La disyuntiva que encierra la pregunta del título de esta columna no es ninguna ingenuidad. Podría serlo si la sociedad argentina y, sobre todo, sus autoridades tuviesen plena conciencia -y reaccionaran en consecuencia- de las características perversas que ha adoptado el ámbito de los boliches y de otros centros de diversión nocturna. Pero no hay plena conciencia o, tal vez peor, se ha naturalizado que a los menores de edad se les venda alcohol y drogas de todo tipo; o que esos adolescentes y jóvenes lleven desde sus hogares los tragos ya preparados.
Y se han naturalizado las “previas”, de manera que cuando los adolescentes y jóvenes entran a un boliche ya llegan con un alto nivel de alcohol bebido.
Y en esos centros de diversión, por otra parte, se comercian y consumen distintos tipos de drogas sin que exista el menor control de ello por parte de las autoridades.
La nocturnidad ha sido convertida en un espacio que permite, entonces, el consumo sin límites de alcohol y drogas; que posibilita el acoso y violación de jovencitas y es -lo más grave- generador de actos de violencia que pueden terminar en homicidios. Este es el caso de Fernando Baez, brutalmente golpeado y asesinado por un grupo de jóvenes en los alrededores de un boliche de Villa Gesell. Es un caso que ha conmovido a la sociedad argentina, y por sus características su trascendencia nacional e internacional nos pone de frente al fenómeno, de manera que no podemos dejar de abordarlo en toda su dimensión.
Por la magnitud de este hecho, por el impacto producido en todo el país, por la conmoción que ha generado en las familias, se presenta una oportunidad cierta para que la sociedad reflexione y exija medidas que establezcan y faciliten el control estricto de la nocturnidad y la prevención y eliminación de la actividad delictiva que, hoy en muchos casos, la acompaña. Y, al mismo tiempo, para que legisladores y autoridades nacionales, provinciales y municipales reaccionen positivamente de manera coordinada.
Cuando asumí como gobernador, en 1991, el panorama existente en la nocturnidad era francamente desolador en la Provincia de Buenos Aires.
En mis libros “Hacia un mundo sin drogas” de 1974 y “Familia, sociedad, política y drogas” de 1997 conté en detalle cómo enfrentamos esta problemática.
El objetivo que nos guiaba para llevar adelante aquel combate al descontrol de la noche era, primeramente, promover una diversión sana y garantizarle a nuestros hijos e hijas ámbitos seguros.
Para ello, debíamos prevenir los excesos y abusos de aquellos que lucraban con el negocio.
Al mismo tiempo, apelamos al trabajo conjunto con las familias. Era un objetivo importante de nuestro accionar fortalecer el marco familiar en momentos en que el modelo histórico de “familia” había entrado en crisis y crecía el número de madres solas a cargo de los hogares. De manera que en medio de ese proceso crítico de la familia, la diversión nocturna no encontraba casi controles de ninguna índole.
Comenzamos por establecer medidas de estricto control, de carácter preventivo pero, a la par, con fuertes penalidades.
La oposición de los llamados “empresarios de la noche”, que veían afectados sus intereses, resultaba, si se quiere, lógica. Se opusieron férreamente e hicieron lobby para frenarlas en el terreno político y mediático. Jóvenes y adolescentes, a su vez, descalificaron nuestro accionar porque, según ellos, simplemente querían “divertirse”.
Sorprendente fueron las muestras de ignorancia y oportunismo de nuestra clase política. Se nos acusaba de “limitación de las libertades”, hablaba en nombre de la “libertad de comercio” (a coro con los empresarios), pedía “no poner límites a la actividad”. Y en los medios se dio mucha difusión a esas argumentaciones ridículas.
Ante tamaña resistencia, las medidas que se implementaron -limitación de horarios de apertura y cierre, prohibición de venta de alcohol a menores, imposibilidad de vender en kioscos y estaciones de servicio, control de alcoholemia que modificó la Ley de Tránsito Provincial, entre otras- se sostuvieron bajo mi gobierno aunque se relajaron los controles locales y posteriormente perdieron vigencia o simplemente dejaron de aplicarse.
Muchas veces, la sociedad necesita de un hecho conmovedor que la obligue a salir de la inercia y la inconsciencia del “no se puede hacer nada”. Así ocurrió con la muerte del conscripto Omar Carrasco, en 1994, que llevó a la desaparición del Servicio Militar Obligatorio, una institución que había perdido hacía ya mucho tiempo el carácter educativo y patriótico con el que había sido concebida. Otro hecho ejemplar en ese sentido fue el secuestro y asesinato de Axel Blumberg, en 2004, que obligó a las autoridades a cambiar la legislación penal para ese tipo de delitos.
Esto sucede en este inicio del nuevo año con el asesinato de Fernando Báez que una vez más pone en evidencia el fenómeno que mezcla vacaciones, alcohol, excesos, jóvenes y violencia.
En su versión actual estas características de la nocturnidad de una parte de la juventud comenzó a aparecer en Europa en la década del 70 y llegó a nuestro país sobre el final de los ‘80. Episodios trágicos, como el caso Khevys, ocurrido en 1993, nos indicaban que el fenómeno ya estaba instalado en nuestro país.
Como en otros órdenes, fuimos a contrapelo de la sociedad mundial. Abandonamos las iniciativas de regulación y control, mientras en otros países se las aplicaba -y aplica- atendiendo a parámetros sanitarios y de salud. Salvo Argentina y, en gran medida, Brasil, en la región y en Europa, por ejemplo, las regulaciones se aplican estrictamente.
En los Estados Unidos el límite de cierre de los locales nocturnos es entre la una a las tres de la mañana. En Gran Bretaña, si la diversión nocturna es con espectáculos culmina a la una de la madrugada; de lo contrario a las once de la noche. En Francia, entre la una y las tres de la mañana, aunque allí hasta los 16 años no se puede ingresar a estos lugares si los menores no están acompañados por los padres, con prisión de dos a tres años o multa de 15 a 25.000 dólares para quien incitara al consumo de alcohol a menores. En Suecia, los horarios son similares, y además los padres pueden controlar legalmente las discotecas.
Pero miremos a nuestro vecino: en todo Uruguay existe la ley 17.243, cuyo artículo 75 prohíbe el expendio o suministro de bebidas alcohólicas o su ofrecimiento a cualquier persona entre las 0 y las 6 de la mañana. En tanto, el artículo 186 de la Ley 17.823 no permite la concurrencia de jóvenes menores de 18 años a locales nocturnos. Y según el artículo 187, de esta misma ley, tampoco se les puede vender, bajo ningún concepto, alcohol.
Mi propuesta es, que promovamos en la sociedad un debate serio, responsable y efectivo, que conduzca a establecer reglas de juego que los protejan de la insaciable codicia de algunos de los mal llamados “empresarios de la noche” y de sus trágicos resultados.
Es preciso que todos los niveles institucionales coordinen horarios de apertura y cierre de “los boliches” y de las llamadas “fiestas” en otras locaciones. En esos sitios y en los alrededores de los mismos deberá prohibirse la venta de alcohol a menores de edad y el acceso de éstos a dichos locales. Las distintas modalidades que hoy pervierten la nocturnidad y la diversión deberán ser atacadas con reglas estrictas y precisas. Y la violación a las normas deberá ser penada con fuertes multas y el cierre definitivo de los locales.
En fin, la legislación debe dar los instrumentos a las autoridades para preservar la salud y la seguridad de adolescentes y jóvenes. Movilicemos a las familias, exijamos a nuestros representantes que reaccionen de inmediato para que no haya un solo Fernando Baez más.
