Gobiernos y empresas pretenden imponer la megaminería metalífera en Mendoza, violentando el sostenido rechazo social a dicha actividad, expresado en la sanción de la Ley 7.722, cuya constitucionalidad ratificó la Suprema Corte de Justicia, y en el rechazo popular y legislativo al proyecto San Jorge.
Muchos defensores del ambiente siguen siendo tildados de ignorantes, ecoterroristas y otros epítetos, como si la oposición a la contaminación y despojo de los bienes comunes careciera de fundamentos.
Vale pues recordar los reiterados derrames de solución cianurada en Veladero -a pesar de sus certificaciones ISO 14001- y la mayor catástrofe ambiental de la historia brasileña, al colapsar el dique de colas de una mina de Vale-BHP, en 2015. O informar que en 2016 División Andina de Codelco causó tres derrames, contaminando el río Aconcagua y obligando a interrumpir la captación de agua para riego y consumo humano en Los Andes.
Según Naciones Unidas, durante la última década se produjeron cuarenta roturas y colapsos de diques de colas: once en América Anglosajona, once en América Latina, quince en Asia y tres en Europa. Menos que en décadas anteriores, pero de mayor magnitud.
Para satisfacer legítimas necesidades sociales no se requiere la colosal expansión megaminera en Latinoamérica, de donde se extraen minerales de hierro, cobre, aluminio, zinc, níquel, estaño, plomo, oro, plata… en volúmenes equivalentes a entre dos y diez veces la cantidad consumida en nuestra región. Además, la electrónica y otros usos industriales representan apenas 8% de la demanda mundial de oro. Oro cuya extracción en Pascua Lama hubiera implicado volar 4 toneladas de roca por cada gramo de oro resultante.
El gobierno ha exacerbado los múltiples privilegios al capital minero, eliminando retenciones y ratificando el máximo de 3% a las regalías provinciales.
Si el rechazado proyecto San Jorge estuviese hoy en explotación, aportaría regalías por $144 millones anuales: apenas 0,2% de los $73.925 millones del presupuesto provincial 2017.
Según datos oficiales, en 2016 hubo apenas 10.337 empleos en minería metalífera en todo el país (2.447 en San Juan), apenas 0,09% del total de 12 millones de trabajadores registrados.
¿Está “parada” la minería en Mendoza? En verdad, la minería no metalífera siempre estuvo activa. En 2016 la extracción de hidrocarburos empleó a 3.997 trabajadores, y la masa salarial total de la minería mendocina fue 52% superior a la de San Juan.
En dicha provincia proliferaron las 4x4, pero los indicadores sociales (pobreza, indigencia, desocupación, necesidades básicas insatisfechas…) han seguido siendo notoriamente mejores en Mendoza que en San Juan, provincia donde la explotación del oro ha derramado cianuro, no bienestar socioeconómico.
Nuestro buen vivir como sociedad mendocina requiere que no negociemos nuestros bienes comunes, y sigamos negando toda licencia social al extractivismo megaminero.
