A raíz de quejas surgidas en varios puntos del país pero, especialmente, en el Gran Buenos Aires, por el ajuste tarifario, la oposición decidió una embestida contra el Gobierno.
La decisión de la senadora Cristina Fernández se vio fortalecida por las críticas surgidas de los aliados del gobierno.
El discurso del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, fue el disparador para que los opositores vieran una fisura en la coalición gobernante, que luego amplió Lilita Carrió.
"No soy mago ni estafador" dijo con firmeza el presidente Macri para defender la idea de su gobierno de eliminar los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, que han registrado incrementos en los últimos meses y explicar que no mentirá ni usará la demagogia.
Cristina Fernández propuso retrotraer las tarifas al 1 de enero de 2017, lo que implicaría tener que volver a subsidiar las mismas, agrandando el déficit fiscal, aumentando la emisión monetaria y generando una estampida inflacionaria.
Una propuesta totalmente irresponsable, con una alta carga de populismo que sólo busca aglutinar opositores en torno a su persona.
Lo que se juega no es menor. El Gobierno se propuso un camino gradual, que comenzó en 2016 con intervenciones de la Justicia para ordenarlo.
Los últimos aumentos no son mayores que los aplicados en 2016 y 2017 pero, en este caso, se juntaron varios a principio de año, cuando los asalariados no habían cobrado una actualización de sus salarios y esto generó el problema.
Además, todos tienen pánico por las boletas del gas, que verán reflejado un aumento del 45% en diciembre y otro del 40% en abril.
Esto significa que las boletas de la temporada invernal estarán impactadas por un aumento del 90% respecto de similar consumo del año anterior.
Lo que está en juego
Los mismos que se quejan y piden moderar o suspender aumentos son los mismos que se quejan de la inflación y, lamentablemente, ambos conceptos están totalmente relacionados.
Para poder bajar la inflación el Gobierno necesita reducir los subsidios que aplica en las tarifas de los servicios públicos.
De todos modos, los reclamos vienen de la clase media, porque los sectores más vulnerables mantienen los beneficios de las tarifas sociales.
Recordemos que las tarifas fueron subsidiadas, en distintas proporciones, desde 2001 hasta 2015. Algunas regiones, como la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y La Plata tuvieron tarifas totalmente congeladas, y estos subsidios los disfrutaron los de todos los niveles. Los pobres, pero sobre todos los de la clase alta y media alta, que son los que más consumen.
Lo cierto es que el impacto de los subsidios en el Presupuesto ha sido exageradamente grande. Según calcula el economista Roberto Cachanosky, el costo fiscal de los subsidios alcanzó a 860.000 millones de dólares, algo así como un PBI anual sólo en subsidios.
En 2015 los subsidios alcanzaron a 25.000 millones de dólares y con los aumentos actuales, si se aplican, bajarían a 11.000 millones de dólares, concentrados, en un 70%, en el transporte público.
Todo el volumen de subsidios impactaba de lleno en el déficit fiscal del Estado nacional, aunque había algunos que recibían más que otros.
Son famosos los que percibían cadenas de supermercados, casinos y bingos que eran similares a los de los barrios de personas humildes.
De todos modos, una forma de solventar estos subsidios fue aumentar impuestos. En 2000 la presión impositiva era 22% del PBI y hoy alcanza a 45%.
Esto también permitió hacer crecer la planta de personal estatal en unos 2 millones de personas.
La realidad es que el Estado necesita sincerar el valor de los servicios para evitar nuevos subsidios, pero debería revisar la carga impositiva.
Hoy, entre impuestos nacionales, provinciales y cargas de tasas municipales, el componente del Estado representa entre 45 y 50% de los que paga el consumidor.
El mismo Cachanosky critica la propuesta de Cristina Fernández que plantea declarar la "emergencia tarifaria", ser más serios y plantear la "emergencia impositiva", a fin de bajar la carga impositiva que agrava el costo que paga el usuario, pero beneficia en forma doble al Estado. Es que mientras el Estado ahorra por pagar menos subsidios, se beneficia porque cobra mayores impuestos.
Posibles caminos alternativos
Está claro que hay un impacto en los presupuestos familiares pero no se puede dejar de lado el aumento porque no hay mayor disciplinador del consumo que la tarifa.
Aunque a los consumidores este concepto no les guste, es así. Hay que pensar que el gas, y en parte la luz, provienen de fuentes fósiles, no renovables y contaminantes.
No obstante, se podrían buscar algunas alternativas. El gobernador de Mendoza mandó una propuesta, en su carácter de presidente de la UCR que, en síntesis, propone que el sistema tarifario evite los picos estacionales y plantea la posibilidad de repartir el costo anual (en base al consumo promedio) en los doce meses.
La propuesta incluye que los pagos en los meses de mayor consumo sean más altos para que los usuarios tengan conciencia de lo que pagan.
Pero el problema se repite con la luz en los meses de verano y, si se hace lo mismo, los usuarios estarían pagando boletas altas todo el año y mucho se quejarían.
Habrá que ver la forma en que se implementa pero lo que no se debe hacer es disimular el efecto consumo. Los usuarios deben ser conscientes del costo del consumo que hacen y aprender a ser racionales. No se le puede poner un cuidador a cada usuario.
Otro aspecto de la propuesta radical es de tipo impositivo y está dirigida a proteger a pequeñas empresas, para las cuales la carga de IVA es muy importante y no la pueden recuperar. Ahí se propone una suerte de recupero vía un crédito fiscal.
En este aspecto, sería más racional, aunque lleva más tiempo de implementar, establecer un sistema de consumo prepago, mediante cospeles o tarjetas magnéticas que equivalen a un volumen determinado de consumo. Cuando se agota, hay que comprar otra.
Así, los usuarios tendrían un control más racional. En este momento el sistema ya lo aplica la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz en algunos sectores.
Para el caso del gas, una alternativa de corto plazo es asesorarse con usuarios de garrafas. Ellos llevan un control muy estricto del consumo y saben perfectamente cuánto consumen y cuánto les dura cada unidad de medida con la que la que se abastecen y así miden el costo de su servicio.
Otra posibilidad es que el Estado ponga lo suyo. Con el aumento de la tarifa aumenta la recaudación de IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales.
Ninguno de los estamentos estatales ha hecho ninguna amenaza de querer sacrificar sus abultados ingresos que, sumados, equivalen casi al 50% de la boleta que paga el usuario y es, verdaderamente, un exceso injustificable.
Esto no sería novedad ya que el Estado dispuso un sistema similar para el precio de los combustibles que, aparte del IVA y otros impuestos, tenían uno específico que es el ITC.
En este caso, al liberarse el precio de los combustibles y dejar de subsidiar, se dispuso que el ITC deje de ser un porcentaje y transformarlo en una suma fija, que sube si el crudo baja, pero se mantiene congelado si el crudo sube, de manera de no agravar el problema del precio.
Se pueden buscar soluciones, pero lo que no se debe hacer es disimular el costo de los servicios ni hacer que el consumidor pierda referencia de su propio consumo. La racionalidad y el ahorro deben ser responsabilidad de cada uno.
