Francisco Pérez pidió tres leyes. Las tres están en tratamiento en la Cámara de Diputados. Dos de ellas estaban a tiro de ser aprobadas. Una de ellas iba estaba en los planes votarla ayer, pero eso no ocurrió.
El propio PJ pidió una semana más para consultar con el Ejecutivo las modificaciones al proyecto de autarquía judicial. El gran debate es el porcentaje del presupuesto que se debe destinar al Poder Judicial y la voluntad de la clase política parece no ser muy generosa con los jueces: el número que ronda es 5% del total del presupuesto.
El otro proyecto que está en la recta final es el de creación de la agencia de recaudación, aunque han aparecido algunas críticas desde el sector gremial. El que sigue sin ver la luz del acuerdo político es el que sanciona el estatuto de la empresa provincial de energía.
El martes a la tarde llegó el número al que aspira el Poder Judicial: 1.071 millones de pesos para 2013, un incremento del 31% de lo que gastarán en todo 2012. Esto sería como un 8% del total de los recursos recaudados por la provincia entre ingresos brutos, automotor e inmobiliario, más la tasa de Justicia que recauda el propio Poder Judicial.
Pero la idea de la clase política es otra: darles el 5% del total del presupuesto. Si la pauta de gastos votada para el año en curso ascendió a 20 mil millones de pesos, el 5% son algo así como 1.000 millones de pesos.
Dejar abierta una cláusula gatillo para habilitarles fondos, en caso de que se vea en peligro la prestación del servicio de justicia. Se trata de un sutil hachazo a las pretensiones de los magistrados.
Sólo el PD duda de este porcentaje que el PJ cree justo y que el radicalismo no mira con malos ojos. Sin embargo, hoy la pelota está en manos del Ejecutivo, donde se sacan cuentas para ver dónde se corta la torta.
El otro proyecto que debería estar a punto de ver la luz es el que transformará a la Dirección General de Rentas en una agencia de recaudación. También en líneas generales hay acuerdo entre oficialismo y UCR, debido a que el partido opositor tiene un proyecto muy similar firmado por una de sus diputadas: Liliana Vietti.
Sin embargo, no todo son rosas. Hay una resistencia del radicalismo y se refiere a la composición del directorio del nuevo organismo: para el gusto radical la creación de seis direcciones que hoy no existen va a contramano de la desburocratización que se requiere para agilizar el cobro de impuestos.
Corregido este detalle, el radicalismo estaría dispuesto a dar el aval al proyecto de Pérez, si es que se lo puede llamar así, puesto que también es una idea que el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea) viene empujando hace tiempo. Sin embargo, también los afiliados al gremio que conduce Víctor Hugo Dagfal tienen algún reparo.
Cabe recordar que la fortaleza de Sitea reside en la Dirección General de Rentas. Ahí es dónde tiene su mayor cantidad de adherentes. Los reparos de los trabajadores, que serán los empleados de la agencia, tampoco es un detalle menor.
En un principio, Sitea había acordado los términos de la nueva agencia con las autoridades del Ministerio de Hacienda. Las dos condiciones que impuso el sindicato eran que en la ley de creación quedara claro que el cobro de impuestos es una función indelegable del Estado, para evitar cualquier intento de tercerización de la gestión en el futuro. La otra condición, aprobada por asamblea, es que les aumenten el porcentaje de la recaudación destinada al fondo estímulo.
De todo lo que recauda Rentas, el 6 por mil se destina a conformar un fondo que se reparte entre los trabajadores. Los trabajadores dicen que ahora entrarán a trabajar 170 empleados más a la estructura de la futura agencia y eso implica que la torta se repartirá entre más personas, por lo que piden que ese porcentaje se lleve al 8 por mil.
Desde la Legislatura responden que no hay margen para eso. Desde el Sitea dicen que, si bien el ministro Marcelo Costa nunca lo aceptó, se comprometió a no operar en contra. En una asamblea, ayer, denunciaron que Costa está llamando a la Casa de las Leyes para predisponer a los legisladores en contra del incremento del porcentaje.
