En la maratónica sesión para aprobar las megaemergencias y la delegación de poderes pedida por el gobierno de Alberto Fernández, un diputado -Javier Campos, de la Coalición Cívica- se quejó por la inhumana duración del debate diciendo: “Acabamos de legislar sobre toda la producción argentina y lo hicimos escuchando un texto que dio el diputado Martínez, sin que lo podamos leer... Llevamos 24 horas sin dormir. Si estuviéramos manejando un micro, hace 8 horas que no podríamos estar haciéndolo porque no sería legal... Estamos legislando para 44 millones de personas, y una coma mal puesta afecta bienes y hacienda de mucha gente... Es muy poco serio que estemos trabajando 24 horas seguidas”.
Suena más que razonable el pedido del legislador, máxime cuando durante meses el Congreso prácticamente no sesionó por las circunstancias electorales. Sin embargo, la racionalidad común suele chocar contra la racionalidad de la política si recordamos el texto de Nicolás Maquiavelo en “El Príncipe”, cuando ya en los siglos XV y XVI el genial florentino explicaba lo que se continuaría haciendo incluso en este siglo XXI: “Hay que observar que al apoderarse de un Estado, debe el que lo ocupe examinar todas aquellas ofensas que le es necesario hacer, y hacerlas todas de una vez....las ofensas se deben hacer todas juntas, de manera que saboreándolas menos, ofendan menos; y los beneficios deben hacerse poco a poco, de manera que se saboreen mejor”.
Es que con el retorno del peronismo vuelve la política perdida por varios años entre los pliegues del macrismo. La política desnuda del poder sólo cubierta por una ideología que permite hacer una cosa y lo contrario como si fueran la misma cosa.
De ese modo se explica que cuando Mauricio Macri le dio en 2017 un aumento a los jubilados casi le destruyen el Congreso y cuando Alberto Fernández congela ese aumento otorgado por Macri -desdiciéndose además de lo que dijo en campaña- falta poco para que encima se lo agradezcan.
Y no es, aclaremos, que lo que haya hecho Fernández esté mal frente a un sistema jubilatorio con riesgos de estallido que no puede pagar todo lo que los políticos desde cualquier demagogia prometen, sino que suena difícil de explicar tener que avanzar por senderos tan retorcidos para hacer lo que todos saben que se debe hacer.
Lamentablemente, a veces la razón de Estado va socavando la fe en la democracia. Y la política cínica, que dice una cosa y hace otra, aleja cada vez más al pueblo de las elites.
Algo parecido ocurre con el resto del paquete aprobado que no es más que una continuación reforzada de lo que ya venía aplicando Macri con acuerdo implícito de Fernández desde luego de las PASO. Y que cumple a pie juntillas las exigencias del FMI de hacer el mayor ajuste posible, aunque éste se lo haga más desde el aumento impositivo que desde la reducción del gasto público. Mientras que tengan para pagar, bienvenido sea debe decir el FMI, sean los pagadores el Estado o la sociedad. Qué más les da a ellos.
Y no es que esto tampoco esté mal, sino que -continuando con la aplicación del maquiavelismo en estado puro- se lo vende como la contracara del ajuste neoliberal macrista, como una versión aggiornada de vivir con lo nuestro, contra la globalización, a favor de los más humildes y sacándole más recursos a la clase media que a los ricos, a esa clase media “gorila” que votó a Cambiemos y que por eso bien merecido lo tiene.
Y para que todo eso sea posible, para poder aplicar un programa similar al anterior pero aún más duro, se le pide a los legisladores que resignen prácticamente todas sus facultades y se las cedan al Poder Ejecutivo en nombre de las mil y una emergencias.
Cosa que puede tener alguna justificación si se aplica por seis meses o un año, pero que contribuirá a crear un sistema autoritario si se la prolonga indefinidamente.
En manos de Fernández está, entonces, recomponer el sistema o cambiarlo por otro.
Tenemos, al fin, el principal empeño, el que se refiere a la unidad nacional, en particular luchando contra la grieta que desde hace más de una década ha encontrado la forma siglo XXI de dividir a los argentinos. Porque divididos estuvimos casi siempre.
Alberto Fernández, como lo que pretende mostrarse (la cara moderada, más racional y abierta del peronismo de la nueva etapa de la era kirchnerista) tiene una oportunidad de oro para terminar con los enfrentamientos innecesarios entre compatriotas, sobre todo cuando se refiere a cuestiones ideológicas, las cuales deberían procesarse en el campo del libre debate de ideas republicano, haciéndonos discutir todo lo que sea necesario pero sin odios, rupturas o enemistades manifiestas.
En su discurso inaugural el presidente fue enfático en aspirar a tal objetivo. Y lo bien que hace.
Sin embargo, la unidad en contra de la grieta debe conformarse en todo lo que se refiere a aquello digno de ser unido y no a todo en general, porque sino la cuestión puede prestarse a una coartada que algunos dentro del oficialismo anhelan para intentar una unidad en pos de la impunidad.
Las grietas que deben eliminarse son aquellas que nos enemistan por ideas, no las que nos dividen entre decentes y corruptos. Que son dos grietas distintas, la primera muy mala y la segunda buena.
No obstante, existe un intento creciente de determinados sectores del poder en lograr una especie de consenso social implícito por el cual la política deje de ser judiciable incluso en lo que es judiciable, bajo el supuesto de que en su estado actual la sociedad argentina no puede bancarse el juzgamiento de tantos políticos que están en el poder y de tantos empresarios que tienen poder.
Que eso nos dividiría aún más, que profundizaría la grieta a límites inmanejables.
Algunos proponen bajar la vara al mínimo posible, como por ejemplo condenar sólo cuando el delincuente sea pescado infraganti (tal cual los bolsos del señor López) mientras que todas las demás acusaciones se pierdan en los vericuetos del pisado de expedientes o de los diferimientos eternos. O que se ideen formas novedosas de indultos o amnistías. Incluso nuevos “pactos” políticos: como no investigar más a los que están siendo investigados y a cambio tampoco comenzar a investigar a los del gobierno anterior. Y así todos en paz.
Dicen, como argumento para justificar hacer estas cosas, que el sistema no resiste tantos juicios y menos tantas inevitables condenas de tantos poderosos si esos juicios se terminan. Habrá que ver si la sociedad resiste que el sistema se resista a ser institucionalmente saneado.
