En tiempos de transición democrática, como los que recorren hoy la Argentina, repercuten mucho más las expresiones desacomodadas que alteran la relación política y generan confusión en una amplia parte de la ciudadanía. Ésta anhela que la que nos rija sea una dirigencia que garantice una creciente consolidación institucional.
En la semana, el líder gremial camionero, Hugo Moyano, se sumó a varias voces vinculadas con el futuro gobierno, que reclaman la creación de un ámbito que permita controlar la labor de la prensa. En declaraciones que tuvieron rápida y amplia difusión, sugirió el veterano dirigente la constitución de una suerte de “Conadep del periodismo” que revise “lo que hicieron periodistas y medios en estos años”.
Debe tenerse en cuenta que esta insólita movida de sectores y dirigentes hacia el periodismo de investigación, sectores y dirigentes mayormente vinculados con el anterior gobierno, tuvo siempre una mirada distorsionada de la labor de los periodistas que se encargaron de investigar y difundir posibles hechos de corrupción en el ejercicio del poder. En muchos casos, la Justicia tomó intervención y dispuso la puesta en marcha de procesos tendientes a esclarecer los hechos irregulares denunciados y, en muchos casos, confirmados.
Más allá de la polémica instalada sobre la oportunidad de las prisiones preventivas dispuestas a varias personas procesadas, las de Hugo Moyano son expresiones que sólo merecen un fuerte repudio. Esas apreciaciones no respetan los caminos recomendables que la vida democrática establece para defenderse de eventuales agresiones o difamaciones. Al contrario, generan más confusión y malestar. Es el Poder Judicial el que debe actuar y resolver en consecuencia.
En este caso puntual los criticables dichos tuvieron el sorpresivo respaldo de un respetable dirigente del futuro oficialismo, el ex canciller Rafael Bielsa, quien no sólo dio a entender su respaldo a lo expresado por el dirigente gremial sino que afirmó que “ese tipo de periodismo”, en alusión al que investiga, “va a desaparecer”. Llamativas afirmaciones de un dirigente político, abogado y escritor que siempre se ha caracterizado por su mesura y apego al derecho.
Por ello, el trabajo que realiza el periodismo debe ser evaluado periódicamente por la gente. Es la ciudadanía la que da su confianza a la labor de los medios si estos realmente informan con objetividad e investigan con fundamentos. De ahí surge la valoración de los mismos. Y, como se señala insistentemente desde sectores que siempre están alerta ante estas circunstancias, corresponde a la Justicia, de acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional, determinar qué responsabilidades podría llegar a tener algún miembro de la prensa ante una denuncia en su contra por la función desarrollada.
En cambio, sugerir una generalizada revisión de la labor de la prensa en el país, teniendo en cuenta su compromiso con la información, se transforma de inmediato en un claro amedrentamiento y en un directo intento por desautorizar su desempeño en general.
La investigación a los responsables del manejo de los intereses públicos debe ser libre, sin presiones ni intimidaciones. Por ello la Carta Magna sabiamente establece los mecanismos que garantizan un control mutuo de la labor de los tres poderes del Estado.
A ese control se deben sumar, entre otras, las organizaciones que, como las de origen gremial, administran enormes presupuestos y se abastecen de recursos que el Estado debe garantizar para que puedan prestar la función social y gremial para las que han sido convocadas.
En ese marco, es de esperar que algún día cese este tipo de hostilidad y la convivencia se imponga de una vez por todas a la intolerancia.
