Aunque ya pasó por consulta pública, reuniones del Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial (CPOT), audiencia pública y fue presentado en la Legislatura el 1 de mayo, el Plan de Ordenamiento Territorial -que exige la ley 8.051- sigue siendo objeto de debate en distintos sectores. La semana pasada un grupo de especialistas de la UNCuyo y el Conicet, que formó parte del proceso de elaboración del mismo, presentó un documento en la casa de las leyes con aspectos que no fueron tomados en cuenta y que, según su visión, dificultarían el cumplimiento del plan.
"El texto que ingresamos por mesa de entradas es complementario, es una versión reducida del plan que nosotros armamos y fuimos entregando", comenzó a explicar María Elina Gudiño, directora del Doctorado en Ordenamiento Territorial de la UNCuyo y vocera del grupo.
Según la experta, que fue convocada por el ministro de Tierras, Ambientes y Recursos Naturales Guillermo Elizalde para contribuir con el plan, en el documento final que presentó el Ejecutivo se sacaron ciertos elementos fundamentales relacionados con la gestión del territorio.
“Nosotros ponemos mucho énfasis en la necesidad de producir cambios para evitar la inercia en la gestión del territorio estableciendo instrumentos que permitan coordinar acciones, pero éstos no se observan en el plan que está en la Legislatura”, afirmó Gudiño. Para ella la falta obedece a intereses políticos “que pugnan para que nada cambie, quizás porque no conviene o quizás porque le temen a un cambio”.
Algunos de los puntos concretos que identificó como fallas del plan fueron que no responde estrictamente con las previsiones contenidas en la ley 8.051 y que omite el diagnóstico del territorio que se realizó con la metodología que propuso la UNCuyo. “Es fundamental que esté el diagnóstico porque es lo que va a permitir la evaluación que se prevé cada cuatro años”, expuso Gudiño.
Además, la geógrafa criticó la inclusión de una gran cantidad de programas. “Nosotros propusimos 12 programas estructurales concatenados entre sí y con los instrumentos previstos. Incluyen objetivos, instituciones responsables, zonas, procedimientos a cumplir, etapas y tiempos previstos y las probables fuentes de financiamiento. En cambio en el que se presentó hay más de 60 programas y muchos de ellos son enunciativos, lo que los hace inviables”, afirmó.
Otro aspecto al que hizo referencia fue la falta de criterios para la zonificación, ya que posterior al plan provincial cada municipio deberá elaborar su propio plan indicando qué parte de sus tierras son rurales, urbanas e intermedias. “Nosotros establecimos criterios uniformes y explicamos cómo tiene que hacerse la zonificación y en qué escala geográfica, pero lo sacaron porque es más fácil dejar que cada municipio haga lo que quiera”, se quejó Gudiño, a la vez que remarcó que ellos incluyeron instrumentos económicos para fomentar que se respeten los límites trazados.
“Tienen que haber promociones y restricciones, ajustar el impuesto inmobiliario y políticas de inversión. También adicionamos un procedimiento para calcular la unidad económica mínima, porque si no el mercado urbano inmobiliario se come al campo porque no tiene la misma rentabilidad”, precisó la experta.
Lo que espera Gudiño es que su propuesta sea discutida en el ámbito que corresponde. “No decimos que tenemos la verdad absoluta, pero lo llevamos a la Legislatura para que sea debatido y sea tratado”, cerró.
Respuesta oficial
Desde el Ministerio de Tierras tomaron con sorpresa la presentación del grupo de profesionales y afirmaron que si bien el plan presentado es perfectible ha sido avalado y validado por todos los mecanismos establecidos por la ley. "Este plan ha sido aprobado por unanimidad, fruto de las modificaciones realizadas al texto preliminar a partir de la inclusión de numerosos aportes y sugerencias, después de un intenso trabajo en comisiones, en donde se han debatido todas las miradas, se han recibido todos los aportes", manifestó el ministro Elizalde.
Para él se trata de un documento que abre puertas: "Dispara procesos de completamiento a partir de los necesarios planes departamentales, sectoriales y especiales previstos y obligados por la ley y habilita posteriores discusiones".
En tanto que para Sonia Romero, presidenta de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT), el plan es el resultado de un largo proceso participativo de muchas organizaciones sociales, “en el que una parte del sector científico y técnico jugó un rol clave, pero no la única opinión al respecto”.
La arquitecta explicó que el proyecto para trabajar con profesionales de la UNCuyo se generó por la necesidad del gobierno provincial de que aportaran parte de los insumos de la elaboración del plan. “La participación realizada por este grupo de investigadores, más los aportes de otros actores del sector científico técnico local y nacional, universidades, municipio, colegiaturas, cámaras, organizaciones sociales y demás instituciones que sin tener convenio de financiamiento hicieron sus aportes y desinteresadamente pusieron sus trabajos de investigación, tiempo y dedicación a disposición, conforma el amplio proceso de participativo que respalda el documento presentado al (CPOT)”, señaló Romero.
Por su parte Germán Micic, secretario del CPOT, indicó que ya pasó el momento de incluir ideas, de debatir y de poner en consideración en el seno del CPOT. “Si bien son bienvenidos los nuevos aportes a la Legislatura, lo que no debiera producirse es la incorporación de elementos que ya fueron debatidos y que no formaron parte de los consensos arribados durante el proceso de participación. El territorio se construye entre todos, no desde exclusivos círculos de especialistas”, subrayó.
El próximo debate en la Legislatura
Más allá de las discusiones que se den por fuera de la Legislatura sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, su aprobación y la inclusión o no de los aportes está en manos de senadores y diputados.
Tadeo García Salazar, diputado por la UCR, asegura que su bloque se negará a aprobar un plan cerrado porque no se han tenido en cuenta los aspectos que aportaron en la audiencia pública. “Debería ser el Ejecutivo el que acepte el añadimiento de los puntos pero hasta ahora no han tenido una actitud de consenso, lo que requiere un esfuerzo de diálogo”, destacó. Entre los aspectos que él critica figuran la inexistencia de un sistema de información pública para medir los cambios que se vayan suscitando en el futuro y que no menciona leyes complementarias como la de Loteos y la modificación de la Ley Provincial de Aguas. “Como documento tiene un montón de generalidades y hay cuestionamientos desde lo académico. Desde lo político colabora poco”, aseguró.
Por su parte, Claudia Torres, senadora por el FPV y miembro de la Comisión de Ambiente, señaló que el plan está en el Senado y que se comenzarán a realizar reuniones con quienes participaron de la elaboración. “La presidenta de la comisión nos ha pedido que estudiemos el tema en profundidad para comenzar a debatirlo en unos días”, comentó. Para ella es fundamental que se pueda generar una herramienta que sea de utilidad para toda la provincia y los municipios.
Otras críticas y apoyos
Profesionales y funcionarios no son los únicos que se cruzan sobre el plan. Fabiana Villafañe, de la Asamblea Por el Agua de San Carlos, se quejó porque el documento final no reflejó lo que se aportó en la audiencia pública. “Se ha hecho hincapié en que sean los municipios los responsables del ordenamiento territorial y no se detalla claramente cómo”, dijo Villafañe. “Por ejemplo Malargüe puede decidir hacer minería metalífera sin importar qué pase río abajo”, añadió.
Para Aldo Rodríguez Salas, experto en derecho ambiental y miembro del CPOT, se trata de un plan que responde a los criterios y directivas de la ley. “Toda norma es perfectible y todo aquello que contribuya a mejorarlo es bienvenido pero en un tiempo razonable. La inercia de no tener el plan nos está afectando silenciosamente todos los días a través de actividades en el territorio que van a contramano de la escasez de los recursos naturales”, manifestó.
Según Roberto Dabul, representante del Colegio de Arquitectos en el CPOT, el documento se elaboró con demasiada celeridad: “Tuvimos solo dos meses. Nosotros pedimos un despacho de minoría pidiendo por lo menos seis meses pero no prosperó”. Por eso se mostró a favor de cualquier cambio que mejore el plan en la Legislatura.
Cronología
El Plan de Ordenamiento Territorial responde a la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos de Suelo 8.051, normativa que establece que debe ser aprobado en la Legislatura. La sanción de la mencionada Ley implicó un debate de más de dos décadas.
2006. La Cámara de Diputados desarchiva un proyecto sobre el tema de los años ‘90 y lo aprueba pero recibe críticas de los sectores técnicos.
2007. Se inician las consultas para la elaboración del nuevo anteproyecto.
2008. El Senado da media sanción al anteproyecto elaborado por los especialistas de organismos y universidades locales.
Enero de 2009. Después de cuatro meses de consultas y debates, Diputados lo aprueba por unanimidad.
Mayo de 2009. El proyecto es convertido en ley en el Senado.
2011. Se conforma el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial (CPOT) tal como establece la ley. Se trata de un órgano consultor y asesor de la autoridad de aplicación de dicha norma compuesto por más de 60 instituciones públicas y privadas, presidido por el ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales.
2013. Se conforma la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial. Entre sus funciones se establece la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial.
Febrero y marzo de 2014. Reuniones del CPOT para reglamentar el plan, establecer su contenido e instrumentos. En esa fecha también se realiza la consulta pública.
14 de abril de 2014. Se realiza la Audiencia Pública.
1 de mayo de 2014. El gobernador Francisco Pérez presenta el Plan de Ordenamiento Territorial en la Legislatura.
