Buscando poner fin a la ola creciente de planes de lucha de empleados públicos, el gobernador Francisco Pérez endureció su postura: estableció un techo virtual para los aumentos 2012, apeló a la conciliación obligatoria y ordenó la redacción del decreto de aumento para el personal policial y penitenciario que no negocia sus aumentos.
Fijó en el 25% desde marzo (20% si se anualiza) el tope del gasto salarial que asumirá el Estado este año. Acto seguido, ofreció este porcentaje ayer por la tarde en la mesa paritaria del SUTE, cuyos dirigentes admitieron el ofrecimiento y lo pondrán a consideración de los plenarios departamentales y provincial. Todo ocurre luego de dos paros que suman cinco días y dos marchas en lo que va del año.
Simultáneamente, pidió ante la Subsecretaría de Trabajo la declaración de la conciliación obligatoria en el conflicto con los gremios de la Salud. Aquí ATE y Ampros han rechazado la oferta del 24,6% en tres veces desde marzo, llevan concretado un día de paro con movilización y ya han dispuesto 48 horas de huelga para mañana y pasado, que es justamente la que quiere frenar el Gobierno con su planteo.
Desde la tarde de ayer el subsecretario de Trabajo, Ariel Pringles, mantiene reuniones con su cuerpo de abogados preparando una decisión final entre el más probable dictado de la conciliación y el menos esperado rechazo a la solicitud del Ejecutivo.
Pringles es un dirigente del gremio de los Judiciales Federales, cercano a la CGT moyanista, por lo que no deja de estar tironeado entre dos fuerzas, como funcionario del Gobierno provincial. En el Ejecutivo sólo el subsecretario de Trabajo puede disponer una conciliación obligatoria en un conflicto, a pedido de partes (como en este caso, del Ejecutivo) o de oficio. "No quiero dar un paso en falso y estoy preparando la resolución final", aseguró anoche Pringles a Los Andes, sin adelantar posturas. Aún ocupará media mañana de hoy en reuniones con abogados "internos y externos" a la Subsecretaría de Trabajo, antes de adoptar la decisión final.
En los últimos días, Pérez vivió la semana más crítica en materia de reclamos con cinco manifestaciones en tres días: el miércoles marcharon cerca de 10 mil docente en el primero de tres días de paro, el jueves hubo huelga y manifestación de 2.000 empleados de la Salud. Ese mismo día, un sector de obreros vitivinícolas manifestó en la Casa de Gobierno, aunque finalmente esta paritaria se cerró con un aumento de 25% en tres veces.
En tanto el viernes, el turno de las marchas le tocó a los obreros de la construcción y mineros de Potasio Río Colorado, por el riesgo de pérdida de puestos de trabajo. Y a los padres y alumnos del Liceo General Espejo, que reclamaban la continuidad de los planes de estudio -incluida la instrucción militar- finalmente resuelto por la Nación.
Este año, como en otras oportunidades, la protesta en la Salud vuelve a mostrarse "concentradora" de otros reclamos -administración central y judiciales- y está muy lejos de un acuerdo mínimo, ya que la distancia entre lo ofrecido (24,6) y lo reclamado (50%) supera al mismo ofrecimiento. Además ya repite la espiral creciente de huelgas de otros años con 48 y 72 horas dispuestas para ésta y la próxima semana (con adhesión de la administración central).
Esto pone en peligro el funcionamiento normal de los hospitales y centros de salud durante diez días seguidos a fines de este mes, ya que se pegaría a los feriados por la Semana Santa y el que recuerda a los caídos de Malvinas. "La propuesta de piso tendrá que superar la inflación", reclamó la titular de ATE, Raquel Blas. "Al cortar unilateralmente la negociación (el Gobierno) sabía que se venían los paros progresivos", subrayó la dirigente de Ampros, Isabel del Pópolo.
Docentes evalúan
"La oferta es del 25% desde marzo y en una cuota", adelantó el propio Pérez por la mañana en Tunuyán (ver aparte). El porcentaje se aplica al básico y al estado docente (o ´código' en los celadores) e incluye el pago por única vez de 400 y 250 pesos para ropa de celadores y ayuda escolar de docentes. Y mantiene la construcción de 500 viviendas para trabajadores de la educación y el nombramiento de celadores. "Esta es absolutamente la última propuesta", ratificó por la tarde en la paritaria el negociador del Gobierno, Mauricio Guzmán.
"La nueva oferta ha tomado lo que pidieron muchos compañeros en el último plenario: el fin de los aumentos en etapas", destacó el secretario general del SUTE, Javier Guevara, mostrando cierta satisfacción. La anterior oferta fue una suba de 26,5 % pero a liquidar una parte desde marzo y el resto desde julio. Ahora el secretariado del sindicato "bajará" la oferta a las escuelas para las simulaciones personales. Y entre el jueves y el próximo lunes se harán los plenarios departamentales y provincial, que adoptarán la decisión final.
