El gobierno provincial anunció la firma de un convenio con la Nación por la cual ésta le traspasa los fondos y la gestión para la construcción de la presa de Portezuelo del Viento, sobre el Río Grande, en Malargüe. El convenio obliga al Estado nacional a pagarle a Mendoza u$s 1023 millones, mediante bonos y con pagos trimestrales. La provincia deberá hacer el llamado a licitación y supervisar la ejecución. La conclusión es que la Nación paga la obra en cumplimiento del acuerdo transaccional por el juicio que la provincia le hizo para compensar los daños generados por la Promoción Industrial en las provincias vecinas.
Como es lógico, la noticia fue recibida con cierto escepticismo por la mayoría de los mendocinos, que viene escuchando promesas sobre esta obra desde que el ex gobernador Julio Cobos firmó el acuerdo con el ex presidente Néstor Kirchner. Si bien la obra se venía prometiendo desde hace más de 70 años, como la mejor posibilidad de que Mendoza aprovechara la cuota que le corresponde por su condición ribereña del Río Grande, el más caudaloso de la provincia, nunca se pudo avanzar por el costo que implicaba. El acuerdo de Cobos le daba cierta certidumbre porque cambiaba una deuda de la Nación por una obra concreta, pero al firmarlo, Mendoza renunció a nuevas medidas judiciales por este tema, con lo cual el mismo quedó entrampado en las redes de la política.
El nuevo acuerdo firmado cambia las expectativas de modo rotundo y es un motivo para sentirse esperanzado con mayores certidumbres. En principio, supera al acuerdo político y lo transforma en una obligación financiera que, desde ya, puede ser reclamada judicialmente en caso de incumplimiento. Pero además, la suma comprometida parece muy importante y podría complicar el panorama fiscal de la Nación, pero la deuda se pagará en cuotas programadas con un flujo similar al que demandará la puesta en marcha y ejecución del proyecto, lo que le da bastante lógica.
Y es muy valioso que el compromiso haya sido supervisado por el FMI, ya que éste dio el acuerdo a la forma de pago por tratarse del cumplimiento de un acuerdo extrajudicial.
La obra comprende la relocalización de una pequeña población (Las Loicas) y la construcción de la traza de dos rutas. Siendo la obra de mayor envergadura de la provincia, tendrá un embalse de 2.000 hm3 para generar electricidad. Por el acuerdo, la energía producida se venderá a través de CAMMESA y el producido será para la provincia de Mendoza. Un dato importante aportado por las autoridades es que los recursos obtenidos por la generación irán a un fideicomiso para financiar futuras obras en la provincia, algo parecido a lo que en su momento fue el Fondo de Infraestructura, generado con los recursos de la privatización de EMSE y que permitió la construcción de la presa Potrerillos.
La magnitud de la obra va a requerir el concurso de consorcios internacionales porque, aparentemente, no se licitará por partes sino como un proyecto integral, desde las obras civiles hasta la provisión de las turbinas y, aparentemente, se seguirá con la aplicación del “compre provincial”, aunque debería ser en igualdad de condiciones para no encarecer la obra.
No obstante, quedan dudas acerca de otras obras complementarias que son fundamentales y que todas rondan la misma zona. En primer lugar, la obra no tendría un uso directo de riesgo porque en la zona no hay tierras aptas para cultivos como para sorber semejante caudal de agua. En este caso, entra en juego el proyecto de trasvasar aguas al Río Atuel, que viene muy decaído en sus volúmenes por los efectos del cambio climático, que ha generado menos precipitaciones de nieve y una retracción de los glaciares. Pero esto entra en el conflicto que la provincia tiene con La Pampa y se debe dirimir el tema para no perder los mismos. Hay que buscarle una solución rápida porque las obras del trasvase, si se haceb, deberían estar terminadas junto con la presa y antes de que ésta comience a generar energía.
También se debería pensar en aprovechar este movimiento para terminar el tramo de la ruta 40 que va de Malargüe hasta el límite con Neuquén. Habría ya algunas obras en el tramo de Pareditas a Malargüe, pero falta el tramo inferior que sería muy importante tanto para el sector petrolero como para el turístico.
En definitiva, una gran obra que licitará el gobernador próximo pero que va a inaugurar quien lo suceda dentro de 5 años. Todas las decisiones que se tomen deberán tener acuerdos políticos porser una política de Estado.
