La consecuencia de todos estos aumentos es que en el país granero del mundo, el alimento más básico de los seres humanos cuesta alrededor de $13 el kilogramo, esto es 2,50 dólares al tipo de cambio oficial o poco más de un dólar "blue".
Como algunas instituciones internacionales toman estos 2,50 como el ingreso diario para definir la línea de pobreza, sin muchas precisiones podemos decir que en nuestro país sólo alcanza para comprar un kilo de pan.
La situación descripta es el resultado de la política aplicada a la producción y comercialización del trigo en los últimos siete años por uno de los personajes que manejan la economía del país, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
Hacer inteligible lo que ha venido sucediendo con la cadena productiva del trigo y sus derivados no es tarea sencilla. La historia de la intervención del Estado, en los diversos mercados de la cadena productiva, se inició en 2006 con la designación precisamente de Guillermo Moreno en su cargo actual. En mayo de ese año el citado funcionario ordenó cerrar temporalmente las exportaciones de trigo, bajo el atractivo lema de "preservar la mesa de los argentinos".
Un año después, frente a la suba del precio internacional de los granos, el gobierno instaura un sistema de subsidios al agro, que incluye a los molinos harineros, con la finalidad de desacoplar los precios internos de los internacionales. Se subsidia así la compra de trigo que hacen los molinos, con la obligación de vender la harina a los panaderos a un precio fijo, muy inferior al de mercado.
En 2008 se da una vuelta más de tuerca a la intervención implantando el denominado ROE verde, que no es otra cosa que un permiso oficial para poder exportar trigo. Sólo con ese permiso se puede exportar y por la cantidad que se ha autorizado. A ello debe agregarse la existencia de las denominadas retenciones a las exportaciones que en el caso del trigo son del 23%. Todas estas medidas desalientan la siembra.
Un dato es elocuente: en la última campaña triguera correspondiente al año 2012, la superficie cultivada -3,2 millones hectáreas- ha sido la menor en 110 años de historia del cultivo del cereal y una producción cercana a 10 millones de toneladas.
Para agravar la situación, por efecto del clima, los cultivos fueron severamente afectados por hongos que disminuyeron su calidad y dificultaron su comercialización. Los productores desalentados por los efectos de la intervención del Estado se volcaron a otros cultivos de invierno como la cebada, cuya superficie cultivada ha tenido un crecimiento explosivo.
Un dato más hace comprensible el desaliento de los productores y sus consecuencias: el trigo tiene dos destinos, la venta a los molinos harineros y la exportación.
Cuando exportadores y molineros compiten por el grano, el productor recibe el precio pleno, pero cuando se cierran o limitan las exportaciones, no hay competencia compradora y los descuentos sobre los precios, sumados a las retenciones, llegaron al 40% el último año.
En este contexto, al intervencionismo económico se le ocurre otra de sus "brillantes" ideas: devolver las retenciones del 23%; así, en lugar de eliminarlas crea un fideicomiso donde se depositarán las retenciones cuando se concreten las exportaciones, que luego, mediante un burocrático proceso se le devolverán a los productores. Posiblemente con la misma "rapidez" que cobran los exportadores de vino.
Todo esto fue anunciado, atril y aplaudidores mediante, por la Presidenta de la Nación. Mientras tanto, el pan nuestro de cada día es cada vez más caro y, para no pocos, inalcanzable.
