La Asamblea del Banco Interamericano (BID) que se desarrollará en Mendoza entre el 22 y el 25 de marzo genera buenas expectativas para la región, tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, la sola presencia del organismo internacional en la provincia no garantiza el impulso de la actividad económica a través del otorgamiento de créditos. Las empresas interesadas en acceder a los préstamos deben cumplir con requisitos muy exigentes y demostrar la viabilidad de sus proyectos.
En el marco de un seminario realizado en la Universidad de Mendoza sobre el funcionamiento del BID, un grupo de abogados del estudio Nicholson y Cano revelaron cuáles son los puntos claves al momento de solicitar un crédito del BID. Cabe aclarar que el estudio presta regularmente servicios al organismo internacional investigando legalmente a los potenciales tomadores de créditos y en ocasiones asesora a las empresas solicitantes.
Alejandro Barraza, abogado y profesor de la Universidad de Mendoza, explicó que "son muchos los aspectos a considerar, como por ejemplo que el BID no financia déficit en la balanza de pagos de las empresas, sino que se enfoca en la compra de bienes de capital y la realización de proyectos".
Además, aclaró que los solicitantes deben cumplir con una serie de normas legales y comerciales antes para conseguir la aprobación del BID.
Las claves legales
Según explicaron desde Nicholson y Cano, a la hora de toma de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hay tres grandes aspectos que insoslayablemente deben ser tenidos en cuenta.
Mariano Fabrizio, abogado del estudio que trabaja con el BID y el Banco Mundial, explicó que uno de los puntos centrales es el orden en el aspecto jurídico. "Es recomendable poner a una persona o a un equipo a cargo de reunir toda la información que solicita el BID. Es importante centralizar la información, ya que si la empresa está ordenada jurídicamente, se ahorra mucho tiempo y mejoran las expectativas de aprobación", señaló.
"Otro eje fundamental para las empresas que quieren acceder a créditos del BID es saber reconocer qué aspectos son negociables y cuáles no. A veces las empresas empiezan a negociar puntos que no están sujetos a discusión y pierden mucho tiempo en algo sin sentido. Deben concentrarse en las cosas que sí se pueden negociar, como la tasa que tendrá el crédito, el período de gracia y las exigencias comerciales", indicó.
Para dar una idea más clara de ese concepto, Fabrizio detalló que entran en la calificación de "no negociable" las exigencias en lo que respecta a las normativas legales. "Las empresas deben cumplir todos los requerimientos de cuidado ambiental y no deben tener antecedentes de corrupción, por ejemplo", comentó Fabrizio.
“Generalmente no hay señales de alarma, pero en caso de haberlas, es indispensable detectarlas temprano para poder resolverlas a tiempo. Si se encuentra a un accionista que está vinculado al lavado de dinero, la operación queda automáticamente descartada. Si en cambio el problema es que no cumple con los requerimientos mínimos de impacto ambiental, probablemente sí podremos arreglarlo y procederemos con el trámite para la entrega del crédito”, agregó.
“Es importante estar preparado para la auditoría legal que se muestre absolutamente todo, lo bueno y lo malo. A veces las empresas omiten ciertos problemas que terminan apareciendo a la hora de hacer los papeles y se hace muy difícil resolverlo o se debe retrasar todo”, insistió.
El tercer punto sobre el que deben tener cuidado las empresas solicitantes es la viabilidad comercial del proyecto. "Lo primero que verá el equipo del BID a la hora de analizar la entrega del crédito es si la actividad para la cual será otorgado el crédito es económicamente rentable o no. Si es viable, entonces en ese momento entrarán los abogados para hacer su trabajo", apuntó el letrado de Nicholson y Cano.
Negociación de tasas
Uno de los puntos que sí es negociable con el BID es la tasa de interés que se pagará en la devolución del crédito. Alejandro Barraza indicó que la posibilidad de "conversar" sobre el costo financiero depende mucho de la oferta disponible en el mercado.
"A veces en Argentina no hay mucho acceso al crédito privado, por lo que el margen de negociación con el BID se reduce. Cuando hay más oferta crediticia, entonces sí hay más posibilidad de negociar entre las partes", apuntó. Es decir que el Banco Interamericano de Desarrollo actúa como un competidor más dentro del mercado.
Ventaja administrativa
Aunque las exigencias del BID para la aprobación de créditos son altas, esa situación ofrece una ventaja para las empresas que logran cumplir con los requisitos. Según los abogados consultados, una vez que logran la aprobación, quedan en una situación favorable para conseguir otras financiaciones de organismos que le presten dinero. Eso se debe a que los requisitos de acceso a crédito del BID son muy exigentes en comparación a otros organismos. Así, queda el camino allanado para pedir préstamos, por ejemplo, al Banco Mundial.
Expectativas favorables
La visita del BID a Mendoza genera expectativas muy positivas por parte del sector empresario. El contador Conrado Risso Patrón, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas e integrante del Grupo de Apoyo Mendocino a la Asamblea del BID (Gamab), opinó que "se trata de un evento histórico que ofrece muy buenas oportunidades para Mendoza y el resto de las economías regionales".
El contador recordó que el BID tiene dos líneas de acción: los préstamos para emprendimientos de economías regionales y los subsidios, que son montos que no deben reintegrarse. "Generalmente los acuerdos tienen un porcentaje de préstamo y otro de subsidio, además de tasas muy bajas que en general son la tercera parte de las que ofrecen los actores privados. Eso le da muy buenas oportunidades a las empresas de Mendoza", comentó.
También dejó su opinión el empresario Federico Ostropolsky, integrante del CEM y miembro del Gamab. "Es muy positivo que la asamblea se haga en Mendoza. Generalmente el BID llega con algo para la provincia anfitriona. Se especula que se puede anunciar alguna inversión pública en infraestructura", apuntó.
“Para las empresas también es una oportunidad única para acercarse al BID. Las autoridades del organismo podrán ver el nivel de desarrollo de Mendoza y seguramente verán con buenos ojos la aprobación de nuevos créditos”, continuó.
“Claro está que para que se logre un buen desarrollo económico a partir de este punto es importante que baje la presión tributaria, no solo de parte del Gobierno provincial, sino también de los municipios y de la Nación”, concluyó Ostropolsky.
Coincidió con esa lectura Adolfo Trípodi, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM) e integrante del Gamab. "Es histórico que se haga en la provincia un evento así. Siempre se hace en las capitales y el hecho de que se haga en Mendoza es sin duda un voto de confianza para el Gobierno y las empresas locales", comentó.
El empresario se refirió además a las posibilidades de crecimiento e inversión. Puntualmente mencionó el proyecto recomendado por el Grupo de Apoyo Mendocino a la Asamblea del BID, que consiste en una tecnificación en energías renovables para el sector empresario.
El plan presentado por Gamab consiste en la posibilidad de mantener y fortalecer el apoyo financiero del BID a la provincia para ser aplicado a inversiones en energías renovables por parte de productores primarios, bodegas, frigoríficos, secaderos y demás empresas del área agroindustrial de Mendoza.
"La idea es presentar el proyecto ante la correspondiente comisión técnica del BID. Es de público conocimiento que el sector de producción primaria de la provincia está enfrentando un problema muy serio con los montos de las facturas de energía que están llegando", comentó.
"En la reunión anterior de Gamab se planteó el problema y se nos encomendó a FEM y al Ente Provincia Regulador Eléctrico (Epre) el armado de un proyecto tipo o modelo para presentar al BID, dado que el gran problema de acceso a energías alternativas (fundamentalmente fotovoltaicas) es el financiamiento", señaló Sergio Martini, integrante del Área de Energías Renovables de la FEM.
Como parte del plan, la Federación Económica de Mendoza contactó a los potenciales proveedores desarrolladores de energías renovables e inició conversaciones para llegar a un acuerdo de valores diferenciales. “Este es el trabajo, aparte de aportarle a EPRE la información pertinente para el armado del proyecto técnico, que se comprometió con los integrantes de las cámaras asociadas”, indicó Trípodi.
Sectores más demandantes
Según los representantes del estudio Nicholson y Cano, la mayoría de las empresas solicitantes pertenecen al rubro de agroindustria o infraestructura (empresas constructoras), pero se reciben solicitudes de toda clase de sectores por obras de infraestructura.
Respecto de 2018, el BID mantiene buenas expectativas para los proyectos públicos-privados impulsados por el Gobierno nacional.
En relación a los montos, el grueso de las operaciones se realiza por créditos de entre U$S 10 millones y U$S 15 millones, aunque hay algunos proyectos con solicitudes de créditos de U$S 100 millones. "Para montos más chicos recomendamos buscar apoyo de otra entidad financiera. Es demasiado el trabajo y el costo de acceder al préstamo del BID para montos chicos de menos de diez millones de dólares", aclaró Fabrizio.
Según datos publicados por el Banco Interamericano de Desarrollo, hoy Argentina tiene un promedio de aprobaciones anuales de U$S 1.360 millones en créditos del organismo.
“La cartera activa actual con el sector público es de 54 operaciones por un monto aprobado de US$ 9.206,4 millones y saldo por desembolsar de US$ 3.874,7 millones”, indica el organismo.
De ese monto, el 61% está dirigido a proyectos para promover el crecimiento y la competitividad (transporte, energía, ciencia y tecnología, desarrollo rural y agropecuario, turismo), el 28% a proyectos de desarrollo social (agua potable y saneamiento, educación, salud, desarrollo social y desarrollo urbano) y un 11% a las mejoras de gobernabilidad (modernización del aparato del Estado, gestión fiscal, seguridad ciudadana).
