Las autoridades actuales tomaron nota a poco de asumir el mandato que había problemas pendientes. Algunos de ellos, radicados en el CIADI (el ente de resolución de conflictos elegido como árbitro por los inversores extranjeros), donde se reclamaban incumplimientos por atrasos en las tarifas después de la devaluación asimétrica de Duhalde. Muchos de ellos se pagaron después de acuerdos y algunos fueron levantados cuando el tema tarifario se fue solucionando.
Había dos problemas graves pendientes. Uno de ellos era un juicio de la empresa Marsans, por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y otro, el más grave, un juicio que reclamaba por la expropiación de YPF sin seguir los lineamientos de las Leyes de EE.UU. y de los reguladores del sistema de control de acciones de empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York.
Lo cierto es que el juicio de Marsans terminó con una sentencia desfavorable de 300 millones de dólares que, si bien ha sido apelada, es probable que termine generando la obligación de pagar finalmente. Y esto es producto de acciones mal llevadas adelante por el gobierno anterior, cuando Néstor Kirchner era presidente y Sergio Massa era Jefe de Gabinete.
Lo de YPF es mucho más grave. Fue una decisión apresurada de Cristina Kirchner alentada por el entonces ministro Axel Kicillof, quien aseguró que estaba todo estudiado, y que Repsol, el accionista mayoritario, no recibiría plata y, además, tendría un reclamo económico del gobierno. Meses después, anunció se le había pagado 5.000 millones de dólares a Repsol y que había terminado con éxito el conflicto. Todo por el 51% de las acciones de Repsol en YPF.
Pero la historia había comenzado cuando el grupo Ezquenazi, con la bendición del matrimonio Kirchner, había comprado el 25% del paquete accionario de la empresa. Para ello constituyó dos empresas en España, que contrajeron la deuda por el pago de dichas acciones, pero cuando se estatizó en forma compulsiva, el grupo argentino ya no pudo pagar el resto de las acciones y las empresas quebraron.
Frente esta situación, un grupo de abogados de EE.UU. compraron los derechos y acciones de ambas empresas y se dispusieron a demandar a la Argentina por no haber respetado las reglas de los reguladores, que exigen hacer una oferta pública para la compra de acciones de empresas que cotizan en la Bolsa neoyorquina.
Este grupo de abogados encontró un resquicio, compró esos activos en 17 millones de dólares y a los dos años vendió un 20% en 120 millones. Hoy demanda al gobierno argentino por 3.000 millones de dólares y una corte de Nueva York rechazó la pretensión del gobierno de que la causa se tramite en tribunales en Buenos Aires.
El gobierno intenta demorar lo más posible llegar a una resolución definitiva en momentos en que intenta una ambiciosa reducción de gatos del Estado que, una primera etapa, abarca ahorros por 650 millones de dólares. Son partes de una herencia que el gobierno de Macri nunca quiso blanquear.
