El Gobierno nacional ha vuelto a recurrir a la legislación de emergencia para intentar solucionar una serie de problemas. En este caso se trata de emergencia económica, sanitaria y alimentaria, que supone que el Congreso cede al Poder Ejecutivo facultades que le son propias para que pueda tomar decisiones, incluso tributarias, sin necesidad de pasar por el Parlamento usando los decretos de necesidad y urgencia.
La Teoría de la Emergencia fue receptada por primera vez por la Corte Suprema de Justicia en 1890, durante la gestión del presidente Carlos Pellegrini quien, para solucionar una crisis económica, creó los impuestos internos que eran de jurisdicción provincial.
Aquella Corte creyó que la excepcionalidad de la crisis ameritaba autorizar al Presidente, con apoyo del Congreso, para crear estos tributos de forma inconstitucional, aunque los autorizó en forma temporal y nunca desaparecieron.
Este modelo de emergencia fue un invento del ex ministro Domingo Cavallo, durante la gestión de Fernando De la Rúa, en ocasión de la fuerte crisis económica que se registraba en 2001. En base a esas atribuciones, Cavallo dispuso congelar los depósitos bancarios, ante una corrida contra el sistema financiero.
La misma herramienta la usó Eduardo Duhalde en 2002 y la misma ley siguió hasta 2017, cuando no fue renovada por Mauricio Macri. Durante la presidencia de Néstor Kirchner y las de Cristina Fernández se mantuvo y permitió a ambos mucha discrecionalidad para reasignar partidas y, de esa manera, generar fondos que les permitían “sumar voluntades” de gobernadores que se disciplinaban para conseguir dinero.
Tradicionalmente, en la Argentina todas las medidas tomadas en forma excepcional y transitoria se transformaron en permanentes y generaron grandes distorsiones. El más clásico es el impuesto a las Ganancias, que se renueva todos los años al aprobarse el Presupuesto, y el más cercano, el impuesto a los créditos y débitos bancarios (al cheque).
Otras decisiones que suelen tomarse normalmente, como establecer ayudas o subsidios, también deberían ser transitorias porque, de lo contrario, los que lo reciben lo perciben como un derecho adquirido y luego la supresión genera conflictividad innecesaria. El problema es que fueron formulados en forma errónea.
Algo de esto ha ocurrido con la Asignación Universal por Hijo, que apareció como ayuda para que los que no tenían empleo pudieran asegurar la alimentación y educación de sus hijos, pero el sistema se fue trastrocando. Los desempleados no tenían incentivos para conseguir trabajo porque no querían perder ese beneficio y, eventualmente, ofrecían sus servicios en negro para conservarlo.
Nuestro sistema político siempre recurrió a las excepciones para poder gobernar evitando los controles que son propios del sistema republicano. El Congreso podría, por una emergencia real, ceder algunas facultades al Ejecutivo, aunque debería ser en forma temporal porque, de lo contrario, pierde sentido el rol del Congreso, no sólo por su función constitucional, sino por el grado de representatividad que los legisladores ostentan y a la cual deben hacer honor.
Esto también implica revisar una serie de pasos burocráticos que deberían sacarse definitivamente para que la gestión normal sea mucho más eficiente y se resuelvan los problemas con mayor velocidad, sin recurrir a estas excepcionalidades que, además, ponen en riesgo las garantías constitucionales de los ciudadanos.
Probablemente la Corte vuelva a aceptar la ley de emergencia (aunque había dicho que no lo haría más). La oposición ha indicado que no quiere emergencia y está dispuesta a apoyar toda iniciativa que el Gobierno quiera tomar. Pero el Gobierno quiere la excepción para no tener que debatir ni rendir cuentas. Esto es muy peligroso porque abre la puerta para cualquier anomalía.
