Se cumplen hoy seis meses de la muerte violenta del fiscal Alberto Nisman, víctima de un disparo con arma de fuego en la cabeza, en circunstancias todavía no esclarecidas por la Justicia, en su propio departamento y pocas horas antes de una presentación que debía realizar en el Congreso de la Nación. En ese ámbito iba a denunciar irregularidades en el Memorando firmado por el Gobierno argentino con el de Irán con respecto a la investigación del atentado a la sede de la AMIA, el 18 de julio de 1994. Justamente, también hoy se cumplen 21 años de aquel tremendo episodio.
La muerte del fiscal que denunció y acusó a la presidenta de la Nación, a su canciller y a otros funcionarios del Gobierno y allegados al kirchnerismo de encubrimiento para favorecer a los acusados por la voladura de la AMIA, sigue conmoviendo al país luego de medio año de marchas y contramarchas judiciales sin avances que permitan a la ciudadanía argentina conocer las reales causas del fatal desenlace. Dudas que se entremezclan con la similar y desesperada búsqueda de la verdad que identifica a familiares y amigos de las víctimas del atentado de hace dos décadas.
Las hipótesis de suicidio inducido y de asesinato continúan sobrevolando el caso pero, por el momento, nada indica que la investigación tenga posibilidades cercanas de arribar a buen puerto. Hace pocos días, una investigación periodística dio a conocer pericias encargadas a un experto internacional en el esclarecimiento de sucesos como el que sufrió Nisman, que no sólo revivió el interés por el caso sino que además potenció la posibilidad de que lo que terminó con la vida del fiscal no respondió a su propia voluntad.
En la investigación que divulgó en enero y que se aprestaba a formalizar en el Congreso, el fiscal fallecido apuntó directamente a lo actuado por el gobierno argentino cuando acordó con Irán un polémico memorando de entendimiento que, de acuerdo con la conclusión de Nisman, tuvo como objetivo cambiar el rumbo de las pistas investigativas del atentando criminal consumado en Buenos Aires.
Lo que investigó y difundió en enero el fiscal Nisman dejó planteada la posibilidad de que el enigmático acuerdo bilateral pudo haber encubierto motivaciones y necesidades políticas coincidentes de autoridades de ambos países. Como consecuencia, se puso en marcha un nuevo y triste capítulo de impunidad en el país con la complicidad del poder político de turno.
Con respecto a la revelación que había hecho Nisman, sorprendía a la ciudadanía la tremenda disputa política que generó a partir de la reacción del kirchnerismo en su contra. No debe dejar de tenerse en cuenta que el ex funcionario fue acusado públicamente por el canciller Timerman de mentir con su denuncia y que distintas voces de integrantes de la estructura del poder también calificaron al magistrado desaparecido de haber “montado un escenario” y de haber expuesto en contra de la Presidenta de manera “insensata”.
Muerto el fiscal de la causa AMIA, la investigación que derivó en su impactante denuncia fue perdiendo fuerza en las instancias judiciales, para beneplácito del poder político nacional, hasta quedar prácticamente desechada. Sin embargo, nadie olvidará los alcances del trabajo de Nisman mientras su muerte no resulte esclarecida, como merece una sociedad que se resiste a ser manipulada por los intereses políticos de turno y que tampoco quiere seguir tolerando el accionar de jueces que livianamente se someten a ese proceder.
