Meses atrás, luego de escuchar un informe de parte del representante de los medios independientes de la Argentina, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) decidió enviar una nueva misión a nuestro país, mientras se daba a conocer un informe que señalaba que la Argentina se encontraba en la lista de países donde ha “empeorado” el clima imperante para el ejercicio de la actividad periodística.
De acuerdo con la percepción del organismo internacional, que nuclea a 1.300 publicaciones, con una circulación de más de 43 millones de ejemplares en papel, a los que se suma un número importante de lectores on line, la Argentina se ubica, junto a Ecuador y Venezuela, entre los países más amenazados de la región en lo que a libertad de prensa se refiere, sumándose así a situaciones similares planteadas sobre Bolivia, Cuba y Nicaragua.
Los avances sobre la prensa en nuestro país se profundizaron en 2009, inmediatamente después de las elecciones legislativas que perdió el kirchnerismo, oportunidad en que se aprovechó el lapso entre el comicio y la asunción de los nuevos legisladores para sancionar una serie de proyectos, entre ellos una ley que avanzó sobre los medios audiovisuales.
Luego la presión siguió sobre los gráficos, con un fuerte ataque a Papel Prensa, la principal proveedora de papel de diarios del país. Se sucedieron luego otros hechos no menos graves, como la decisión de un juez de solicitar que varios medios escritos identificaran a los periodistas que en los últimos cinco años habían escrito notas sobre mediciones de inflación distintas a las del organismo oficial de estadísticas o cuando la propia Presidenta de la Nación planteó la necesidad de que exista una ley de ética pública para el periodismo que no comulga con su manera de pensar y actuar.
Los últimos meses no han sido la excepción. Continúa la persistente persecución oficial hacia los medios independientes a través del uso del aparato de propaganda oficial y del privado afín al Gobierno. Paralelamente, desde la cuestionada Secretaría de Comercio de la Nación se “aconsejó” a los supermercados y empresas de venta de electrodomésticos que no publiquen anuncios en los medios impresos más importantes, con el consiguiente daño económico que esa decisión significa.
Para cerrar la ecuación, aparece ahora una resolución de la AFIP, que autoriza a las empresas a acogerse a una moratoria para cancelar las deudas vencidas hasta el 28 de febrero de este año, con un plan de pagos de hasta 10 años, pero que excluye a los medios de comunicación. La decisión del organismo causó perplejidad entre las empresas de medios, las que coincidieron en señalar que se trata de un nuevo ataque, calificando a la resolución de “discriminatoria y violatoria de la obligada neutralidad del Estado en esta materia”.
No hubo respuestas de parte del Gobierno, pero los hechos son más que demostrativos en el sentido de que se continúa avanzando sobre la libertad de expresión y que el objetivo final es hacer desaparecer o limitar severamente aquellas voces que intentan esclarecer, con objetividad e independencia, los hechos que se suceden en el país.
Para que un sistema democrático funcione como tal, es necesario que se escuchen todas las voces que conforman la sociedad civil. Avanzar sobre la prensa independiente es actuar en contra de la calidad democrática. Así lo han entendido quienes nuclean al periodismo libre de América Latina y los millones de argentinos que desean expresar libremente sus ideas y sin censura previa, tal como lo dispone el artículo 14 de la Constitución Nacional.
