Colombia firmó ayer un renegociado acuerdo de paz con la guerrilla FARC para acabar medio siglo de confrontación, que probablemente será ratificado en el Congreso la semana próxima a pesar de la persistente oposición.
Casi dos meses después de que los colombianos rechazaran el acuerdo de paz en un plebiscito, el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño (Timochenko), sellaron con un “balígrafo” (una bala convertida en bolígrafo) el revisado pacto, en una austera ceremonia.
Las 800 personas invitadas al clásico Teatro Colón de Bogotá contrastaban con la pompa de la firma anterior, el 26 de septiembre en la caribeña Cartagena frente a 2.500 invitados, entre ellos 15 jefes de Estado.
El texto, alcanzado el 12 de noviembre para incluir propuestas de la oposición tras el revés electoral del 2 de octubre, busca poner fin al conflicto armado más antiguo del continente, en el que también han participado paramilitares y agentes estatales, con saldo de más de 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.
“Este nuevo acuerdo es mejor que el que firmamos en Cartagena. Es mejor porque recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos”, aseguró Santos, confiado en que la refrendación del texto “sea aprobada en el curso de la próxima semana”.
Timochenko, por su parte, negó que se depongan posiciones ideológicas. “Solo ponemos fin de manera definitiva a la guerra, para confrontar civilizadamente las contradicciones", dijo, al tiempo que propuso conformar un “gobierno de transición” para dar cumplimiento “cabal” al pacto.
Para muchas víctimas, como la excongresista secuestrada por las FARC, Consuelo González de Perdomo, esta es una “oportunidad grandísima” de reconciliación.
Clara Rojas, otra exrehén de esa guerrilla y actual congresista, aplaudió el fin de “un gran proceso” y el compromiso de las FARC con la paz.
Uribe propone referendo
En la tarde de ayer, el acuerdo fue llevado al Congreso, de mayoría oficialista, donde debe aprobarse e iniciarse el proceso de implementación.
El debate, que se iniciará el martes en ambas cámaras, será abierto y televisado, y con participación no sólo de legisladores, sino también de víctimas y opositores.
“Estamos asumiendo esta responsabilidad con todo compromiso”, declaró el presidente del Senado, Mauricio Lizcano.
La decisión, sin embargo, es cuestionada por quienes siguen en contra del pacto, liderados por el expresidente y actual senador de derecha Álvaro Uribe, cuyo partido anunció que llamará a los colombianos a las calles.
Aunque reconoció que hubo mejoras con respecto al texto inicial, el expresidente destacó que aún resta cambiar “aspectos sustanciales” y esbozó la idea de juntar firmas para un referendo que revise ciertos puntos de los acuerdos.
“El país dijo paz sí, pero sin impunidad. Y aquí continuamos con impunidad total”, dijo a la RCN televisión.
Uno de los principales reclamos de la oposición es que el nuevo documento también permite que guerrilleros culpables de delitos atroces pueden presentarse a cargos de elección antes de cumplir sus penas.
Algunos colombianos celebraban la noticia.
“El país en su mayoría acoge este acuerdo de paz porque hemos vivido una guerra de más de 50 años, ya no queremos más derramamiento de sangre”, dijo Overnis Díaz.
Pero otros, como Dayanna Gil, lo criticaban. “Debería refrendarse a través de un plebiscito, finalmente es la voz del pueblo colombiano, y sería bueno que cada uno de nosotros opináramos sobre nuestro voto, sobre lo que queremos hacer con nuestro país”.
Según se anunció este jueves, a partir de la refrendación empezarán a correr los plazos de la implementación, un tema sobre el que gobierno y rebeldes tienen especial premura.
Los cambios entre el nuevo pacto y el original
Urnas por Congreso: El primer acuerdo, firmado el 26 de septiembre en Cartagena, debía refrendarse mediante un plebiscito que se realizó el 2 de octubre y en el que el "No" ganó por 53.894 votos. Las partes acordaron refrendar el nuevo documento en el Congreso, con mayoría oficialista.
No va a la Constitución: La primera versión debía anexarse a la Constitución una vez refrendada. Ahora solo se incorporará un artículo transitorio. Ahora solo se incorporará un artículo transitorio, vigente por tres periodos presidenciales (12 años), que señala que "las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe" con el acuerdo.
Límites a justicia transicional: El pacto de septiembre esbozaba la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora se establece un periodo de 10 años para presentar acusaciones, que podría llegar a 15 años. Además, se aclaró que los fiscales deberán ser colombianos.
Narcotráfico y política: El nuevo pacto busca aclarar la conexidad del narcotráfico con los delitos políticos. Ahora, este delito solo será aceptado como crimen conexo a la rebelión -por lo que sería sujeto de amnistía- en caso de que "no haya derivado en enriquecimiento personal". Pese al cambio, los opositores mantuvieron su inconformidad porque, dicen, la comisión de este delito se mantendrá impune.
Bienes para víctimas: La guerrilla aceptó hacer un inventario de sus bienes, que servirán para reparar víctimas, y entregará una lista de todos sus miembros, incluidos milicianos.
Participación política se mantiene: La participación política de los guerrilleros se mantuvo sin cambios y constituye la principal objeción de los opositores, que rechazan que insurgentes culpables de crímenes atroces puedan presentarse a cargos de elección popular antes de pagar sus penas.
Acto austero: A la firma del primer acuerdo asistieron 15 jefes de Estado y otros 2.500 invitados. La oposición criticó la ceremonia por considerarla un "derroche" de recursos públicos. Participaron expresidentes colombianos, congresistas, magistrados y representantes de organizaciones sociales.
