El conmocionante caso de Luciana Rodríguez, la niña de 3 años que murió en enero de 2014 luego de que su madre y su padrastro la abandonaran con evidentes signos de maltrato en la guardia de una clínica, fue el disparador.
Sin embargo, no ha sido el único que ha dejado en evidencia las falencias del accionar de la Dinaf -Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia- y sobre todo del Órgano Administrativo Local (OAL) que depende de esta repartición, teniendo en cuenta que la situación de la niña estaba judicializada y sus padres sospechados de agredirla físicamente.
Por esta razón, el Ejecutivo planea enviar la semana próxima un proyecto de ley a la Legislatura en el que se incluyen una serie de modificaciones sustanciales a la Ley de Niñez, Adolescencia y Familia (26.061).
El mismo apunta a fortalecer las instituciones y a que se garantice efectivamente el respeto de los derechos de los niños y de las partes más vulnerables.
De esta manera, la finalidad es fortalecer las sedes del OAL a través de un sistema informático que integre la información de aquellos chicos que estén judicializados o en observación, vinculando, por ejemplo, su legajo de salud con el escolar (actualmente esos datos van por carriles diferentes).
Además, no descartan la disolución de la Dinaf -al menos como se la conoce actualmente-. “Se está estudiando a toda la Dinaf en su conjunto. El nombre que tenga la entidad encargada de garantizar que se cumplan los derechos de los chicos va a ser lo de menos. Acá lo que importa es que las instituciones garanticen que se cumplan esos derechos”, destacó una de las especialistas que viene trabajando desde el año pasado en el comité que ha encarado las modificaciones.
Legisladores de la oposición, en tanto, destacaron que desconocen las modificaciones que se van a proponer -es algo que se ha manejado con mucho hermetismo desde el oficialismo-, aunque solicitaron que no se abandone el trabajo que se viene haciendo en la Casa de las Leyes con varios proyectos sobre la temática que fueron unificados.
Cabe recordar que hoy la Dinaf está acéfala: el martes pasado renunció la directora, Mabel Vicario, por “motivos personales”, según explicaron desde el Gobierno.
Reformulada
En más de una oportunidad, funcionarios de la actual gestión -entre ellos el gobernador Alfredo Cornejo- han criticado públicamente y con dureza el estado actual de la Dinaf, así como también su funcionamiento.
De hecho, luego de la muerte de Luciana salieron a la luz varias irregularidades más, siempre vinculadas a la falta de acción y reacción de la OAL (6 funcionarios de la Dinaf están imputados).
“El caso de Luciana fue quizás el más visible y el que disparó todo, pero lo cierto es que hay vulnerabilidades. Por eso estamos trabajando en el nuevo proyecto. Los OAL de las áreas metropolitanas -Guaymallén, Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Luján y Maipú- están desbordados y por eso es que vamos a proponer un sistema informático que englobe a todos los sectores (DGE, Salud, etc.).
Necesitamos un sistema que vincule todos los datos y que esté interconectado”, agregó la fuente, que ha participado de las propuestas de modificaciones.
Hace dos semanas se conformó la comisión bicameral de Familia, Niñez y Adolescencia en la Legislatura, que será precisamente la que analice el proyecto del Gobierno una vez que tome estado legislativo.
Una de las representantes de la oposición es la diputada Sonia Carmona (FPV), quien destacó que hace casi dos años se viene trabajando puertas adentro en los cambios: “Salió un interesante despacho que incluye otras iniciativas que habían sido presentadas oportunamente, todas integradas y mejoradas. Trabajamos también con la Universidad del Aconcagua -que tiene su Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia- y con varios especialistas. Por una cuestión política, no llegó a aprobarse esta ley. Pero fue un buen proyecto ya que intervinieron todos los bloques”.
La diputada resaltó que con la mencionada iniciativa buscaban darle un ordenamiento al sistema, sobre todo cuando las causas se judicializan e interviene el OAL.
“Resulta fundamental para saber qué responsabilidades tiene cada una de las partes y que éstas se conozcan. Además, incluía a todos los municipios, planteaba la creación de un consejo específico -con trabajo interministerial- e impulsaba la creación de un legajo único (un registro con información disponible de niños y adolescentes que en algún momento hayan pasado por la órbita estatal)”, se explayó Carmona.
“Es muy poco lo que sabemos del proyecto en el que se está trabajando, nos ha llegado la versión de que quieren disolver la Dinaf. No nos parece correcto que estén planteando otra iniciativa cuando ya había una y no coincidimos en el método que está siguiendo el Ejecutivo. Sabemos de las dificultades actuales que tiene el sistema y entre todos tenemos que mejorarlo, porque es un desastre. Pero no creo que la solución sea desarmar todo y volver a empezar buscando solucionar ‘mágicamente’ la vulneración de derechos”, cerró la diputada de la oposición.
Los juzgados de Familia serán divididos en dos
Además de las modificaciones administrativas, hay otros aspectos en los que ya se empezó a trabajar en lo que se refiere a la Justicia de Familia. Se trata de la adecuación del procedimiento judicial de los tribunales de Familia al nuevo Código Civil y Comercial. Aquí están trabajando las juristas Aída Kemelmajer (una de las redactoras del Código) y Mariel Molina.
“El objetivo es adaptar los juicios al nuevo Código. De acuerdo a la propuesta, se establecerían dos tipos de juzgados de Familia: los civiles y los abocados a las medidas de protección. Actualmente hay un solo tipo de juzgado, pero se los dividiría”, explicó el juez de Familia Carlos Neirotti.
Asimismo, destacó que se crearía la figura del consejero de familia, una especie de mediador dentro del juicio que eliminaría las audiencias por escrito y que -además- crearía una instancia intermedia de mediación justamente antes del juicio.
