El presidente de Ecuador, Rafael Correa, impuso una polémica ley de control financiero, decidido a blindar a Ecuador de una crisis bancaria como la de 1999, que dejó pérdidas millonarias al Estado y aún traumatiza a los ecuatorianos.
El Congreso -de mayoría oficialista- aprobó el jueves el Código Orgánico Monetario y Financiero, que crea una junta reguladora controlada por el Ejecutivo con amplios poderes para supervisar todo el sistema financiero, el mercado de valores, de cambios y de seguros.
El organismo corregirá la “dispersión de distintas entidades haciendo lo mismo. El sistema necesita regulación”, explicó el vicepresidente Jorge Glass el jueves.
Glass negó que la junta, que direccionará los créditos y tendrá facultades para el uso de un millonario fondo de liquidez de los bancos, permita al gobierno decidir a quién deben prestar los bancos, como aseguran los opositores.
Con el texto, aprobado con el voto de 91 de los 137 diputados, el gobierno de Correa busca impedir crisis como la de hace 15 años, cuando 16 bancos quebraron y el Estado tuvo que inyectar 8.000 millones de dólares para atender a los depositantes.
En medio de la amenaza de una hiperinflación, ese colapso provocó un feriado bancario, el congelamiento temporal de los depósitos y la dolarización de la economía, aún vigente. Además, cientos de miles quedaron en la ruina, por lo que unos tres millones de ecuatorianos emigraron y el mandatario de entonces, Jamil Mahuad, fue derrocado por masivas protestas.
Con Correa, en el poder desde enero de 2007 y reelegido hasta 2017, el sistema bancario fue obligado a reducir sus tasas de interés y tarifas por servicios y ha perdido beneficios tributarios. Además, el presidente promovió reformas para prohibir a los banqueros participar en negocios ajenos, como en los medios de comunicación, y para fijar sus salarios.
"Intervencionismo estatal profundo"
El nuevo Código, que otorga atribuciones a la junta reguladora para prevenir y desincentivar prácticas fraudulentas, como el lavado de activos y el financiamiento de delitos, entre ellos el terrorismo, según el Ejecutivo, es cuestionado por el sector privado, que considera que permitirá al gobierno una desmedida injerencia en la banca.
“Irremediablemente, es un intervencionismo estatal profundo”, dijo ayer el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), César Robalino.
Agregó que el gremio “no se opone” al control, pero “una cosa es mejorar la calidad de supervisión y regulación y otra cosa es el intervencionismo estatal intenso que promueve ese proyecto. Eso es lo preocupante”.
A los opositores “les parece extraño que el Estado intente recuperar mecanismos para generar desarrollo productivo, fuentes de trabajo o que prohíba a personas con conflicto de intereses regular el sistema financiero. Peor aún, les suena a herejía recuperar para el Estado la potestad de regulación” financiera, declaró el legislador oficialista Virgilio Hernández.
Robalino señaló que, debido a las amplias facultades que tendrá la junta, sería un “desacierto total y absoluto” que el gobierno se “atreva” por necesidades fiscales a tomar un fondo de liquidez del sistema bancario de unos 2.050 millones de dólares y en crecimiento.
“Eso debilitaría total y absolutamente toda la red de seguridad financiera y no habría suficiente liquidez cuando una entidad la requiera”, enfatizó.
Sin embargo, Hernández precisó que las deficiencias de liquidez de la banca serán cubiertas con el fondo, por lo que “no se destinarán recursos públicos” para resolverlas, como sucedió en la crisis de 1999.
