La emergencia ambiental declarada en febrero pasado en el piedemonte mendocino puso los ojos de todos en esta frágil porción del territorio provincial que ocupa los departamentos de Luján, Godoy Cruz, Capital y Las Heras.
Durante estos ocho meses desde que se frenaron las autorizaciones para nuevos emprendimientos en la zona, el Gobierno provincial ha venido trabajando en una nueva ley que permitirá unificar la normativa existente en relación al piedemonte (tres leyes que se superponen) y generar una zonificación que ordene el territorio teniendo en cuenta las cuencas hidrográficas.
Así se evitará que se construyan nuevos emprendimientos habitacionales en lugares con peligro aluvional y sísmico. De hecho, la misma resguardará de la construcción de viviendas aproximadamente un 70% de la extensión del piedemonte (que quedaría definido en 1.000 km2) donde predominan los cauces, así como en zonas de pendiente inestable, entre otras.
Autoridades provinciales aseguraron que buscan consensuar el texto de la ley con los cuatro municipios involucrados y adelantaron que esperan que presentarla en la Legislatura antes de fin de año.
"Con esta normativa buscamos ordenar al estado y a los particulares en su derecho de construir pero remarcando que tienen que hacerlo con ciertas restricciones que tienen que ver con la seguridad pública", comenzó a explicar Nadia Rapali , vocal por el Ejecutivo en la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT) de la provincia.
La experta detalló que para hacerlo están trabajando en una zonificación que marcará en qué lugares se puede construir y en cuáles no, basados en un estudio de amenazas aluvionales realizado por el Instituto Nacional del Agua (INA).
"En todo el piedemonte se distribuyen gran cantidad de cuencas y subcuencas y conociendo sus características vamos a ordenar el territorio", aseguró la vocal del APOT a la vez que recordó que en los intentos previos para ordenar el piedemonte nunca se había tomado ese criterio de forma integral. "El lineamiento principal es que no se van a poder ocupar los cauces porque alguna tormenta que todavía no ha ocurrido los puede afectar", detalló.
Como segundo punto a restringir habló de las pendientes inestables y zonas altas donde sea dificultoso hacer llegar los servicios. "Aproximadamente estamos hablando de un 70% del territorio en donde no se va a poder construir, pero donde sí se van a poder realizar otras actividades como senderismo, por ejemplo", añadió Rapali.
A la vez que aclaró que no se apunta a sacar las viviendas ya existentes, aunque estén sobre cauces. "La idea en estos barrios es hacer un estudio ambiental e hidráulico y ver qué infraestructura se tiene que hacer para amortiguar el peligro", adelantó.
Asimismo informó que en los sitios donde sí se habiliten los emprendimientos inmobiliarios se tendrán que utilizar criterios de construcción urbana de bajo impacto. "Tendrán que tener superficies absorbentes, calles que no favorezcan el desagüe en el sentido de la pendiente y que no haya deforestación masiva, entre otros", enumeró.
Panorama actual
Observando la situación actual del piedemonte, Rapali estimó que aproximadamente un 20% del territorio está ocupado con edificaciones y se encuentra en distintas situaciones en relación a la amenaza aluvional.
Tal como comentó, la zona de El Challao por encima del dique San Isidro en Las Heras es la zona más crítica. Mientras que en Godoy Cruz mencionó los asentamientos que están sobre la cuenca del dique Maure, aunque aclaró que la situación no es tan complicada allí.
Con respecto a Luján, explicó que la zona de Chacras frente a los boliches hacia el oeste, se encuentran diversas situaciones. "Hay mucha gente que está ocupando cauces", deslizó vocal de la APOT. Además consideró que en general en Capital las urbanizaciones se han hecho con la infraestructura adecuada para mitigar el peligro.
Cuatro municipios involucrados en el ordenamiento
Tal como remarcó Nadia Rapali, vocal por el ejecutivo en la APOT, desde el gobierno provincial buscan que la nueva ley del Piedemonte tenga la aprobación de los cuatro municipios involucrados.
Desde Godoy Cruz comentaron que están analizando un borrador de la normativa que ha generado la provincia con abogados y técnicos. "Estamos analizando si está en concordancia con nuestro plan de ordenamiento territorial y ordenanzas vigentes", manifestó Érica Pulido, directora de Planificación del municipio.
La funcionaria explicó que en su plan de ordenamiento territorial realizaron una zonificación del territorio. "A una zona la designamos para actividades sobre todo recreativas y turísticas, mientras que otro sector (más cercano a la zona urbana) se consideró viable para la construcción, siempre preservando ciertos parámetros dictados por el municipio para que apunten al desarrollo sostenible", precisó.
En tanto Pedro Noguera, director de Planificación y Ordenamiento Territorial de Las Heras, comentó que han asistido a una reunión informativa sobre la ley con el gobierno y que considera que buscará proteger el Piedemonte. "En líneas generales se ha tomado un estudio base del INA que marca riesgos aluvionales en alto, medio y bajo", precisó. Con respecto a su territorio reconoció que el riesgo es alto en la zona del Challao y estimó que afecta a alrededor de unas 30 familias. "En nuestro plan de ordenamiento territorial desarrollamos cinco planes a desarrollar y uno de ellos está enfocado en el piedemonte".
En tanto Mónica Da Dalt, subsecretaria de Ordenamiento Territorial de Luján, reconoció que todavía no tienen una opinión formada sobre el proyecto ya que en la reunión se tocaron temas preliminares. "Estamos esperando que nos llegue la nueva versión del documento", aseguró. Sobre su porción del piedemonte informó que tienen en su plan de ordenamiento territorial un plan específico para esa zona. "Pero el decreto paralizó la intervención y no lo hemos puesto en vigencia".
Por último desde Capital, la directora de Planificación Urbanística, Ángela Gatti aseguró que están trabajando en conjunto los cuatro municipios y la Secretaría de Ambiente para lograr la nueva ley del Piedemonte.
"Está en proceso, ya que es un trabajo arduo que lleva mucho estudio de revisión de normativa provincial y la de cada municipio", señaló. La funcionaria precisó que en su propio plan de ordenamiento territorial llevaron adelante una macrozonificación donde se definió la línea de urbanización, las áreas de interfaz y de reserva de todo el territorio capitalino, incluido el piedemonte.
Sepa más
Vigencia de la emergencia La emergencia ambiental declarada por decreto del gobierno provincial tendrá vigencia hasta febrero del 2020. Para Nadia Rapali, vocal por el ejecutivo de la APOT, se trató de una decisión muy positiva que les permitió continuar su proceso de regularizar situaciones en el Piedemonte, concientizar a la población y resolver dudas de vecinos. "Pudimos profundizar un proceso de inspección y regularización ambiental del Piedemonte que empezamos al comienzo de la gestión y seguir coordinando un montón de acciones junto a todos los organismos y municipios involucrados", aseguró.
