El juez brasileño Sergio Moro hizo lugar ayer a una nueva denuncia por corrupción y lavado de dinero contra el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, a quien ya condenó a casi 10 años de prisión hace tres semanas en una causa diferente.
Lula (2003-2010), que enfrenta otros 5 procesos penales, está siendo acusado ahora de recibir sobornos de las constructoras Odebrecht y OAS, materializados a través de reformas en una finca en Atibaia (interior de San Pablo), a cambio de contratos con la estatal Petrobras.
Símbolo de la lucha anticorrupción para muchos, y convertido en enemigo del ex mandatario, esta es la tercera denuncia que el juez Moro acepta contra Lula.
La primera de ellas concluyó el pasado 12 de julio con su condena a 9 años y medio de cárcel, después de que el magistrado le considerara beneficiario de un departamento tríplex en el balneario de Guarujá (San Pablo), ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en la petrolera estatal.
Ahora, la que está bajo la lupa es la finca de Atibaia. A pesar de que el inmueble no está a nombre del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) -argumento central de su defensa-, el magistrado, según se desprende del documento, afirma que hay elementos que prueban su titularidad de hecho.
Además de Lula, otras 12 personas fueron acusadas, entre ellas el expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht; el dueño de OAS, Léo Pinheiro; el abogado de Lula, Roberto Teixeira y el dueño de Odebrecht, Emilio Odebrecht.
Según la denuncia, Odebrecht pagó unos 128 millones de reales en sobornos, mientras que OAS habría abonado otros 27 millones.
