nuevos mecanismos estadísticos sugeridos ante el pedido que se había efectuado desde el propio Poder Ejecutivo. Es por ello que se llega a esta instancia de evaluación que le puede significar a la Argentina algún tipo de sanción internacional.
El plazo acordado se encuentra cada vez más cerca y, lamentablemente, en materia de correcciones por parte del Indec nada se advierte. El aumento del costo de vida para el organismo oficial de mediciones sigue siendo insignificante, no sólo en la comparación con los aportes que hacen las consultoras privadas, sino con lo que se percibe en el bolsillo de la ciudadanía, que en el día a día comprueba que la elevada inflación parece definitivamente instalada en nuestro país.
Recientemente, una voz empresarial muy cercana al Gobierno alertó sobre el problema. En el marco de la 18° Conferencia Industrial Argentina, el titular de la UIA, José de Mendiguren, admitió ante el periodismo que “la inflación (en el país) es alta y complica” y agregó su inquietud, y la del sector que preside, por un insuficiente nivel de inversión en el país acorde con la demanda de la economía.
Es difícil pensar en un cambio de rumbo estadístico ante la proximidad de la fecha límite impuesta por el FMI, salvo que el Gobierno, alertado por otros hechos recientes, repare en la conveniencia de no seguir aislándose inútilmente en el escenario internacional.
Debe tener en cuenta el kirchnerismo que el alivio financiero para el país que significó la resolución de la Corte de Apelaciones estadounidense que postergó la aplicación del fallo del juez Griesa, mucho tuvo que ver con un saludable cambio de actitud, al reconocer la deuda contraída con los bonistas que no ingresaron al canje y plantear en adelante la discusión por los mecanismos de negociación. Es por ello que con el caso del Indec posiblemente también haya tiempo aún para ensayar algún mea culpa.
Cuando la racionalidad se interpone a la soberbia en el uso del poder, los resultados políticos suelen ser satisfactorios.
