Las cifras no sólo preocupan sino que meten miedo. En el Gran Mendoza son robados entre 10 y 15 autos por día. Algunos, los menos -entre 3 y 4- son recuperados; un número también chico va hacia otras provincias para ser vendidos como “gemelos”, mientras el resto se distribuye en desarmaderos, donde son desguazados para venderlos como repuestos. Todo ello envuelto en situaciones realmente graves, como la posibilidad latente de que los delincuentes, que van armados y a quienes no les interesa la vida de los demás, suelen actuar con una casi absoluta impunidad o se dan casos, como los señalados días pasados por las columnas de policiales, en los cuales pequeños menores de edad que se encontraban dentro de los automóviles, estuvieron muy cerca de ser llevados por los malvivientes junto con el rodado.
Si bien es cierto que las encuestas determinan actualmente que la inflación está al frente de la preocupación de la gente, no es menos real que la inseguridad se mantiene también en el tope de un posible podio. Pero hay aspectos que también inquietan porque hay expertos que conocen el tema en profundidad pero se enfrentan a debilidades en la legislación que terminan derrumbando las posibles soluciones. Se sabe cómo operan los delincuentes, se conocen las áreas más sensibles y también cuál es el destino de los vehículos robados.
Como señalan los conocedores del tema, gran parte de los autos robados va a parar a desarmaderos, en su gran mayoría clandestinos, ubicados a lo largo y a lo ancho de la provincia. Llama la atención que en ese esquema exista algún tipo de actividad fuera de la ley, en razón de que existen normas legales expresas sobre el tema. Un estudio determinó que de 50 desarmaderos que funcionaban en Mendoza, sólo 4 figuraban como inscriptos y los 46 restantes no cumplían con las exigencias. La ley provincial 7.558, sancionada en julio de 2006, contempla la creación de un “Registro de Comercializadores de Elementos y Materiales Usados”, en el que deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que desarrollen ese tipo de actividades.
Deberán tener inscripción municipal y en la policía de Mendoza y llevar un libro oficial de ingreso y egreso de mercaderías. Destaca que el incumplimiento a las disposiciones facultará al organismo a aplicar sanciones legales, al decomiso definitivo en caso de no contar con documentación respaldatoria de la posesión y/o tenencia de la mercadería y a la clausura del establecimiento, fijando que, en el caso de reiteración, esa clausura será definitiva. Por su parte, la ley nacional 25.761, que reglamenta el Régimen Legal para el Desarmado de Automotores y la Venta de Autopartes, especifica que para desarrollar la actividad deberán estar inscriptos en el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas, aclarando en su articulado qué tipo de piezas pueden ser vendidas, las que suman solamente 30, destacando que las restantes deben ser destruidas.
En los hechos, las autopartes que se venden en las chacaritas superan esas 30 y nunca en Mendoza se procedió a la destrucción de las restantes.
Las falencias en la legislación deben ser solucionadas y para ello es necesario que los legisladores convoquen a quienes saben del tema, porque se dan hechos, como el señalado por un comisario, quien indicó que en un allanamiento en un taller mecánico-desarmadero se encontraron tres autos robados. El dueño del taller dijo que no sabía de quiénes eran los autos y que sólo se los habían dejado para que los arreglara. El “mecánico” se fue a su casa porque sólo pesaba sobre él el encubrimiento simple, un delito menor. Así, es sumamente fácil delinquir.
