El Congreso español rechazó ayer por amplia mayoría el referéndum sobre la independencia anunciado por el presidente catalán Carles Puigdemont para el 1 de octubre, declarado ilegal tanto por el Tribunal Constitucional como por el gobierno central.
La votación se produjo a raíz de una moción presentada por el Partido Demócrata Catalán (derecha independentista), la formación del presidente Puigdemont, pidiendo “respeto” a esta votación que piensan convocar sin autorización estatal.
La moción fue rechazada por 250 diputados de los 350 del Congreso, entre ellos los del Partido Popular (derecha) del jefe de gobierno Mariano Rajoy, los del Partido Socialista (segunda fuerza) y los del centrista Ciudadanos (cuarta fuerza).
Otros 92 diputados la apoyaron, principalmente partidos regionales nacionalistas e independentistas y la izquierda radical de Podemos, el único de los grandes partidos españoles que defiende un referéndum para Cataluña aunque pactado con el Estado.
El debate puede repetirse próximamente. El gobierno español ha invitado al presidente catalán a acudir al Congreso y éste ha aceptado exponer allí sus planes, siempre que estos no sean sometidos al voto de los diputados.
Arropado por una mayoría absoluta del Parlamento regional, Puigdemont anunció recientemente un referéndum sobre la independencia de Cataluña para el 1° de octubre, en el que la pregunta, en caso de celebrarse, será: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”.
Madrid manifestó su rechazo frontal, afirmando que dicha consulta sería anticonstitucional, y con toda seguridad recurrirá ante la justicia la convocatoria, una vez que se formalice.
Ayer, además, el Tribunal Constitucional español rechazó que Cataluña tenga un departamento de “Asuntos Exteriores”, al anular el uso de esta denominación para identificar el área creada por el Gobierno de la región española en pleno proceso independentista.
Cataluña desafió a España con la creación de una suerte de Ministerio de Exteriores a principios de 2016. Su misión era buscar apoyos a la causa secesionista catalana para tratar de internacionalizar el enfrentamiento entre el Ejecutivo catalán y el español.
El Gobierno del conservador Mariano Rajoy ha impugnado ante la Justicia cada uno de los pasos que las autoridades catalanas han dado en el camino hacia la independencia de la región española.
El pulso independentista catalán ha ido escalando desde que en 2010 el Constitucional español decidió anular algunos puntos del nuevo Estatuto de Autonomía catalán, una suerte de Constitución regional.
