Nuestro país tiene un porcentaje de economía negra que se estima, según los cálculos más conservadores, en un tercio del PBI. Esto se traduce en recursos fiscales que no ingresan y que se recargan a los que contribuyen.
Un trabajador cobra neto, por cada mil pesos que percibe de salario bruto, menos de ochocientos y para el empleador su costo oscila entre mil quinientos a dos mil. Esa es una de las causas de la desocupación y de la existencia de un gran porcentaje de trabajo en negro, lo que afecta, entre otras cuestiones al sistema previsional. El sistema previsional la Argentina es el único país que tiene edades diferenciales para jubilarse de acuerdo al sexo. Hoy el promedio de edad de las mujeres supera en seis años al de los hombres, sin embargo se pueden jubilar cinco años antes.
Por otro lado, no sólo los jueces están exentos del impuesto a las ganancias, sino todos los empleados del Poder Judicial. Suprimir esa exención permitiría, por ejemplo, duplicar los fondos asignados a infraestructura escolar.
Varias provincias han eximido, ilegalmente, del impuesto a las ganancias a sumas como viáticos, horas extras y otros suplementos que perciben los empleados provinciales. Pero después los gobernadores reclaman fondos nacionales. Piden pero sabotean los ingresos.
El sistema impositivo de las provincias está lleno de impuestos, tasas y gabelas distorsivos que ahuyentan la inversión. Ingresos brutos o sellos son ejemplo de ello.
Hay que diferenciar el impuesto a las ganancias del impuesto a los ingresos. Las ganancias son propias de las empresas y en un país que tiene una baja tasa de inversión se debe disminuir la presión por ese lado, fomentando la reinversión de las utilidades para hacer crecer la economía y generar empleo.
El impuesto a los ingresos se paga en todo el mundo desarrollado, por todos los trabajadores, pero debe ser progresivo. Por ejemplo, más que gravar a la empresa hay que afectar los ingresos de los ejecutivos y de los propietarios o accionistas de las mismas. Hoy existe poca progresividad entre los que superan los cien mil pesos de ingresos mensuales y los que sobrepasan los trescientos o cuatrocientos mil pesos.
Varias de las mayores distorsiones se dan en el sistema de coparticipación federal.
La primera distorsión es provocada por el criterio de calificar las provincias entre pobres y ricas. Es que la pobreza, en gran parte, está provocada por la falta de calidad institucional de esas provincias, la ausencia de burocracias capacitadas y la existencia de oligarquías que gastan en nombrar empleados públicos innecesarios y en obras de baja rentabilidad social. Se ha montado una complicidad entre gobernantes y proveedores del Estado y contratistas de obras públicas que se apoderan de los presupuestos y, por cierto, a los pobres llega poco y nada. Por eso muchos emigran a los conurbanos de las provincias más desarrolladas. La mayor parte de los pobres, en realidad, están en las llamadas provincias ricas, que tienen menos recursos para atender esa situación, por el exceso de fondos que van a las provincias atrasadas y gobernadas por oligarquías.
La otra distorsión la han provocado las negociaciones políticas entre los gobiernos nacionales y las provincias que aprovechan su sobre representación en la Cámara de Diputados y la paridad entre ellas en el Senado. Es así como, algunas tiene el doble de ingresos por habitante que el promedio nacional.
La más perjudicada es la provincia de Buenos Aires que en su conurbano cuenta con cuatro millones de pobres, emigrados desde el norte. Por eso especular, debido a razones electorales, con sacarle más fondos a la provincia de Buenos Aires, como intentan algunos gobernadores del atraso, es una infamia.
Está bien que el manejo del transporte y el control de los servicios como la energía pasen a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires, pero no se puede pretender que eso sea a costa de sus ingresos actuales, porque es atentar contra la posibilidad de mejorar la vida de millones de habitantes pobres e indigentes.
Es que la mayor parte del PBI nacional se produce (y en consecuencia la recaudación de los ingresos fiscales) en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, y luego en Córdoba, Santa Fe y Mendoza, otras provincias discriminadas como también el 80% de las exportaciones de bienes y servicios.,
Una política que reduzca la pobreza sólo puede ser encarada desde la Nación y requiere inversiones en infraestructura como mayor injerencia en educación.
Hay que asumir que la transferencia de la educación a las provincias, que en teoría le daba mayor cercanía a la administración de los recursos, ha significado una decadencia del nivel de la misma en las provincias menos desarrolladas, dificultando la salida de la pobreza.
Los recursos que llegan de la coparticipación federal han dado como resultado, también, un escaso interés en mejorar la recaudación local, como se observa en jurisdicciones que apenas cubren sus presupuestos con un siete o doce por ciento de recursos propios del total de sus gastos..
Tal vez debería analizarse una reforma más acorde con lo establecido en la Constitución, separando las competencias impositivas de la Nación de las que corresponden a las provincias y formar un fondo de equilibrio regional, para financiar, las obras necesarias que saquen del atraso a las provincias pobres.
No hay que insistir en lo que ha fracasado como los regímenes de promoción industrial, que sólo sirvieron para poner talleres fantasmas, disminuir los recursos fiscales y enriquecer a gobernadores corruptos que no pueden explicar el origen de sus fortunas.
La Argentina necesita crecer, encarar un programa de desarrollo que permita generar empleos de calidad con salarios altos. Para esto hace falta un sistema impositivo que estimule la inversión. Necesitamos una tasa de inversión cercana al 30% anual, que es la tasa que tuvimos entre 1894 y 1914; por eso el PBI se cuadruplicó en ese lapso.
Esto debe ser acompañado por la adecuación de los convenios laborales para bajar el costo sin afectar el salario, que mejoren la productividad. Los impuestos al trabajo, han servido para incentivar la desocupación y los negocios ilícitos que han enriquecido a las mafias sindicales.
Se necesita, además de las reformas impositivas, en muchas provincias -sobre todo en el norte- más garantías a los derechos de propiedad y un Poder Judicial libre de las presiones de los gobernadores, que por otro lado han conseguido de los gobiernos nacionales imponer sus candidatos a jueces federales, provocando que ese fuero se llene de ineptos, corruptos y hasta jefes de bandas delictivas, estando al servicio de la impunidad de los funcionarios provinciales y en varios casos de las bandas del narcotráfico y de la piratería del asfalto.
