Una modificación de criterio propiciada por el Gobierno de Mauricio Macri sobre las prisiones preventivas y el nuevo clima político por el cambio de administración nacional, podría poner en libertad antes de fin de año a al menos nueve ex funcionarios, dirigentes y personas ligadas al kirchnerismo, detenidas por distintas causas.
Las defensas de los detenidos se largaron a pedir liberaciones o morigeraciones (como prisiones domiciliarias) después de que el gobierno de Cambiemos publicara una “nueva normativa” sobre las prisiones preventivas.
El 19 de noviembre, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la Resolución 2/2019, que ordena implementar, en "los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales", gran parte del nuevo Código Procesal Penal en el que, entre otras cosas, se plantean límites al uso de las preventivas, que venían generando controversias políticas.
El criterio hasta entonces para dictar la detención de un sospechoso surgía de un fallo plenario de la Cámara de Casación que disponía utilizarla cuando se verificaba peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Con el objetivo de terminar con ciertas "arbitrariedades" de los jueces, el nuevo Código "fijó pautas concretas para regular las restricciones a la libertad durante el proceso", que acotan el margen de interpretación de los magistrados y reducen la posibilidad de cárcel para un sospechoso.
Por esos nuevos criterios y porque algunas causas fueron elevadas ya a juicio oral (y no hay riesgos de entorpecimiento de las investigaciones), ya fueron liberados Carlos Kirchner (primo del fallecido ex presidente); los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Gerardo Ferreyra.
También fueron liberados Carlos Cortez (investigado como presunto testaferro de Daniel Muñoz); el ex líder del grupo Quebracho, Fernando Esteche; el ex jefe del Ejército kirchnerista, César Milani y ex director de Yacyretá, Oscar Thomas.
Quiénes podrían ser liberados
Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, está condenado a 5 años y siete meses por el caso de Ciccone Calcográfica. La sentencia aún no está firme, dado que la Corte Suprema debe resolver un recurso. No obstante, sus abogados diseñan una nueva estrategia para que recupere la libertad, según explicó a Los Andes Eduardo Barcesat, defensor de Boudou.
El plan consiste en recurrir al Congreso de la Nación para que inste a la Corte Suprema de Justicia a intervenir en las causas contra ex funcionarios acusados por corrupción.
Piden que haya un "control de legalidad" de la Corte sobre las causas dado que denuncian serias irregularidades procesales. Fuentes judiciales señalaron que podría haber un fallo de la Corte antes de que finalice 2019.
El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, es uno de los que más cerca está de abandonar la cárcel, pero con prisión domiciliaria. Ayer su abogado hizo la presentación formal en los tribunales para acceder a ese beneficio en la causa de los cuadernos.
Maximiliano Rusconi, patrocinador de De Vido, hizo el pedido después de que el ex funcionario fuera beneficiado en el caso conocido como Río Turbio. Por ello, de conseguir el aval del Tribunal Oral Federal (TOF) 7, en las próximas dos semanas dejaría el penal de Marcos Paz.
A través de sus abogados, el ex funcionario hizo el planteo con el que solicitó que, a la hora de resolver, se tenga en cuenta la nueva normativa vigente en relación a la prisión preventiva y la posibilidad de morigerar la medida con un arresto domiciliario.
Roberto Baratta, el ex número 2 de De Vido, está preso desde agosto de 2018 en la causa de los cuadernos de las coimas. Como la investigación fue elevada a juicio, también pidió ser excarcelado por ausencia de riesgo procesal.
La solicitud de Baratta fue rechazada por el TOF N°7, a cargo del juicio por la causa de los cuadernos, pero será revisado por la Cámara de Casación Penal. Por lo que también antes de fin de año el ex funcionario podría ser liberado.
Otros casos
En una instancia similar está la dirigente jujeña Milagro Sala. En enero pasado la Justicia rechazó el pedido de nulidad de la prisión preventiva de la líder de la Tupac Amaru en la causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas.
En ese entonces, cumplía tres años de prisión preventiva, el plazo máximo fijado por la ley para estar detenida sin condena firme. Por esta razón, su defensa pidió su liberación en esa causa.
En mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Jujuy condenó por unanimidad a cuatro años de prisión a la dirigente social al hallarla culpable del delito de "lesiones graves" contra otros referentes sociales jujeños en 2006. La sentencia aún no está firme y hay un recurso por resolver.
Otros detenidos en situaciones similares y que podrían recuperar su libertad son el ex cuñado de Julio De Vido, Claudio 'Mono' Minnicelli; y los abogados Jorge Chueco, Miguel Ángel Plo y Federico Zupicich, todos ligados al kirchnerismo. Además, el ex intendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna.
Fernández volvió a pedir que liberen a ex funcionarios
El presidente electo, Alberto Fernández, volvió a pedir ayer al Poder Judicial que deje en libertad a los ex funcionarios y dirigentes kirchneristas que continúan presos sin tener una sentencia firme, aunque diferenció los casos y advirtió que "no son presos políticos" porque todos tienen un proceso en marcha.
Fernández se refirió al reclamo que impulsaron sectores del kirchnerismo duro para pasar una "Navidad sin presos políticos", que el jueves incluyó una manifestación frente a los tribunales federales de Comodoro Py en la Capital Federal.
“Yo ahí tengo una diferencia conceptual sobre qué es un preso político. Un preso político es en todo el mundo un preso sin proceso. Y en la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa”, diferenció.
El mandatario electo advirtió que "hay gente que podría soportar sus procesos en libertad pero que sólo los detienen porque son opositores" y consideró que por ellos "muchos sienten que hay contenido político, y tal vez tengan razón, pero hay un juicio detrás".
“Pero no tengo ninguna duda de que están mal detenidos en la mayoría de los casos.
¿Por qué el que supuestamente recibió la coima está preso y el que la dio no? Ninguno de los dos tiene que estar preso, porque sobre todos pesa una presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario", aclaró.
