Han pasado casi dos años desde la sanción de la Ley de Fertilización Asistida, la concreción de una larga lucha de muchos argentinos que encontraron dificultades para engendrar un hijo y que apuntó a dar equidad en el acceso a procedimientos para alcanzar este anhelo.
Pero la realidad muestra que el logro no fue todo lo esperado, ya que la cobertura total de tratamientos y medicamentos que estipula la norma no se hace efectiva en la mayoría de los casos.
Una encuesta realizada por la Asociación Civil Concebir concluyó que 42% de los consultados no logró todavía ninguna cobertura para los tratamientos mientras que 39% consiguió sólo una parcial. Es decir que 81% de las personas encontró obstáculos en el cumplimiento.
Además, los resultados preliminares de este sondeo realizado a fines de 2014 entre 344 personas con dificultades en la reproducción arrojaron que 24% aún no pudo realizar ningún tratamiento. Hay que tener en cuenta que los costos son elevados, no aptos para cualquier bolsillo, y que en general se requieren varios intentos.
Si bien los medicamentos también deberían ser absorbidos al 100% por las obras sociales, sólo 24% dijo haberlos recibido gratis, mientras que 29% obtuvo un descuento del 40% y 32% debió costearlos de su bolsillo.
La falta de cobertura total en medicamentos es uno de los incumplimientos recurrentes. Por otra parte, es habitual que se encuentren obstáculos ante la necesidad de recurrir a una donación de óvulos o semen, como así también para que se cubra la criopreservación de los gametos que no han sido utilizados.
Según el estudio, 44% de los encuestados necesitan gametas donadas para intentar un embarazo, pero no están habilitados los centros de reproducción como bancos de gametas, señaló Estela Chardon, cofundadora de Concebir.
En junio de 2013, cuando se aprobó la Ley 26.862, se sostenía que luego de tan larga lucha sólo restaba esperar 90 días para que su aplicación fuera efectiva en todo el país. En aquel entonces se explicaba que era el tiempo estipulado para que la Presidenta promulgase la norma y fuera reglamentada.
La doctora en Derecho Eleonora Lamm es subdirectora de Derechos Humanos de la provincia y trabajó el tema de reproducción asistida en el nuevo Código Civil. Coincidió en que no se está cumpliendo adecuadamente lo que estipula la ley, que desde su punto de vista es muy clara, por lo que algunos incumplimientos son ilegales.
“En medicamentos debería cubrirse todo de todos los tratamientos, pero muchas (prestadoras de salud) dicen que los medicamentos se han cubierto siempre al 40% y así lo hacen. Pero en muchos casos el tratamiento es sólo el medicamento y algunos son muy caros”, ejemplificó.
Varios profesionales consultados consideraron que algunos pasajes de la ley se prestan a diversas interpretaciones y es a eso que echan mano las obras sociales para evitar de alguna manera los costos económicos de la implementación.
La difícil vía judicial
Ante esto, aquellos pacientes que por necesidad buscan dar batalla a la negativa de la prestadora deben presentar recursos de amparo, tal cual sucedía antes de la ley.
Pero no todos están dispuestos a ese peregrinar que implica más dilaciones en un contexto en el que el tiempo es un elemento esencial, ya que las idas y vueltas hacen que las mujeres lleguen a esta instancia a una edad en que sus chances de fertilidad comienzan a declinar.
Por otra parte, no todos cuentan con los recursos económicos para costear la medida judicial. Estos aspectos juegan a favor de las obras sociales, ya que finalmente muchos desisten y deciden aceptar las condiciones impuestas por éstas.
“Un dato que nos sorprendió es que el 67% de la muestra no realizó el reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud y que nada más que el 9% inició acciones legales -como amparos- reclamando por la cobertura”, señaló Chardon. Y agregó: “Lo que más preocupa de los resultados de la encuesta es la existencia de barreras totales o parciales para el acceso al tratamiento, contraviniendo así lo dispuesto por la ley”.
Una mendocina comentó que “en Osep, para acelerar los trámites, tenés que hacer un amparo. Tienen su propia ley, te dicen que hay dos tratamientos por mes para todos los interesados y por eso hay una demora de 5 años, lo cual es una barbaridad. Entonces tenés que hacer un amparo lo cual cuesta 9 mil pesos y eso puede durar entre 5 y 9 meses. Si hay poca reserva ovárica, por la edad no se puede esperar”.
Por su parte, Silvia Funes, miembro de la asociación Sumate a Dar Vida -que lucha por lograr la gratuidad de los tratamientos- contó que “en las obras sociales a veces hay que llevarles la ley porque nadie sabe nada”.
El que tiene prepaga lo recibe, algunas con necesidad de presiones, pero en las obras sociales es más difícil acceder. También hizo referencia a quienes no tienen asistencia y acuden a la salud pública y relató que su organización ha tratado en varias oportunidades de reunir dinero para ayudarlos.
El doctor Antonio Martínez, miembro de la Asociación de Profesionales de la Fertilidad, indicó que la cobertura varía según las obras sociales o prepagas y cada una decide la proporción. Sólo una minoría la da al 100% y otras negocian con los pacientes qué cobertura darán.
El médico dijo que en cuanto a la criopreservación de embriones, hay un vacío legal y falta de unificación entre las legislaciones de las provincias. “Es un tema complejo desde el punto vista administrativo y legal, pero las condiciones médicas están dadas”, aclaró.
Vacíos legales y desigualdad para afiliados de las provincias
Para la organización Concebir, la falta de acceso integral e igualitario a técnicas de reproducción asistida genera situaciones de inequidad y discriminación.
“Cuando hablamos de la aplicación y puesta en vigencia de una ley, no sólo se necesita de la sanción en el Congreso y de un decreto de promulgación, sino que también se requiere de una batería de instrumentos administrativos que son los que ayudan y garantizan la aplicabilidad de dicha ley”, explicó su titular, Estela Chardon.
“La ley 26.862 fue regulada por el decreto 956/13, pero éste no fue suficiente para que se ponga en práctica la totalidad de la norma. Han quedado lagunas legales. Por ejemplo, no queda claro qué implica cobertura integral, no sólo en cuanto a la medicación sino también a otros servicios indispensables en los tratamientos como el apoyo psicológico, la criopreservación de embriones o algunos estudios diagnósticos que deberían cubrir tanto el Estado como las obras sociales y las prepagas”, agregó.
En sentido similar opinó la abogada Eleonora Lamm, quien destacó que la norma fue reglamentada un mes después de su sanción y es clara, por lo que “no hay pretextos por ese lado”.
Pero por otra parte explicó que es escueta y debe complementarse con una ley integral de reproducción asistida, la cual ya tiene media sanción. Ésta contempla aspectos mucho más amplios vinculados a los requisitos relativos a las personas que donan gametos, y al derecho a la identidad de las personas que nacen por fertilización asistida, entre otros puntos.
Por su parte, la asesora legal de Concebir, Guillermina Pieroni, consideró que el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud deberían dictar las resoluciones que aclaren aquellos puntos que no están claros, de manera que no queden librados a la interpretación de las partes.
La adhesión por parte de la provincia a la ley nacional es otro tema en cuestión. Hay un proyecto con media sanción en la Legislatura. Al respecto, Lamm señaló que “hay una discusión constitucional sobre si es necesaria la adhesión. Yo creo que no, pero hay otra postura que dice que debe hacerse. Esto genera una desigualdad ya que los que tienen prepagas (u obras sociales) nacionales son cubiertos, no así los que tienen provinciales o deben acceder al sistema público”.
La cobertura de OSEP
En la OSEP destacaron que son pioneros en tratamientos de fertilidad en la provincia, ya que desde 2001 cubren los de baja complejidad al 100%, a través de los cuales se resuelve la mayoría de los casos.
Respecto de los de alta complejidad, resaltaron que comenzaron a cubrirlos en enero de 2013, unos meses antes de la sanción de la Ley. Negaron que existan cupos mensuales y aclararon que pronto entrará en vigencia una resolución que reglamenta prácticas de alta complejidad.
Hasta que eso ocurra, OSEP cubre 100% de los medicamentos necesarios para tres intentos y además otorga un subsidio para costear honorarios médicos, que en el primer intento es de 100%, en el segundo de 75% y de 50% en el tercero.
