A muy pocos días del recambio institucional, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anunció el envío al Congreso por parte del Ejecutivo de un proyecto de ley de Estadísticas, que tiene como gran objetivo dejar a salvo de posibles influencias políticas al Indec.
Señaló el funcionario nacional que lo que procura la administración que se retira es “proveer un marco institucional robusto” del citado organismo, que volvió a prestar un servicio importante al país a partir de la asunción de la actual gestión, luego de casi diez años de funcionamiento muy cuestionado a partir de la intervención dispuesta por la presidencia de Néstor Kirchner.
Para garantizar la autarquía del organismo, la propuesta a remitir al Congreso prevé la creación del cargo de director con mandato fijo de cinco años y con designación que requerirá el acuerdo del Senado. Además, se propone la creación de una comisión bicameral legislativa que tendrá a su cargo el monitoreo del funcionamiento de la nueva estructura.
De esta manera, el Indec pasaría a ser un organismo de funcionamiento autárquico, con estabilidad y pautas claras para el nombramiento y la remoción de autoridades.
La designación de sus principales directivos deberá realizarse mediante concurso público previo a la consideración del Congreso.
Por otra parte, la iniciativa se orienta a la conformación de un consejo que tendrá a su cargo la coordinación de un sistema estadístico nacional, con apertura a la participación de representantes de la comunidad científica, de estadísticas y universitaria. Por otra parte, está pensado el fortalecimiento del secreto de datos, adaptando el funcionamiento del Indec en lo sucesivo a los principios fundamentales de las estadísticas oficiales de las Naciones Unidas.
Hay que destacar que la normalización del Indec fue mérito del actual gobierno nacional. La presidencia de Macri puso al frente del organismo tras asumir al economista Jorge Alberto Todesca, un profesional de prestigio que se desempeñó en varias administraciones peronistas pero que en los tiempos del kirchnerismo, cuando el organismo de estadísticas fue avasallado por el poder de turno, contribuyó a promover el denominado IPC Congreso, un índice de precios al consumidor que diputados opositores al kirchnerismo daban a conocer mensualmente, en base a datos de consultoras privadas, para contrarrestar las cifras mentirosas que difundía el organismo oficial intervenido.
Por ello es loable la iniciativa tendiente a proteger al Indec de cualquier otra tentación de influencia política sobre su desempeño, con más razón luego de la meritoria pero dificultosa recuperación durante estos últimos cuatro años. Esa nueva puesta en funcionamiento del sistema estadístico nacional mostró, a su vez, otro gesto rescatable de la actual administración a favor de la institucionalidad, puesto que las cifras inflacionarias y de pobreza, crecientes en los últimos años, para nada beneficiaron a la gestión presidencial de Macri, que, sin embargo, soportó como corresponde la autoridad de un organismo autónomo y prestigioso por la información que provee.
Las estadísticas, como otro tipo de mediciones (niveles educativos de la población, alcances del servicio de salud pública y de saneamiento, etc) deben ser de carácter prioritario, independientemente del color político que esté al frente de la administración del Estado.
Por ello es indispensable que los entes a cargo de esa tarea de recopilación de información tan valiosa se desenvuelvan desde ahora en forma autárquica, a salvo de intereses no siempre positivos de parte de una democracia que, como la nuestra, tiene una muy lenta maduración de muchos de sus dirigentes.
