Luego del escándalo de inconmensurables consecuencias en las que se vio envuelto el instituto Antonio Próvolo de Luján de Cuyo, ahora el caso vuelve a estar inmerso en un conflicto, aunque de menores dimensiones, claro está.
Ayer surgieron cuestionamientos a la persona que la Dirección General de Escuelas designó como interventora, con la misión de lograr que el ciclo lectivo culmine lo más exitosamente posible en el contexto de denuncias de abusos a alumnos con discapacidad auditiva por parte de sacerdotes.
Madres de alumnos de la escuela de educación especial doctor Pedro Nolasco Ferreyra, aseguran haber sufrido malos tratos por parte de Claudia Fernández -la supervisora en cuestión- cuando estuvo a cargo de la dirección de esta institución de similares características al Próvolo.
Recordaron que estuvo en dicha gestión durante muchos años, etapa durante la cual tanto los alumnos como sus padres sufrían agravios, violencia verbal y actitudes prepotentes, según los relatos.
“Es una persona agresiva y propensa al maltrato verbal, con ella no se puede hablar (...). Mi hijo, que tiene un retardo mental importante, lloraba cada vez que la veía”, aseguró Andrea Coria, mamá de uno de los alumnos que ayer egresó de la institución.
Es que justamente son estas madres las que se atrevieron a reflotar las denuncias al enterarse de que esta mujer -que consideran no apta para lidiar con niños con capacidades diferentes- había quedado a cargo del instituto. Quienes continuarán en la institución prefirieron mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
Andrea relató que estos niños tienen una manera particular de jugar que puede ser vista como violenta, pero que es su forma de comportarse, pero que sin embargo la ex directora los maltrataba por su conducta.
Mariela Gélvez contó que su hijo tiene síndrome de Costello por lo cual es bastante habitual que juegue con otros niños a golpearse. “En una reunión de la cooperadora, (Fernández) trató a mi hijo de asesino porque dijo que iba a matar a algún otro niño de la escuela”, recordó.
Agregó que la directora pretendía que su hijo fuera medicado cuando los neurólogos decían que esto no era necesario.
Además dijeron que era habitual verla “zamarrear a los alumnos”.
Relataron que la situación fue de tal gravedad que terminaron radicando una denuncia en la Dirección de Educación Especial del gobierno escolar, donde varias mamás fueron recibidas por una funcionaria que labró un acta con todos los testimonios.
Las mujeres en todo momento despegaron a la escuela de las actitudes de Fernández y subrayaron que la institución es excelente.
Faltante de dinero
Pero además del maltrato que aseguran recibían muchas familias, surgieron irregularidades, siempre según el relato de las personas implicadas.
“Descubrimos que faltaba dinero de la cooperadora y como varias madres fuimos a hacer una denuncia, después lo tomó de punto a mi hijo”, relató Mariela, cuyo hijo tenía 9 años en 2012 cuando se radicó la denuncia en DGE. Dijo que después del hecho Fernández le negó la inscripción de su hijo para el año siguiente por lo que desde hace dos años asiste a otro establecimiento.
En ella, se aseguraba que faltaba dinero de la Comisión Cooperadora liderada por los padres, quienes lo recibían y luego depositaban en una cuenta bancaria que gestionaba la directora. Sin embargo, los ingresos no coincidían con los fondos disponibles. Esto lo relató la mamá de un niño que aún es alumno por lo que prefirió no dar su nombre.
“A mí, me llamaron para testificar, porque era parte de la comisión. Después decidí no participar más porque con una cuestión policial como ésta en el medio, no me gustó”, indicó.
Carmen Meléndrez era otro de los miembros de la cooperadora y parte de quienes realizaron la denuncia. Contó que, después de hacerlo, las “amenazó con que cerráramos la boca porque nuestros hijos seguían en la institución”.
Negativa
Desde la DGE, aseguraron en un primer momento que actualmente no hay denuncias en su contra en la dirección de Educación Especial ni en la Junta de Disciplina, que es adonde llegan todas en última instancia. Argumentan que de ser así no podría haber llegado nunca a asumir como supervisora.
Explicaron que fue designada como interventora para que la institución pudiera continuar con las actividades normales luego del cimbronazo y concluir lo mejor posible el ciclo lectivo
Patricia Moratto, directora actual de la escuela, aseguro a Los Andes respecto de las denuncias: “No puedo corroborar eso porque no me consta el maltrato ni el faltante de dinero”.
Dijo no haberse enterado de esas situaciones en los 10 años que ha trabajado en la institución: primero como docente, luego como secretaria y ahora como directora.
Informó además que Fernández no se fue de allí por situaciones problemáticas, sino que “concursó y actualmente es supervisora de la sección 5, está a cargo de varias escuelas”.
Por la tarde, el gobierno escolar pudo identificar que existió una denuncia con la carátula “Por relaciones humanas”, lo que puede hacer suponer que esté vinculada a su trato. Sin embargo, ésta prescribió en 2015 y fue archivada por falta de elementos por parte de la Junta de Disciplina con sólo un voto de sus miembros en contra de la medida.
También aparece un conflicto por la explotación de una playa de estacionamiento aledaña a la institución que se usaba para generar fondos.
Pese a que este medio intentó contar con la opinión de Fernández, ella prefirió no emitirla.
La Justicia sigue con las testimoniales
La investigación que lleva adelante el fiscal Fabricio Sidoti, por los abusos sexuales cometidos por parte de dos curas y tres empleados del Instituto Antonio Próvolo contra al menos 22 niños, niñas y adolescentes que allí asistían, tuvo un nuevo capítulo ayer.
Según indicó el procurador general de la Suprema Corte, Alejandro Gullé, la Justicia continuó con la toma de testimonios a otros tres alumnos/as que serían víctimas de hechos más recientes.
Además, las asociaciones que defienden los derechos de la infancia se reunieron en la sede de la Legislatura provincial de calle Espejo (oficinas de Diputados) en el marco de una audiencia pública. Pese a la escasa asistencia de los legisladores de diferentes bloques (sólo estuvieron los del FIT) la reunión valió para poner de relieve el pedido de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales, la Asociación Xumek, y la de Padres Autoconvocados de Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad.
Solicitan que la Iglesia católica como así también el Estado mendocino (a través de la Dirección General de Escuelas y la Dirección Provincial de Discapacidad) den respuestas “más convincentes” a las expresadas hasta ahora. Según entienden, ninguno de los argumentos mencionados por ambas instituciones ha sido suficiente.
"Con nosotros, los legisladores no se reunieron, pero con el arzobispo sí. Eso da la pauta de cuánto les interesan los derechos de los niños a nuestros legisladores", dijo Alejandra Berlanga, representante de la primera entidad mencionada, sobre la ausencia de los diputados y senadores. Zulema Usach - zusach@losandes.com.ar
