Desde el punto de vista institucional el país vive momentos de tensión y confusión. Las protestas que sectores políticos, gremiales y sociales vienen llevando a cabo, ganando en la mayoría de los casos las calles con indudable contundencia, han pasado a ser una clara avanzada opositora al gobierno de Mauricio Macri, al que hasta se le cuestiona la legitimidad de su mandato, producto del voto popular mayoritario que le dio la victoria en segunda vuelta en las últimas elecciones presidenciales.
Tras una sucesión de movilizaciones y medidas de fuerza originadas en legítimos reclamos contra políticas públicas, llamó poderosamente la atención el fuerte tono político crítico que tuvo el acto central convocado el viernes para recordar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio paso a la peor dictadura vivida por la Argentina durante el siglo pasado.
En esa convocatoria en Plaza de Mayo no sólo se recordó, como corresponde, a las víctimas de la represión de aquellos años, sino que se incursionó hasta extremos alarmantes en una feroz crítica a las decisiones del actual gobierno nacional.
El documento elaborado por los organismos de derechos humanos que encabezan Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo e Hijos, que fue leído ante la multitud que asistió, no sólo calificó de “antipopular y negacionista” al actual gobierno nacional, sino que hasta llegó a plantear una similitud de objetivos y políticas con el del gobierno militar instalado en marzo del ‘76.
Éste no es un detalle menor, si se tiene en cuenta que nuestro país se encamina hacia un proceso electoral de mitad de mandato de la gestión presidencial de Macri. En las urnas, tanto en las primarias de agosto como, muy especialmente, en las generales de octubre, la ciudadanía tendrá la oportunidad de expresar si está de acuerdo o no con las decisiones tomadas desde que la actual gestión se constituyó, el 10 de diciembre de 2015.
Salvo tibios comentarios, nadie ha salido, ni entre los partidos políticos de la oposición que más fustigan al actual gobierno ni entre los organismos sociales y de derechos humanos que por distintos motivos se manifiestan en estos tiempos, a defender con firmeza la institucionalidad y la vigencia de los procesos democráticos elegidos por el pueblo argentino.
No es una buena señal que desde dichos sectores muchos insinúen que la Argentina debe encaminarse hacia un proceso de acefalía como el que generó el desmembramiento del gobierno de la Alianza y la decisiva renuncia del presidente De la Rúa, a comienzos de este siglo.
Por el contrario, es muy necesario crear y consolidar en el país una nueva institucionalidad, si realmente lo que se busca construir es una nueva república, basada en el respeto a los disensos y la búsqueda del diálogo para los acuerdos que garanticen gobernabilidad. Eso implica nuevas conductas y nuevos valores, que aún no vemos con frecuencia a pesar de casi 34 años de vida democrática. Fanatismos y personalismos van en contra de un proceso donde hay que privilegiar las instituciones sobre las personas.
