No debe quedar todo en una mera recaptura

El apresamiento de Schillaci y de los hermanos Lanatta debe dar paso a una investigación exhaustiva que permita desmembrar las mafias insertas en lugares clave del poder.

No debe quedar todo en una mera recaptura

La detención de los tres fugados  de un penal de alta seguridad de la provincia de Buenos Aires, luego de más de diez días de intensa búsqueda en distintas partes del país, debe ser considerada como un verdadero alivio para la ciudadanía en general, como también para las autoridades nacionales y bonaerenses, sorprendidas por una fuga que generó múltiples interrogantes y que se produjo a muy pocos días del recambio institucional.

Los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci son tres peligrosos delincuentes que fueron condenados en su momento por el triple crimen de General Rodríguez, en el año 2008, hecho que permitió dejar más en evidencia el lamentable vínculo entre el narcotráfico y la política en nuestro país.

Entre las lecturas que obligatoriamente dejan los sucesos vividos desde fines de diciembre, como ya hemos expresado recientemente en este mismo espacio, se deben priorizar las causas por las que la salida de un establecimiento carcelario considerado de alta seguridad se produjo de manera fácil, casi sin obstáculos, según las principales averiguaciones llevadas a cabo después de ocurrido el hecho.

Una indudable falencia en el sistema y muchas dudas, fundamentalmente, sobre la idoneidad y honestidad de jerárquicos y personal en general asignados al control de las cárceles.

En el mismo sentido, las autoridades deberán pedir la explicación detallada, con causas y responsabilidades, en cuanto a los errores de la investigación de la pista de los fugados, que llevó varias veces a las distintas fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales, a superponer tareas de inteligencia y en el terreno y, además, a cometer serios errores de en la búsqueda concreta de los delincuentes.

Además, de las declaraciones que los tres condenados nuevamente detenidos realicen ante la Justicia puede surgir una gran oportunidad para buscar esclarecer mucho más la indudable trama existente, también en la Argentina, entre la corrupción derivada del tráfico de drogas y la política hasta en sus más encumbradas esferas.

No debe olvidarse que Martín Lanatta, uno de los protagonistas de la prolongada huida que terminó ayer, impactó al país con declaraciones periodísticas realizadas el año pasado desde la cárcel en las que directamente vinculó al entonces jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el triple crimen y el negocio de la efedrina.

El gobierno nacional ha tenido en el combate enérgico al narcotráfico y sus conexiones uno de sus principales propuestas de campaña y ya constituido como titular del Poder Ejecutivo, el presidente Mauricio Macri renovó varias veces, junto con sus colaboradores, su compromiso en tal sentido, con más razón a partir del suceso recientemente vivido.

Juntamente con el pretendido embate contra los responsables del crecimiento del narcotráfico en la Argentina, una de las principales causas del incremento de la inseguridad, debería replantearse el rol del Estado en cuanto al manejo de métodos y organismos dedicados al abordaje de este verdadero flagelo para la sociedad que constituye el tráfico de drogas, algo que inevitablemente pone en la mira al kirchnerismo, que en su prolongado período de gobierno generó muchas críticas de distintos sectores por su manejo de todo lo relacionado con drogas.

Se trata de un aspecto sensible y vital en la lucha que las autoridades pretenden profundizar, puesto que es el Estado el que debe resguardar a la población con políticas concretas y el aporte de fuerzas de seguridad debidamente capacitadas y dispuestas a cumplir su rol.

Llamó poderosamente la atención que en todo el tiempo transcurrido desde la fuga de los tres sicarios hasta su recuperación en varias oportunidades, funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires hayan dejado trascender su preocupación por falta de apego o de respuesta directa a directivas de los cuadros policiales a su cargo.

Si estas irregularidades son ciertas, comprobables, deberán ser denunciadas y corregidas. De lo contrario, el Estado seguirá transitando un sendero cada vez más tambaleante hasta quedar a merced de las mafias.

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