En una reciente entrevista con Los Andes, con motivo de sus primeros cuatro meses al frente del Poder Ejecutivo, el gobernador de nuestra provincia se refirió, al ser consultado al respecto, sobre el siempre polémico debate de la necesidad o no de reforma de la Constitución de Mendoza. Alfredo Cornejo fue claro sobre el tema: “No creo que los problemas de Mendoza sean producto de una Constitución vieja. Es muy buena y de avanzada y está vigente en casi todos sus puntos”, señalaba en dicha nota.
No obstante, aclaró el Gobernador en esa oportunidad que entendía que por tratarse de un texto constitucional centenario “requiere correcciones”. Fue muy directo en relación con otra especulación recurrente cada vez que se habla en el ambiente político sobre la posibilidad de reformar nuestra Carta Magna: “Yo no busco una reelección”. Esto lo sostuvo el licenciado Cornejo con el propósito de despejar cualquier duda sobre alguna especulación personal si llegaraa prosperar una ley de necesidad de la reforma, puesto que una de las fortalezas que dan gran valor a la Constitución de Mendoza es no permitir la reelección sucesiva del jefe del Poder Ejecutivo.
Probablemente, esas correcciones que el gobernador Cornejo admite que pueden ser necesarias, sean solucionables a través del sistema de enmiendas, de un artículo por año, que sabiamente nuestra ley fundamental ha previsto en su texto para ir acomodando su contenido a los avances o requerimientos de la provincia.
En ese marco, y aprovechando que el Gobernador se refirió al tema y mañana inaugura un nuevo período anual de sesiones del Poder Legislativo, sería oportuno que el Gobierno insistiera con un asunto pendiente sobre el que ya se expresó favorablemente la mayor parte de los mendocinos: poner punto final a la reelección indefinida de intendentes, hoy vigente en la provincia.
Se trata de una notable contradicción con respecto a la correcta limitación que rige para el Gobernador y el Vice. Sobre el particular, en 2007 se aprobó una ley en las Cámaras que limitó a una reelección las apetencias políticas de los jefes departamentales, que fue apoyada mayoritariamente por el voto popular en las elecciones generales de 2009, aunque no alcanzara la mitad más uno de sufragios de los ciudadanos empadronados de la provincia. Sin embargo, si nadie presentara una queja el amplio voto a favor podría haber avalado la enmienda. El gobernador se comprometió, en Los Andes, a indagar la posibilidad de rescatar la vigencia actual de tal modificación.
Pero más allá de eso, si la dirigencia política mendocina en su conjunto insistiera -recuperando el voto ya emitido o convocando a otra elección- con esta propuesta avalada mayoritariamente en su momento, se lograría concientizar en la población la necesidad de terminar con las reelecciones departamentales indefinidas, que sólo generan caudillismos y muchas veces ocultan focos de corrupción. El Gobernador Cornejo, insistiendo con el tema, apuntalaría el muy valioso sistema de enmiendas que la Constitución posee para retocar su texto conforme los avances y necesidades puntuales de la sociedad local sin tener que llegar a una reforma integral quizá innecesaria.
