Por Rodolfo Cavagnaro - rcavagnaro@losandes.com.ar
Este viernes el presidente Macri volvió a hacer anuncios que, en realidad, son proyectos de leyes que deben ir a discusión en el Congreso, que implican, por una parte, importantes reformas impositivas, que complementarán el proyecto ya elevado que beneficia a las pymes.
Se trata de un proyecto de modificaciones impositivas, que incluye un programa de elevación del mínimo no imponible para el impuesto a los bienes personales. El mismo crecería de los actuales 305.000 a 800.000 pesos para este año, para subir a 950.000 en 2017, a 1.050.000 en 2018 y se eliminaría en 2019. Además, habrá un esquema de alícuotas decrecientes, que parten de 0,75% sobre el excedente del mínimo en 2016, a 0,50% en 2017 y 0,25 en 2018.
La propuesta es interesante porque impacta sobre los patrimonios de la clase media, que viene muy castigada en los últimos tiempos. Este impuesto es de tipo patrimonial y se superpone con los patrimoniales que cobran las provincias, como son el impuesto inmobiliario y el automotor, aunque en este caso era más amplio porque gravaba ahorros en dinero o títulos o participaciones accionarias.
El proyecto para las pymes tiene dos componentes adicionales muy importantes como son la eliminación de Ganancia mínima presunta y la posibilidad de computar el impuesto a los créditos y débitos bancarios a cuenta de ganancias. Dado que muchas pymes son unipersonales, estas decisiones van a mejorar la situación de los pequeños empresarios bajando costos fijos demasiado gravosos.
Moratoria y blanqueo
El paquete de medidas que integran el proyecto elevado al Congreso tiene un capítulo dedicado a una moratoria impositiva y a un blanqueo de capitales que estará vigente hasta julio de 2017. La fecha es muy importante ya que a partir de 2018 comienza a regir un sistema de información entre los sistemas financieros de todo el mundo, por lo cual no se podrá tener capitales escondidos sin declarar.
Por un acuerdo de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) desde 2018 habrá un intercambio de información impositiva que permitirá conocer los depósitos o bienes de ciudadanos de terceros países en cada uno de ellos. Por esta misma razón, los bancos de estos países serán lo que estimularán a sus clientes a entrar al blanqueo ya que, de no hacerlo, las mismas entidades podrían ser sancionadas.
La lógica indica que muchos inversores no verán ninguna utilidad en tener sus capitales en el exterior si tienen que exteriorizarlo y pagar impuestos y que, por dicha razón, optarían por ingresarlos al país con lo cual, además, podrían tener menores tasas de gravámenes.
El gobierno estima que, dada esta situación particular, podrían ingresar al país unos 60.000 millones de dólares en un tiempo relativamente corto que, además, le agrega una preocupación a la presión bajista que podría sentirse en el mercado cambiario local por esta particular coyuntura.
De todos modos todos, esperan las discusiones parlamentarias para ver cómo quedan en definitiva operativas estas disposiciones y la reglamentación para proceder a su liquidación definitiva. Más allá del blanqueo y su impacto, lo importante es que dichos capitales quedarán expuestos y, salvo su derivación a inversiones especulativas, es posible que muchos vayan a inversiones productivas.
Este proyecto busca, entre otras cosas, que se declaren tenencias en divisas dentro del país pero “bajo el colchón”, o sea aquellos atesoramientos hechos en moneda extranjera que no han sido declarados y duermen en algún escondite seguro, como cajas de seguridad y algún otro tipo de refugio.
Por estos días, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, hablando de la llegada de capitales extranjeros, se mostró enojado con los empresarios nacionales porque, dijo, “son más lentos para decidir que los que viene de afuera. Después no se quejen”. Quizás este blanqueo sea una chance para acelerar decisiones.
Jubilados beneficiados
Una de las sorpresas de los anuncios, y que también debe ser aprobada por el Congreso, es la decisión del presidente Macri de pagar la totalidad de los juicios de los jubilados con sentencia firme, además de las de aquellos que están en curso, tratando de ponerles fin.
El proyecto incluye una forma de calcular las actualizaciones de los aportes entre 1995 hasta febrero de 2009 y mantener la fórmula de ajuste prevista por el fallo Badaro de la Corte desde esa fecha hasta la actualidad. Dado que el haber jubilatorio se calcula sobre el promedio de los últimos diez años, las fórmulas de cálculo más aplicada por la Anses son las que han generado una gran cantidad de juicios.
La propuesta es acelerar los pagos de los juicios, negociar con quienes los han iniciado (a cambio de que retiren las demandas) y también se incluiría a quienes no han hecho juicio pero les corresponden los ajustes.
En todos los casos, los pagos se harían con parte de los ingresos que se obtengan por el blanqueo y con las utilidades obtenidas por el Fondo de garantía de Sustentabilidad, que se creó cuando se estatizaron los fondos de las AFJP y que solo puede utilizarse para pagos a los jubilados. No se tocaría el stock (que asciende a unos 750.000 millones de pesos) pero, en caso de ser necesario, podrían venderse acciones de empresas contenidas en el mismo.
Basta ver en el futuro qué tratamiento se les dará a estos ajustes, ya que se habla de que los promedios pasarían de 9.000 a 14.000 pesos, pero no hay precisiones acerca de los niveles que tendrían las jubilaciones mínimas que, de seguir la misma lógica, deberían estar relacionadas con el salario mínimo, vital y móvil.
