La frase del título de esta editorial podría caerle muy bien al ex presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, y al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Chediack, luego de su presentación ante la Justicia para ser indagados sobre presuntos hechos de corrupción durante la gestión de los gobiernos kirchneristas.
Los dos dirigentes gremial-empresarios intentaron justificar sus dichos anteriores, pero lo hicieron con argumentos tan débiles que solo lograron sembrar nuevas dudas, al menos en la opinión pública más allá de lo que terminen decidiendo los magistrados.
Para gran parte de la ciudadanía, la Justicia demoró su accionar sobre la gestión del kirchnerismo, especialmente en lo que se refiere a las denuncias sobre hechos de corrupción. Pero lo cierto es que ahora pareciera ser que los objetivos están encaminados hacia la búsqueda de la verdad, y es de esperar que ocurra.
En ese esquema, muchos de los ex funcionarios intentan quedar al margen de las denuncias utilizando diferentes artilugios, y hasta la propia ex presidenta llegó a afirmar que habría que investigar también a quienes fueron copartícipes de la corrupción a través del pago de coimas.
Días atrás, al referirse al caso que comprende al ex secretario José López sobre la corrupción en la obra pública, Méndez aseguró que “esto se sabía, era vox populi”, agregando luego que se había mantenido un “pacto de silencio respetuoso porque nadie quiere ser botón, meterse en el negocio del otro, porque cada uno cuida su propio negocio. Muchas de estas cosas se sabían, pero se imponía un silencio piadoso”.
En declaraciones a una radio porteña, el ex presidente de la UIA realizó una autocrítica al indicar que “el silencio es una complicidad, el que calla otorga”, a la vez que ironizó: “Cuando asumo por primera vez hace 10 ó 12 años a la obra pública la llamaban Movicom, porque va con el 15 adelante...”.
El titular de la Cámara de la Construcción, Juan Chediack, dijo por su parte que la ex presidenta Cristina Fernández sabía de los sobornos.
Sin embargo, al presentarse ante la Justicia los dos dirigentes empresarios dieron marcha atrás con sus dichos ante la prensa y expresaron que no les constaba que se hayan pagado coimas durante el kirchnerismo para obtener contratos de obra pública.
Chediack aseguró que lo que había dicho en declaraciones radiales era que a las empresas del grupo Austral (propiedad de Lázaro Báez) se les pagaba en forma distinta que al resto de los contratistas, en términos más cortos y aparentemente con anticipos.
Por su parte, Héctor Méndez declaró que no formó parte de ningún negocio con el Estado y al hacer referencia a su afirmación de que había sido cómplice en muchas cosas, destacó que se refería al destrato de los funcionarios del gobierno de Kirchner y que muchas veces, como presidente de la UIA, miró para otro lado “para que mis representados no se vean perjudicados”.
“El pacto de silencio era tácito porque nadie investigaba ni preguntaba cómo era la relación entre cada uno de los empresarios con los funcionarios públicos. Cada compañía maneja su silencio con el Estado”, culminó.
Hubiera resultado oportuno que ambos ratificaran ante la Justicia las afirmaciones que habían realizado anteriormente ante los medios. Serán los magistrados los que determinarán la continuidad de la causa aunque para la opinión pública quedó la sensación de que el objetivo principal de las declaraciones fue el de desprenderse de cualquier situación que pueda llegar a afectarlos.
