Hacia finales de 2012, cuando se cumplía el segundo año consecutivo de déficit en el comercio exterior de combustibles y energía, y bajo el título de “energicidio”, en esta columna decíamos: Lo que ha ocurrido con el sector energético de nuestro país en la última década puede ser leído como “suicidio u homicidio”, de uno de los sectores de actividad económica que mejor había evolucionado hasta entonces.
En una década hemos pasado del autoabastecimiento y exportación de energía a un déficit en todos los órdenes que obliga a destinar más de 10 mil millones de dólares para energía. Esta incomprensible situación es atribuible enteramente a una equivocada y demagógica política del kirchnerismo. Así lo afirman y lo demuestran acabadamente ex secretarios de Energía de la Nación en un nuevo documento.
El informe cuantifica el deterioro de los activos energéticos en la última década, como disminución del patrimonio neto del país, entre 150.000 y 300.000 millones de dólares, según el criterio de valuación de las reservas probadas.
La causa principal del desastre energético fue el virtual congelamiento de las tarifas de la energía eléctrica, en especial para las dos grandes distribuidoras del área metropolitana, Edenor y Edesur. Como en las provincias hay otras distribuidoras privadas, públicas y cooperativas que sí obtuvieron algunos incrementos, con el transcurso de los años fue produciendo una situación dispar e injusta respecto del área metropolitana. Así, había provincias en las que los consumidores estaban pagando hasta siete veces más que aquella región.
Ésta es una muestra más de los privilegios de que ha gozado el área metropolitana frente al interior.
El despropósito de la política de tarifas obligó al Gobierno a gastar miles de millones dólares en compra de combustibles y energía y en pagos a las empresas productoras de energía para que siguieran abasteciendo a la población. La fuerte baja del precio del petróleo ayudó en el último año a reducir el gasto en compras al exterior.
Ante este panorama, de sobra conocido y analizado, el gobierno nacional ha dispuesto un fuerte aumento de las tarifas para las dos empresas abastecedoras del área metropolitana y requerir que las provincias ajusten las suyas y que las empresas distribuidoras con grandes deudas con Cammesa las paguen; un caso muy importante en esta situación es Edemsa para, de esta manera, reducir los subsidios y achicar el déficit fiscal.
Los aumentos de tarifas serán muy distintos según la situación de las empresas en un caso, y los consumidores residenciales según la provincia en que vivan. Las grandes industrias ya pagaban la tarifa actual, no así las medianas y pequeñas. En cuanto a los hogares, los incrementos irán desde alrededor de 600% para el área metropolitana a 35-100% en las provincias que hicieron aumentos. Se ha creado una tarifa social para quienes consuman hasta 150 kv mensuales. Hasta esa cifra sólo pagan un pequeño cargo fijo y el consumo es gratis.
Además de esta medida, se ha puesto en marcha un ambicioso plan energético basado en documento de los ex secretarios de Energía que firmaron algunos de los candidatos, entre ellos Mauricio Macri, durante la campaña electoral.
Dicho programa se basa en cinco pilares: recuperar el abastecimiento energético, sanear las cuentas del sector reduciendo los subsidios, promover inversiones privadas a través de licitaciones internacionales, impulsar la eficiencia y el uso racional de la energía, y diversificar la matriz energética con mayor participación de las energías renovables.
Al respecto, cabe tener en cuenta que el año pasado el Congreso de la Nación sancionó la denominada Ley de Energías Renovables Nº 27.191 que establece importantes beneficios para el desarrollo de dichas energías. Éstas son: eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz u olamotriz, de las corrientes marinas, hidráulica (inferior a 50 MW), biomasa, gases de invernadero, gases de plantas de depuración. Incluye también el biogás y biocombustibles, cuando no estén incluidos en otros programas de promoción.
En las próximas semanas el PEN va a reglamentar la citada ley que, en el contexto de una nueva política energética, ya ha mostrado gran interés de empresas en invertir en ellas.
