La imposibilidad de cumplir las metas del primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha obligado al gobierno a negociar un segundo acuerdo, cuya entrada en vigor se produce en el presente mes de octubre.
Ese acuerdo, complementario del anterior, tiene importantes diferencias y particularidades, tanto respecto al previo como a otros celebrados en épocas anteriores.
Dos aspectos sobresalen claramente respecto al que le antecedió:
En primer lugar, se aumenta considerablemente el monto que recibe Argentina llevándolo a 57.100 millones de dólares, con un adelanto importante del cronograma de las erogaciones. Por el monto de los fondos destinados a asistir al país se trata del mayor acuerdo del FMI.
En segundo lugar, se considera que por el monto y rapidez con que se decidió este acuerdo, tiene un contenido político tanto o más importante que el económico.
Efectivamente, ese acuerdo no se hubiese concretado sin un extraordinario apoyo político a la Argentina por parte de las grandes potencias que controlan el FMI.
Especialmente significativo es el apoyo del presidente Donald Trump de los EEUU, expresado a través de una carta pública. Pero también de países como Inglaterra o Francia.
Este costado político del acuerdo viene a ratificar el lugar prominente que geopolíticamente ha recuperado nuestro país en relación a Occidente y, en particular, en su relación bilateral con EEUU.
Esta posición se hace más relevante aún frente a la incertidumbre que crea el resultado electoral en Brasil, el país más importante de Sudamérica. A lo que se agrega la incógnita de la inminente asunción de Manuel López Obrador como presidente de México, dirigente que viene de la izquierda.
Desde el punto de vista económico, el acuerdo contiene varios aspectos a considerar.
El primero y más importante es que el préstamo posibilita que la Argentina podrá hacer frente a todos los pagos de la deuda pública hasta entrado el año 2020. De manera que el riesgo de default, instalado irresponsablemente en las últimas semanas por operadores financieros que alimentaron el fuerte salto del dólar ha quedado aventado.
Otro aspecto muy importante es que las metas monetarias y fiscales son más rigurosas y se adelantan en el tiempo. En este sentido parece ser que el gradualismo ha sido dejado de lado en esta materia. En el plano fiscal el objetivo de alcanzar el déficit primario cero el próximo año es muy exigente. Como hemos dicho reiteradamente en esta columna, ello se lograría por alguna reducción del gasto público y un incremento de la presión fiscal, por aplicación de retenciones a todas las exportaciones y una rebaja a los reintegros de las mismas.
En materia monetaria el apretón es muy fuerte; el gobierno se ha comprometido a mantener el actual nivel de la base monetaria, en términos nominales, hasta junio del año que viene. Esto es emisión monetaria cero, cuando hasta ahora la emisión de moneda y la inflación han ido muy parejas. Como es lógico esto produce, a su vez, una suba enorme de la tasa de interés.
La otra medida innovadora en este tipo de programa es que el tipo de cambio flotará en una banda bastante amplia, de entre $ 34 y $ 44 por dólar, con ajuste de 3% mensual hacia arriba hasta fin de año. Si el tipo de cambio llega al mínimo, el Banco Central comprará dólares y si llega al máximo venderá.
Un problema importante es el claro efecto recesivo del programa del Fondo, lo que ha hecho que el organismo amplíe considerablemente la parte que el gobierno puede destinar a los programas de asistencia social.
Por cierto, el objetivo del programa es lograr la estabilidad monetaria, eliminar el déficit fiscal primario y reducir drásticamente el del comercio exterior. Lo cual no es un programa y una situación que "enamore a nadie". Pero también es evidente que no hay alternativas a este camino de reducir los dos grandes desequilibrios de la economía, el déficit fiscal y el del comercio exterior, para detener la inflación y la escalada del tipo de cambio.
